El Mundo

Las denuncias de la Procuraduría General de la Nación por la manera irregular como se condujo el proceso penal contra Reginaldo Bray, propietario de Dragacol y coprotagonista junto a destacados personajes de la política nacional de uno de los más bochornosos escándalos del cuatrienio Pastrana, tienen que poner a pensar al país sobre qué puede estar pasando con la Justicia en Colombia, donde la noble figura del “vencimiento de términos” dentro del debido proceso, parece haberse convertido, según todos los indicios, en la más poderosa arma de venalidad y corrupción al interior de los despachos judiciales.

El último deslucido capítulo del “novelón” dragacolero cerró con la salida el lunes pasado de la cárcel Modelo del señor Bray -sindicado de defraudación por 26.000 millones de pesos- porque a criterio del juez 54 Penal del Circuito de Bogotá, Dubley Mahecha Vega, “al procesado se le violaron sus derechos fundamentales al permanecer en prisión dos años, sin que la justicia le hubiese resuelto su situación jurídica”. Según el Ministerio Público, al conceder el recurso de habeas corpus, el juez Mahecha estaría desconociendo un fallo del Tribunal Superior de Bogotá según el cual “ante la complejidad del asunto, la dañosidad de la conducta, la cuantía del fraude y la alarma social, el término transcurrido en privación de libertad no era irrazonable”. Curiosamente, otros seis procesados por el mismo caso también fueron dejados en libertad por vencimiento de términos por un antecesor de Mahecha. 

Otro aspecto que al parecer no contó para nada en la decisión del juez y que también denuncia la Procuraduría es que el supuesto vencimiento de términos a favor de Bray no obedeció tanto al curso normal del aporte de pruebas y celebración de audiencias, sino al verdadero arsenal de estrategias dilatorias interpuestas por el procesado y su defensa, como por ejemplo, solicitar como pruebas más de ochenta testimonios de personas de fuera de Bogotá, de los cuales solo dos se pudieron recibir oportunamente. Ahora, ¿cómo es posible que el juez permita ese perverso juego con la justicia sin dar pie a que se piense que se presta conscientemente a ello?

Pero eso no es lo más grave en este “kafkiano” proceso, como lo califica el procurador Edgardo Maya. Resulta que entre el 5 de diciembre de 2001, cuando se inició la audiencia pública, y el pasado lunes 29 de marzo de 2004, el Consejo Superior de la Judicatura cambió cuatro veces de juez titular y de paso desatendió las reiteradas solicitudes del representante del Ministerio Público para que suspendiera el reparto a ese juzgado y brindara medios técnicos para agilizar la audiencia pública. Dentro del deber de “buscar una pronta y cumplida justicia”, ¿qué perjuicio implicaba ese inusual cambio de juez de la causa en un proceso tan complejo y de tanta repercusión nacional? Pues que si cada juez de relevo tenía que estudiar (o al menos leer) un expediente -como lo atestigua el procurador Maya- que consta de 430 cuadernos de mil folios cada uno, eso equivalía a la alucinante cifra de 430.000 páginas, vale decir, a leerse 1.433 libros de 300 páginas, como el excelente reportaje de Andrés Oppenheimer, “Ojos vendados” -que recomendamos especialmente- sobre el negocio de la corrupción en América Latina o unos mil libros tan extensos como Cien años de soledad. Es el mundo del absurdo.

Hay que decir de paso que ese monstruoso empapelamiento de la Justicia favorece el clima de corrupción imperante, pero ¿cómo es posible que un proceso cambie de juez cuatro veces en 27 meses, si no es como resultado de una maniobra dilatoria encaminada a dejar correr los términos hasta agotarlos para no tener que dictar un fallo desfavorable al inculpado y eventual corruptor? 

Y el caso Bray-Dragacol no es único sino el más protuberante de los muchos procesos recientes en que podría haberse abusado fraudulentamente del “vencimiento de términos”. A manera de ejemplos: Hernando Rodríguez, exgerente de Foncolpuertos y cerebro del millonario descalabro financiero está libre bajo esa figura desde el 17 de julio de 2003 por orden de la Fiscalía. Vencimientos de términos dictados por jueces y fiscales dejaron libres al reconocido paramilitar Miguel Arroyave; al jefe del frente 36 de las Farc Héctor Villalobos, alias “Arnulfo”; al jefe de finanzas del bloque oriental de esa guerrilla Julián Villamizar, alias “Byron”, y a la jefe de la red urbana “Antonio Nariño”, Marbel Zamora.     

En síntesis, son abrumadores los indicios de que la corrupción al nivel de fiscales y jueces está invadiendo el sistema judicial colombiano, y lo que es más grave, ese fenómeno se extiende a nivel de los nominadores, porque los activos en el acto de connivencia con los intereses de los acusados son, en principio, quienes nombran a los jueces para abocar un caso específico. En otras palabras, esa sospechosa agilidad para mover y cambiar jueces dentro de un caso particularmente espinoso como el de Dragacol y sobre el cual está puesta la atención del país, no tiene explicación sino por esa connivencia de que hablamos. Y lo que podemos apreciar los sorprendidos ciudadanos es que todo el andamiaje de la Justicia está crujiendo porque son tan evidentes los indicios y la correlación con los términos en que se benefician los inculpados, que la sensación que nos queda es que la Justicia en Colombia está operando sobre un proceso de subasta.

Esperamos que ese “animus adjuvandi” no haya alcanzado al Consejo Superior de la Judicatura y que este actúe pronta y severamente contra los mercaderes que han invadido el templo de la Justicia.