El Mundo

La noticia que dio anoche el Dane es que entre enero de 2008 y diciembre de 2008, el Índice de Precios al Consumidor, IPC, se ubicó en 7,67 por ciento, con una tasa de crecimiento del 1,98% frente al año anterior, cuando alcanzó el 5,69%. Esos casi dos puntos más en el índice de inflación marcan ya una tendencia creciente que comenzó en el 2007, luego de más de una década de decrecimiento y de ocho años con una inflación a la baja, con cifras por debajo de los dos dígitos. El resultado del 2008 es casi igual al del 2001 (7.65%) lo que aparentemente implicaría un retroceso de siete años en la lucha contra el costo de vida.

En ese sentido, la más preocupada deberá ser la Junta del Banco de la República, pues se pifia por segunda vez consecutiva en las metas fijadas. En el 2007, el IPC subió 5,69 por ciento y el rango-meta que había fijado fue de 3,5 a 4,5 por ciento, el mismo que mantuvo para el 2008, con un desfase de más de tres puntos porcentuales. Para el 2009 modificó su objetivo y fijó un nuevo rango-meta del 4,5 al 5,5 por ciento. En nuestra ya larga polémica con la Junta con respecto al problema de la revaluación, que consideramos más grave que la inflación – siempre que ésta se mantenga por debajo de los dos dígitos – hemos dicho que Colombia está en el punto clave en que un país se enfrenta al dilema de escoger de dos males, el menor. O la catástrofe que representa la revaluación, que ha ido destruyendo el empleo de calidad, la capacidad exportadora y la competitividad de sus productos en los mercados internacionales, o la posibilidad de un incremento de la inflación, que a partir de 1999 llegó a mínimos históricos (en el 2006 fue de 4,48) que, en el fondo, es un impuesto que pagamos todos los colombianos.

Aunque debemos estar preparados para las alzas de comienzo de año – ya se anuncia la de energía eléctrica en cerca del 8%, pero diferida a un punto porcentual por mes, y están vigentes, al menos en Medellín, las nuevas tarifas de taxis y se discuten las de buses y busetas de servicio público – nos parece que el gobierno ha venido actuando con prudencia en lo que le compete. Por ejemplo, con la decisión – un tanto tímida – de congelar hasta marzo los precios de la gasolina y el ACPM y con la puesta en marcha, a partir del primero de enero, del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles que, según el Ministerio de Hacienda, permitirá controlar la volatilidad de las cotizaciones internacionales de los hidrocarburos y sus derivados, dado que, según proyecciones de expertos, el precio del petróleo podría llegar en pocos meses a los 80 dólares, es decir, casi el doble del valor actual, con lo que los actuales precios internacionales del petróleo permiten generar un saldo a favor de todos los colombianos. Según el ministro Zuluaga, si se mantienen los actuales niveles de precio de los combustibles y de tasa de cambio, el Fondo “sería del orden de los 200 mil millones de pesos mensuales”. Pueda ser que esa platica – para usar un término coloquial muy del presidente Uribe – sirva para aliviar el peso que representa sobre la canasta de los colombianos el alto precio de los combustibles, pues, como dice un lector de nuestra edición on line, que nos escribe desde Houston: “¿Por qué en Colombia no ha rebajado la gasolina, cuando aquí el galón, con impuestos, está a 1.33 dólares, unos 2.600 pesos colombianos, a pesar de que los EEUU son importadores y en cambio Colombia es exportador de crudo?”.

El otro tema es el del salario mínimo, cuyo incremento el Gobierno ha querido atar esta vez a la inflación causada, en una decisión que nos parece prudente y que debería dejar satisfechos a empresarios y trabajadores. Y debió hacerlo por decreto después del consabido ritual de los debates en el seno de la flamante Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales que, en esa materia, no llega a ningún acuerdo desde hace por lo menos ocho años. Que recordemos, en diciembre del 2000, fue la última vez en que hubo consenso entre empresarios y trabajadores, gracias en buena parte a la diligente y exitosa mediación del entonces ministro del Trabajo Angelino Garzón. Este año, la Comisión se reunió el 19 de noviembre, el 9, 11 y 15 de diciembre de 2008 y lo que consignó en la última acta fue una diferencia de cinco puntos entre las partes: los representantes de las centrales obreras se cerraron en 12% y los representantes patronales subieron su oferta al 7%. Como casi siempre pasa, estos últimos se mostraron más realistas.

En consecuencia, al aplicar la inflación del 2008, del 7,67%, al salario mínimo vigente hasta el 31de diciembre, el nuevo mínimo queda en $496.900. Como era de esperarse, las centrales obreras ya mostraron su desacuerdo y amenazaron con demandar el decreto ante la Corte Constitucional, alegando que la inflación real para la clase trabajadora fue de 9,5%. ¿De dónde sacarán esa cifra? Nosotros estamos de acuerdo con el ministro de la Protección Social, Diego Palacio, en que las actuales circunstancias de incertidumbre en la economía mundial obligaban a la prudencia en esa materia, por el impacto del salario en las exportaciones y en el mercado laboral. Colombia compite con otros países en desarrollo por la inversión extranjera y un factor de competitividad es el costo de la mano de obra. De hecho, nuestro país tiene un salario mínimo más alto que el de otros de Latinoamérica y bastante más alto que el de China e India. De modo que no hay que para bolas a cierta demagogia opositora.