El Mundo

El lunes, pocas horas antes de la vacancia del Consejo de Estado, la magistrada Lucy Jeanette Bermúdez Bermúdez dictó medidas cautelares contra el plebiscito de 2 de octubre, ordenando la vigencia del Acto legislativo para la paz, “sin perjuicio de que en lo sucesivo medie un pronunciamiento expreso y definitivo de órgano competente en relación con la vigencia de la referida norma constitucional”. La decisión desconcierta por la prisa con que fue tomada, por los retorcidos argumentos que reclaman la “pureza del voto” y por sus serísimos efectos jurídicos y políticos. Esta nueva afrenta de las altas cortes contra el soberano augura difíciles momentos para la democracia.

Una de las mayores sorpresas de esta actuación es la rapidez de la abogada Bermúdez Bermúdez para entender la pretensión de los querellantes, pues la demanda apenas fue repartida el lunes 12 de diciembre, analizar muy complicados argumentos sobre “violencia sicológica” contra la “pureza del sufragio” y anunciar que los acogería, razón por la cual determinó admitirla y, consecuentemente, proferir medidas cautelares, que no podrán ser recurridas hasta enero, cuando se superará la ausencia física del emisor. Las disposiciones avalan la carrera que hoy se corre por la “implementación” del Acuerdo de La Habana, final. Gracias a este inesperado “permiso judicial”, el Gobierno y el Congreso podrán apurar su paso en un proceso que ha reducido al Legislativo a triste firmón de los proyectos que le entregan las partes negociadoras, y que son aprobados sin debate, lo que conduce a desconocer juiciosas observaciones, como las que Naciones Unidas y Human Rights Watch hicieron al proyecto de ley de Amnistía votado en comisiones primeras. Como ocurrió en tan sensible norma, es de esperar el avance atropellado de los proyectos que las Farc han definido como prioritarios en el proceso de implementación, que avanza raudo contrastando con la morosidad para iniciar el traslado a las Zonas veredales de desmovilización. 

El precedente es grave para el actual proceso y para el futuro de la democracia. Gracias a estas decisiones, cuando las cortes y la nación espabilen, Gobierno, Farc y Congreso habrán creado hechos políticos y jurídicos a los que darán carácter irreversible amparándose en su deleznable discurso sobre “el derecho fundamental a la paz” y el acuerdo con las Farc como uno que a ella conduce. En tanto precedente, este paso avala todo ataque futuro a la democracia que se haga so pretexto de la defensa de derechos que se proponen superiores a ella.

A través de 110 páginas, cargadas de falsedades, atropellos al sentido común y abusos del derecho, la magistrada pretende usurpar la soberanía y dignidad de los ciudadanos que negaron el Acuerdo de La Habana y la vigencia del Acto Legislativo para la paz, en un solo voto con dos efectos jurídicos diferentes. La aspiración explicaría el apresuramiento para admitir ¡en sólo una semana! la cuestionable pretensión de los demandantes y, además, dictar medidas cautelares que trastocan el orden jurídico. Más difícil es explicar un auto de 110 páginas que la magistrada pretende sustentar en las declaraciones de sólo un promotor de una sola de las campañas por el voto NO. En gracia de discusión, cabría admitir que algunos ciudadanos votaron NO porque creyeron en las mentiras de algunos promotores de esa idea. Aceptar esta visión exigiría reconocer que también algunos votantes del SI se dejaron manipular por la intensa propaganda oficial, las amenazas de recrudecimiento de la violencia urbana o la muerte del proceso, si se hundía el Acuerdo final; en tales condiciones, habría que aceptar manipulación en ambas direcciones, exigiendo aceptar los resultados. Una cosa, pues, es admitir que la propaganda electoral es indeseable y que algunos ciudadanos son lábiles a ella, pero otra muy distinta, e incomprensible cuando sale de la mente de toda una magistrada de las altas cortes, es aprovecharse de algunas manipulaciones para declarar que el resultado del plebiscito es “espurio”, y declarar que “está edificado sobre la destrucción de los pilares sobre los cuales se levanta la democracia”. Mucho menos, tal argumentación y las pruebas unilaterales que la justifican, permiten justificar que se declare “fraude al sufragante” porque la publicidad electoral constituye “violencia sicológica”. Además de ofender la lógica jurídica, el argumento insulta a los ciudadanos que decidimos en el plebiscito del 2 de octubre.