El Mundo

En la última semana de campaña por la Alcaldía de Medellín y en relación con muy serias denuncias presentadas por el alcalde Alonso Salazar sobre la criminal intromisión de la delincuencia organizada en ese proceso, se produjeron dos intervenciones, una del Ministerio Público y otra de la Fiscalía General de la Nación, que llaman la atención por ser de signo contrario. Mientras la Procuraduría resuelve abrir investigación disciplinaria contra el funcionario denunciante por supuesta “participación en política”, la segunda reconoce la solidez de la denuncia y abre investigación formal contra el candidato Luis Pérez Gutiérrez por el presunto delito de “concierto para delinquir”.

Según el auto de la Procuraduría, el alcalde Salazar deberá presentarse a audiencia los días 3 y 4 de noviembre, para responder por el cargo de “indebida intervención en política”, al hacer “comentarios a través de la red social de Twitter el día 6 de octubre de 2011, entregar fotografías y realizar afirmaciones en medios de comunicación escritos y electrónicos con el fin de darle publicidad a una posible comisión de unos hechos delictivos por parte de algunos candidatos”. Lo más grave es que, sin haber escuchado los descargos y explicaciones del inculpado, el Ministerio Público concluye por anticipado que, según las pruebas presentadas por el denunciante–que identifica como Francisco Javier Galvis Ramos, exdirector seccional de fiscalías de Medellín, las actuaciones de Salazar Jaramillo “constituyen una clara intervención en política” y “una falta gravísima, a título de dolo”.

Hay allí un claro prejuzgamiento del Ministerio Público y un inconcebible desconocimiento del principio de la “presunción de inocencia” y del derecho al “debido proceso”. Extraña, como señala el colega editorialista de El Colombiano, la premura con que se produce la actuación del organismo de control y está tan de bulto la irregularidad de la misma, que la única explicación es que se trata de una intervención con criterio absolutamente político, prohijada desde la Procuraduría Regional, con la aparente connivencia de la Procuraduría General, para favorecer, colaborar y reforzar la línea política del gobernador Luis Alfredo Ramos y dar de paso un “balón de oxígeno” al candidato de sus preferencias.

Desde un principio nos pareció sumamente valerosa la actitud del señor alcalde y además atenida a la Constitución, que en su artículo 315 le ordena: “Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio”. Como era su obligación, presentó a las autoridades competentes las pruebas que tenía de las relaciones y compromisos de la campaña de marras con señalados delincuentes y solo después las hizo públicas para que los ciudadanos supieran a qué atenerse a la hora de votar.

La mayor prueba de que actuó con sujeción a la Ley y en pro del bien común es la apertura de indagación preliminar que, como informó el director Seccional de Fiscalías de Medellín, Arnulfo Serna, está radicada en la Fiscalía 29 Especializada, a cuyo cargo estará investigar los hechos, teniendo en cuenta las pruebas, fotos y testimonios entregados por el alcalde, que indican que Efraín Maldonado Álvarez, conocido con los alias de “don Efra” o el “Viejo”, está apoyando a Luis Pérez Gutiérrez en su aspiración a la Alcaldía de Medellín.

De nuestra parte, estamos plenamente de acuerdo con el doctor Salazar en que las restricciones que impone la ley a un alcalde en materia electoral, “no priman sobre los principios constitucionales del interés general, la moralidad pública, el derecho a la justicia, el derecho de la comunidad a ser informada y la irrestricta responsabilidad de desarrollar acciones preventivas”. Por eso confiamos en que cumplido el perverso objetivo electorero del apresurado auto en su contra al final brillará la justicia.