Editorial

Las vacaciones de la Corte Constitucional
19 de Diciembre de 2016


La actuaci髇 de esta Corte indolente ha sido aprovechada por el Gobierno para aumentar su presi髇 al Congreso.

Antes de salir a disfrutar del período anual de vacancia judicial para altas cortes, tribunales y juzgados no penales, según mandato de la Ley 31 de 1971 que fue ratificado por la Ley 270 de 1996, la Corte Constitucional publicó una constancia en la que notifica que en este diciembre superó el trabajo históricamente realizado en los últimos días de los años recientes. Hábilmente, el tribunal ofreció una respuesta acomodaticia al malestar que el país sigue teniendo porque omitió un oportuno pronunciamiento sobre la constitucionalidad del Acto legislativo para la paz, expedido en julio, y sobre las once demandas en su contra. No explicaron los magistrados si el tiempo que usaron para hacer estas cuentas les hubiera servido para publicar la sentencia C 699 de 2016, documento que el país necesita para entender el alcance de su decisión sobre la demanda interpuesta contra el literal f del artículo 1 y, parcial, contra el artículo 2 del Acto legislativo 1 de 2016. Y es que sólo la sentencia puede precisar alcances de la decisión que fue informada en comunicado del 13 de diciembre, documento contradictorio, en el que abundan artificios, paradojas y muestras de manipulación jurídica sobre la Constitución y las decisiones del soberano.


La actuación de esta Corte indolente ha sido aprovechada por el Gobierno para aumentar su presión al Congreso para que actúe como si la decisión del tribunal constitucional hubiese revivido el Acto legislativo para la paz y el Fast track, decisiones que no se desprenden del comunicado, según interpretamos en el editorial Estocada de la Corte a la democracia (ver en https://goo.gl/gxPCAi). Gracias al entresijo que dejó el tribunal, el Gobierno inició una apresurada presentación de iniciativas de implementación, como la de amnistía e institucionalización de la Justicia especial para la paz. En virtud de esta actuación, el Ejecutivo le sigue permitiendo a las Farc controlar los tiempos de la negociación, que fueron tan lentos como ese grupo lo necesitó para ganar amigos entre la comunidad internacional, que lo miraba con justa desconfianza, y para cansar a un gobierno presionado por la opinión pública. Hoy, por el contrario, los cronogramas se aceleran para pasar por encima de la institucionalidad a fin de imponer decisiones que vulneran la democracia y a la ciudadanía.


Aunque buena parte de los lectores del comunicado no entienden la existencia de amplios permisos al Gobierno, ella se encargó de fijar una radical interpretación que convierte el mandato del Artículo 22 de la Carta Política en derecho prevalente. Lo hace a pesar de que las doctrinas generalmente aceptadas y los hechos demostrados reconocen a la paz como fin que se obtiene por al adecuado funcionamiento de las instituciones y la garantía de respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Además de problemático, por tratarse de una interpretación sin consenso, este enfoque no logra deshacerse de la falacia existente en la pretensión de convertir el Acuerdo final de La Habana, entre el Gobierno y las Farc, en la paz de un país donde perviven otros grupos criminales y disidencias del que firmó este convenio.


En virtud del vacío, el más desprestigiado de los órganos del poder público, el Congreso de la República, tiene la posibilidad de actuar con independencia del Gobierno, renunciando a ser usado como firmón de los proyectos para implementar el Acuerdo final. En el entendido de que el Acto legislativo para la paz no existe por decisión del soberano, que no pudo haber sido burlada por el Tribunal Constitucional, y de que del comunicado del 13 de diciembre sólo es claro que la Corte Constitucional avaló el Fast track para actos legislativos, siempre que se cumplan requisitos que no fueron aclarados en el documento, el Legislativo ha quedado en capacidad de aprovechar las sesiones extras que hoy inician para recibir los proyectos que se pondrán a su consideración, y tramitarlos según las potestades que le concedió la Carta Política. Esa es la opción de dignidad que puede optar para responder a una Corte que deliberadamente decidió salir a un período de vacaciones lo suficientemente extenso como para facilitar que el Gobierno utilice su aplanadora para imponer al Legislativo actuaciones que pasan por encima de sus potestades, de la Constitución y del pueblo soberano que se pronunció el 2 de octubre en forma inequívoca, y que no ha dado marcha atrás en su voluntad.