Editorial

Excesos y razones
12 de Agosto de 2016


Se necesitan muchas conversaciones y argumentos para que el pa韘 forje el acuerdo sobre contenidos para formar alumnos respetuosos de la diferencia y construir ambientes educativos tolerantes.

Al culminar un encuentro extraordinario con los jerarcas católicos, el presidente Santos entró a la controversia sobre la calidad, estado y contenidos del documento y los talleres construidos por el Ministerio de Educación; las agencias Unfpa, Unicef y Pnud, así como Colombia Diversa. Documento y talleres fueron promovidos por la necesidad de ajustar los manuales de convivencia a la sentencia de la Corte Constitucional que exige promover el respeto a la diversidad de género en las instituciones educativas, la cual fue proferida tras el trágico suicidio del estudiante Sergio Urrego. Aunque el presidente filó con la ministra Parody en la excusa de que el documento publicado en mayo no tenía carácter oficial y aunque los autores lo desmontaron de sus sitios web, copias como la dejada en la red Linkedin (accesible en http://goo.gl/nlpo1R)  y los testimonios de su uso demuestran que, contrario a lo dicho en estos días, el Ministerio avanzaba en instalar una propuesta que no reconocía el criterio de los distintos agentes educadores (escuela, familia y sociedad, según la Ley) ni el de expertos imparciales, llamados a tender puentes entre los militantes que participaron en este debate.


El tiempo y espacio dedicados en medios de comunicación y redes sociales a discutir la pertinencia o no de la cartilla y el enfoque decidido, así como la fuerza de manifestaciones públicas en apoyo a las distintas perspectivas, son patentes manifestaciones de la importancia que las familias y la sociedad dan a los contenidos formativos en el proceso educativo, así como señalan qué tan difícil es construir, aquí y en todo el mundo, acuerdos razonables en los puntos que tocan sistemas de creencias y valores. Para poner un solo ejemplo de lo anterior, mientras en Colombia la discusión ocurre entre mayorías cristianas que proponen respetar sin promover la diversidad de género, y las minorías que procuran la expansión de la ideología de género como única salida a la discriminación, en Francia lleva años la discusión entre la mayoría defensora del Estado secular y la minoría musulmana que exige el derecho a usar sus símbolos religiosos en las escuelas.


El debate que terminó enfrentando al procurador y otros grupos militantes religiosos, de un lado, con la ministra de Educación, adherente a movimientos afines a la ideología de género, permitió reconocer que se necesitan muchas conversaciones y argumentos para que el país forje el acuerdo sobre contenidos para formar alumnos respetuosos de la diferencia y construir ambientes educativos tolerantes. El desarrollo de esas herramientas toca con derechos constitucionales en pugna, entre los que se destacan los que declaran a Colombia como Estado secular pero reconocen al país como plural en sus creencias y prácticas religiosas. También es compleja la relación entre el derecho al libre desarrollo de la personalidad y la manifiesta obligación de proteger a la familia, que el Artículo 42 de la Constitución todavía define como un núcleo conformado “por  un hombre  y una mujer”, a pesar de distintas ampliaciones interpretativas que la Corte Constitucional ha venido haciendo al concepto. El análisis también debe girar sobre el Artículo 5 (“de los fines”) de la Ley 115 de 1994, General de educación, que define trece propósitos para la educación, seis de ellos relacionados con la formación ética, la construcción de identidad y el desarrollo de competencias ciudadanas. Dado un escenario con tantas contradicciones, la exsenadora Parody debió reconocer al Congreso como el escenario apropiado, aunque complejo, para definir el marco legislativo que oriente los ajustes de manuales de convivencia, proceso al que es su deber acompañar, pero asegurando que todas las voces puedan ser escuchadas y tenidas en cuenta, de manera que dichos manuales sí reconozcan la dignidad como base de la igualdad de los seres humanos; promuevan al respeto por las identidades que coexisten en el entorno escolar, y nunca eviten la controversia proactiva que forma ciudadanos para la deliberación y la participación.


Aun con los lamentables excesos propiciados por miembros de la mayoría que teme cambios en costumbres y visiones tradicionales y de miembros de la minoría aspirante a ampliar el campo de derechos conquistados, el debate y las movilizaciones alrededor de la educación de los niños y jóvenes, son gratos ejemplos de participación en el marco de la Constitución que promueve la emergencia de ciudadanos que se expresan, actúan y deciden, según su leal saber y entender, sobre los problemas que afectan directamente su sentido de vida y sociedad. Por eso, aunque dolorosa, esta es una discusión bienvenida y que debe seguir abierta.