Editorial


Los justicieros
30 de Enero de 2016


Por frustración o por soberbia, es inaceptable que los medios de información y opinión caigan en la tentación de sustituir a la Justicia; podemos colaborar con ella pero nunca será motivo de celebración que se condene de facto y en cuestión de días.

Con su renuncia a la Defensoría del Pueblo, Jorge Armando Otálora ha acallado el escándalo amplificado por periodistas, dirigentes políticos, organizaciones feministas y toda clase de partícipes en redes sociales, que recogieron denuncias por acoso sexual y acoso laboral supuestamente protagonizados por el exfuncionario. En pocos días, y pasando por encima de otros graves acontecimientos, se orquestó un atronador coro de acusación, rechazo de explicaciones -así fueran endebles- y demanda de castigo -¿inmolación pública?- para un funcionario que había quedado expuesto desde el pasado noviembre, cuando se presentaron las primeras acusaciones de un exfuncionario en su contra. Apagados los reflectores del paradójico espectáculo comienzan investigaciones de los organismos disciplinarios y de justicia para esclarecer faltas y responsabilidades. También se da inicio al proceso de elección del nuevo guardián de los Derechos Humanos, decisión también convertida en causa política por interesados que absurdamente demandan la feminización, más que la especialización, del cargo. 


Los acontecimientos objeto de tan agresivo juicio público que consiguió la dimisión del señalado, en un país donde simultáneamente se discute el perdón a crímenes de lesa humanidad, dejan importantes lecciones para líderes, funcionarios, docentes y directivos del sector privado, entre otros, que todavía incurren en conductas como la relación sentimental con un subordinado, reconocida por el defensor, que fácilmente pueden confundirse o derivar en abusos de poder. Pero lo reprochable del enamoramiento del Defensor no justifica la actuación de líderes políticos y medios de comunicación que encabezaron el linchamiento del apenas acusado, y de paso aumentaron popularidad o rating, llegando a divulgar imágenes íntimas y hacer toda clase de burlas clasistas, que constituyen irrespeto, sino violación de derechos, a su dignidad humana. En la alocada carrera por destronar al doctor Otálora, los medios de comunicación determinaron minimizar, y hasta olvidar las fecundas acciones en protección de los derechos de las víctimas del conflicto y de la infancia, especialmente relevantes cuando se hicieron sacando a la Defensoría del Pueblo del marasmo en que había sido sumida durante ocho años. Y no porque ellas pudieren justificar o compensar su posible delito, sino porque deberían servir, al menos como indicio del carácter y principios del Defensor, que le permitiera entonces preservar el principio in dubio pro reo.


El breve espacio de tiempo en que se producen la publicación de documentos entregados por fuente interesada al periodista denunciante, el escándalo amplificado en distintos medios, el reclamo de retiro -acompañado por epítetos que se pueden resumir en el llamado a su muerte política- y la veloz caída del funcionario, resume en forma dramática las diferencias entre las lógicas del Derecho y los órganos de justicia; con las de la información y los medios de comunicación, y la opinión en redes sociales. Aunque conviven en buena medida formando el espacio más notorio de la vida pública, a ellas las separan abismos no superables. Jueces, disciplinantes y defensores están llamados a encontrar la verdad tras serias investigaciones que no permitan presiones ni distorsiones y sólo entonces ofrecer justicia a las víctimas de delitos sancionando a sus inequívocos responsables. Para ello cuentan con un arsenal de recursos, normas, principios y plazos que son muy distantes de los que tenemos los medios de comunicación, obligados a informar también con oportunidad y veracidad sobre hechos que van pasando, así como a investigar para denunciar actuaciones que afectan el bien público, pero que en todo caso, deben ser esclarecidas por la Justicia. Estos recursos y principios apenas si se reconocen en gran parte de los actores en redes sociales que acrecientan su poder según el espectáculo que montan. Por frustración ante la inoperancia de la Justicia, o por soberbia, es inaceptable que los medios de información y opinión caigan en la tentación de sustituirla; podemos colaborar con ella, y cuando ella sentencie, motivar el rechazo o la aceptación social, pero nunca será motivo de celebración que se condene de facto y en cuestión de días a alguien por presiones mediáticas basadas en hechos no comprobados y tras pseudojuicios en los que no se brindan las garantías fundamentales al debido proceso, la presunción de inocencia, y el derecho a la defensa, universales para los individuos y fundantes de la vigencia del Estado de Derecho como cobijo seguro y protector para los asociados.


Una vez se anunció la renuncia del funcionario, los medios de comunicación han pasado su página, ¿para buscar un nuevo sujeto de fácil exposición al escarnio y linchamiento qué ofrecer en el altar del espectáculo? Ahora, para la Procuraduría, que determinó la suspensión del funcionario por tres meses, y para la Fiscalía General de la Nación empieza el tiempo de investigación, reconocimiento de pruebas y sanción a responsables de los hechos denunciados, que el país espera sea proporcional a su gravedad. Su intervención oportuna y diligente puede proteger la dignidad de las personas protagonistas del escándalo y garantizar que la Justicia sí brille como garantía de la sociedad colombiana.