Editorial

V韈timas de la boyante econom韆 criminal
18 de Mayo de 2015


Los pueblos arrinconados por la econom韆 criminal siguen desesperando por la ausencia de autoridades que garanticen el cumplimiento de compromisos ordenados por la Corte Constitucional.

En un rincón de su edición dominical, El Tiempo recogió el angustioso llamado de la comunidad Nukak Makú y el alcalde de San José del Guaviare por protección del Gobierno Nacional a los no más de 600 individuos de esa etnia que intentan sobrevivir a su confinamiento en zona semiurbana de la capital de Guaviare. A estos predios llegaron en 2005, luego de que las Farc los expulsaran del resguardo selvático donde garantizaban su supervivencia como última población nómada del país. Tras el desplazamiento, los Nukak Makú han visto reducir su población a la mitad de individuos y temen aculturaciones que rompan su unidad.


Mediante auto 004 del 26 de enero de 2009, con ponencia del magistrado Manuel José Cepeda, la Corte Constitucional reforzó el mandato de la sentencia T-025 de 2004 sobre protección a víctimas, “con el objeto de proteger los derechos fundamentales de las personas y los pueblos indígenas desplazados por el conflicto armado o en riesgo de desplazamiento forzado”. El auto que protegió a 34 pueblos amenazados y ordenó definir “un plan de salvaguarda étnica” ha sido para los Nukak Makú apenas un documento que registra los derechos que le han sido denegados, perdiendo la esperanza de volverlos a disfrutar. 


La tragedia de este pueblo es la más grave entre las que padecen otras comunidades como el pueblo Nasa del norte del Cauca -también protegido por el auto mencionado- o los afrodescendientes asentados en el sur del Pacífico y el Darién. Sus valientes denuncias contra los responsables de la economía criminal, Farc, Eln y bacrim, son corroboradas en los mapas que año tras año elaboran las autoridades colombianas y los organismos multilaterales de lucha contra los cultivos ilícitos y el tráfico de drogas. En ellos los departamentos de Antioquia, Chocó, Guaviare, Guainía, Cauca, Nariño y Putumayo son los más afectados por los cultivos ilícitos, las actividades de narcotráfico y la minería ilegal, confirmando que estas son intercambiadas por los barones del crimen que ajustan sus negocios a los cambios del mercado.


Alejados de los centros que imponen las agendas mediáticas y de los círculos que deciden el combate militante contra acciones eficientes en el control de los cultivos ilícitos, como la aspersión con glifosato, los pueblos arrinconados por la economía criminal siguen desesperando por la ausencia de autoridades que garanticen el cumplimiento de compromisos ordenados por la Corte Constitucional y de sus obligaciones constitucionales de la protección de la vida, honra y bienes de los asociados, así como el amparo integral del territorio nacional.


Un mayor ritmo de aumento en las áreas cultivadas con el arbusto de coca y el crecimiento de amenazas a la población de esos territorios, es el resultado a esperar por la decisión del Consejo de Estupefacientes al ordenar la suspensión de fumigaciones con glifosato sin haber acordado una política integral alternativa contra los cultivos ilícitos, que dejaron su tendencia negativa para retomar una curva ascendente según los reportes del Ministerio de Defensa y el Gobierno de Estados Unidos. Como en sus componentes esenciales esta decisión coincide con los acuerdos sobre “solución al problema de las drogas ilícitas” que la mesa de conversaciones de La Habana divulgó el 16 de mayo del año pasado: se han creado las condiciones para que el Gobierno Nacional exija de las Farc que, acorde con su declaración de tregua unilateral, inicie el cumplimiento de su compromiso de “contribuir de manera efectiva, con la mayor determinación, de diferente forma y mediante acciones prácticas, con la solución al problema de las drogas ilícitas” lo que haría cesando sus actividades de siembra y procesamiento de coca, desplazamiento y persecución de minorías y campesinos, y alianza creciente con las bandas criminales.


En 2012, el Ministerio de Justicia instituyó una Comisión asesora de política antidrogas que desde entonces es presidida por el economista Daniel Mejía Londoño. Sin recibir mandato constitucional o legal, el organismo no sólo posa de punta de lanza para definir la política contra las drogas sino que su presidente osa dirigir mensajes de advertencia al Gobierno Nacional, como aquel enviado al ministro Juan Carlos Pinzón y al director de la Policía, quienes no pueden explorar el uso de otros herbicidas contra las grandes extensiones de cultivos ilícitos, pues “debe cuidarse de cambiar un problema por otro”. ¿Pesará tan perentoria advertencia para el uso de herbicidas, incluido el glifosato, en la agricultura?