Editorial

Derechos olvidados
18 de Septiembre de 2016


El silencio, con aire tolerante, hacia los responsables de haber reclutado a m醩 de tres mil menores de 18 a駉s, seg鷑 la Fiscal韆 General de la Naci髇, ha sido coadyuvado por eficientes cortinas de humo.

Llevar, bajo cualquier excusa, a los menores de edad a las filas es una vulneración gravísima a su bienestar y su futuro. Y un crimen que no admite impunidad. En efecto, los ordinales b xvi y e vii del Artículo Octavo del Estatuto de Roma, que rige a la Corte Penal Internacional, señalan que “reclutar o alistar niños menores de 15 años en las fuerzas armadas o grupos o utilizarlos para participar activamente en hostilidades”, constituye “crimen de guerra”. En Colombia, casi cinco mil niños, niñas y adolescentes habían sido víctimas hasta 2013 de esa vulneración perpetrada por las Farc, el Eln y las bacrim. Inmenso en su ocurrencia, fatal en su impacto, este es un crimen casi olvidado.


Hace una semana se cumplió la publicitada entrega de dos grupos de menores de edad reclutados por las Farc a organismos que harán el diagnóstico de su salud física y emocional y los acompañarán hasta que se defina su protección. La cicatera liberación de apenas trece de cientos de víctimas ha quitado presión sobre las Farc, que era objeto de reclamos, bastante tibios, por su responsabilidad en ese crimen y por mentir, valiéndose de infames excusas sobre el proceso de justicia, cuando prometieron liberar a todos los menores de 17 años “en sus filas”, el 15 de febrero de 2015.


Una semana y trece liberaciones fueron suficientes para que las Farc se aliviaran de los cuestionamientos por su arbitraria escogencia de la edad de liberación, que impuso que los menores hasta 17 años fueran afectados. También para que callaran quienes, encabezados por el comisionado Sergio Jaramillo, estaban exigiendo la entrega oficial de las listas de las víctimas menores de edad que permanecían bajo reclutamiento forzado. Ausentes los cuestionamientos esenciales, no extraña que se exija precisión en las promesas de reparación a los reclutados y a las familias víctimas. 


El silencio, con aire tolerante, hacia los responsables de haber reclutado a más de tres mil menores de 18 años, según la Fiscalía General de la Nación, ha sido coadyuvado por eficientes cortinas de humo que medios de comunicación amantes de escándalos que generan sintonía han administrado con eficiencia, y algo de cinismo. Entre ellas, la discusión, si a la vocinglería se le puede nombrar como tal, al propósito del proyecto de referendo presentado por la senadora Viviane Morales y respaldado por más de dos millones de firmas.


La iniciativa de la ex fiscal general es, hoy, el único proyecto de ley sistematizado, publicado y ampliamente discutido en el país, sobre adopción de niños, niñas y adolescentes. A diferencia de la mora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que desde diciembre de 2014 prometió una política para superar limitaciones a la adopción, como la vigente sobre la consulta a la familia extensa que debe preceder todo trámite, la senadora liberal construyó una iniciativa con riguroso sustento científico y moral, para que la ciudadanía defina si admite el exigente marco de protección a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que ella propone. Enarbolando banderas de los adultos que aspiran a adoptar, entre ellos personas solteras o parejas homosexuales, algunos congresistas y grandes medios de comunicación han librado una fuerte batalla en la que el último sujeto de preocupación es el niño que merece que la sociedad haga sus mejores esfuerzos para encontrar hogares idóneos que asuman la responsabilidad de resarcir en sus derechos a quienes han sido abandonados por sus padres biológicos o declarados en protección por la probada incapacidad de sus progenitores para acompañar su sano crecimiento.


Preocupa que el país pierda su enfoque sobre la prelación de los derechos de la niñez y la juventud. Por el olvido al Código de infancia y adolescencia y su propósito de dar prelación a los derechos de los niños, alienta el interesante esfuerzo de la Arquidiócesis de Medellín para realizar el proyecto Buen trato para niños, niñas y adolescentes. La iniciativa se enfoca en prevenir las violencias contra la niñez. El abuso sexual, crimen que apenas en 2015 afectó a 19.181 colombianos menores de edad, y la violencia intrafamiliar, que dañó a 18.233 NNA, están en el centro de un esfuerzo que deberá impactar también las ya graves cifras de reclutamiento ilegal en Medellín. Aunque apenas inicia, esta acción de la Curia debe remover a una sociedad adormecida frente al sufrimiento de su población más vulnerable y olvidada.