Editorial

El fiscal y la justicia “para la paz”
13 de Septiembre de 2016


Las expectativas de los responsables de los acuerdos hacen temer que la Fiscalía no será subordinada temporal del Sivjrnr, sino sustituida por la parainstitucionalidad acordada en La Habana.

En intento de mostrar independencia frente al Acuerdo final y de validar a la Fiscalía General, el doctor Néstor Humberto Martínez ha reabierto debates de gran calado sobre la justicia y “la paz”. No por poco publicitados, y menos comentados, son despreciables su solicitud porque se retome la fumigación aérea de cultivos ilícitos y su anuncio sobre los informes que entregará al Tribunal especial de paz. Sus interpelaciones revelan alcances incómodos de las decisiones en materia de justicia adoptadas por la Mesa de conversaciones.


A poco de concluir varias reuniones institucionales en Washington, el doctor Martínez Neira reiteró su crítica a la ineficiente erradicación manual de cultivos ilícitos, que apenas alcanza a limpiar anualmente 14.267 hectáreas de coca, cifra que representa el 11,2% de las 127.000 hectáreas que Unodoc calculó existentes al fin de 2015, año en el que según el organismo, aparecieron 27.000 nuevas hectáreas de coca; es decir, que como la Hidra de Lerna de la mitología griega, por cada hectárea erradicada aparecen dos nuevas sembradas. La invitación del fiscal a que el Consejo de Estupefacientes estudie su propuesta encontró el rechazo del presidente y otros altos funcionarios que han desestimado la fumigación aérea de cultivos ilícitos con glifosato, sustancia que ni siquiera mencionó el jefe investigador. Con su apresurada respuesta, los voceros del Ejecutivo eluden la necesaria discusión sobre la imposibilidad futura de erradicar cultivos ilícitos mediante aspersión aérea, si el Acuerdo de La Habana es incorporado a la Constitución mediante el sistema meramente secretarial definido por el Acto legislativo para la paz.


En posterior intervención igualmente trascendental, aunque con menor publicidad, el fiscal anunció que la Fiscalía prepara ocho dosieres que busca entregar a la Justicia especial para la paz. Enunció el fiscal que los informes documentan hechos de reclutamiento de menores, secuestro, violencia de género, desplazamiento forzado, desaparición forzada, homicidios y masacres. Agregó que también se ocupan del financiamiento ilegal a través de narcotráfico y minería criminal. Y señaló que se entregarán documentos sobre delitos de miembros de la Fuerza Pública y colaboración de civiles con organizaciones criminales. Los anuncios indican que el jefe del órgano investigador aspira a que en el posconflicto se realicen los principios de cooperación armónica de poderes para la realización de los fines del Estado, como reza el Artículo 113 de la Constitución. También señalan que aspira a que la Fiscalía aporte conocimiento al Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición (Sivjrnr) definido en el capítulo quinto del Acuerdo. La interpretación del doctor Martínez se contradice con el tenor del Acuerdo Final, que más bien parece supeditar las funciones de la Fiscalía al Tribunal Especial para la Paz, que será el que determine la prioridad de los asuntos a investigar y su selección y reparto.


Los alcances del sistema, definido en el numeral 9 del punto 5 (pág. 131 del Acuerdo final), son desconocidos hasta para el mismo Gobierno, cuyos funcionarios ni siquiera atinan en identificar sus componentes, como le pasó al ministro Cristo cuando se le preguntó qué era el Sivjrnr, en entrevista radial de la semana pasada. La ignorancia del acuerdo, y posible norma, no oculta su relevancia en tanto es un mecanismo que tendrá “funciones judiciales de manera autónoma y preferente”, entre ellas las de “planificar, coordinar y dirigir” las investigaciones, prerrogativa que subordina las restantes instituciones de Justicia al Sistema, el Tribunal que opera la justicia, y los distintos organismos que él crea, entre ellos la Unidad de búsqueda de desaparecidos o la Comisión de esclarecimiento de la verdad, la convivencia y no repetición, organismo extrajudicial, este último, pero en cuyo informe final debe presentar recomendaciones. En esas condiciones, la Fiscalía General actuará como subordinada, bajo cuestión, del Sivjrnr. Tal calidad, además, no será temporal, pues el punto más cuidado de los acuerdos, el de Garantías de seguridad a los desmovilizados, instituye la Unidad especial de investigación, ya mencionada en el punto 74 de los principios del Sivjrnr (Punto Quinto), que tendrá carácter permanente y capacidad de perseguir a criterio, pues no existe Código que la regule, las actividades que atenten contra la paz o la implementación de los acuerdos. Las expectativas de los responsables de los acuerdos hacen temer que la Fiscalía no será subordinada temporal del Sivjrnr, sino sustituida por la parainstitucionalidad acordada en La Habana.