Editorial

De derechos y libertades
28 de Julio de 2014


Una decisi髇 de 鷏tima instancia adoptada en un poco usual proceso por injuria agravada, que impacta los derechos a la libre expresi髇 y a la honra, y un conflicto laboral por el af醤 de imponer en un canal p鷅lico una pol韙ica editorial sectaria...

Una decisión de última instancia adoptada en un poco usual proceso por injuria agravada, que impacta los derechos a la libre expresión y a la honra, y un conflicto laboral por el afán de imponer en un canal público una política editorial sectaria, pusieron en primer plano de la discusión conceptos estrechamente vinculados con el ejercicio del periodismo y la política y que afectan los derechos individuales y las libertades públicas. Aunque en los debates sobre estos hechos han abundado personalismos y generalizaciones, su amplitud propicia reflexiones necesarias y difíciles de agotar que involucran a los medios de comunicación y los ciudadanos.


En febrero pasado, el Tribunal Superior de Cali condenó a 18 meses y 20 días de prisión y a una multa de más de nueve millones de pesos a un opinador del foro digital del periódico El País de esa ciudad. La sentencia por injuria agravada fue confirmada el pasado 25 de junio por la Corte Suprema de Justicia y divulgada la semana pasada en los medios nacionales de comunicación. Los hechos motivo de la condena ocurrieron el 24 de noviembre de 2008, cuando el sentenciado publicó, bajo seudónimo, un comentario insultante e injurioso -conceptos que algunos se empeñan en diferenciar a pesar de que el Derecho Internacional los unifica- contra una protagonista de la noticia comentada. La afectada por la agresión verbal buscó ante la justicia la restitución del buen nombre que le fue manchado por el escritor anónimo. 


En su sentencia, ratificada por la Corte Suprema cuando rechazó el recurso de casación presentado por el condenado, el Tribunal de Cali declaró la existencia del delito de injuria porque el autor del comentario imputó a la ofendida conductas desagradables en cargos que había ocupado y confirmó que la divulgación en un foro digital constituye un agravante, dado que se publicó en un medio masivo de comunicación. Con su determinación, los magistrados de Cali vencieron la timidez que habían tenido los jueces colombianos para fallar en procesos por injuria, devolvieron al derecho a la honra la inmensa valía que tiene en las constituciones occidentales y acercaron la jurisprudencia colombiana en esta materia a la que es común en los tribunales del mundo; la diferencia es que en los debates internacionales se discute sobre si en estos casos se debe sancionar al autor de los comentarios, como en este caso, o a los administradores de los foros digitales, como es recurrente en España. 


Como si se tratara de una agresión a sus libertades y se abriera camino a la censura, los periodistas colombianos sintieron en esta sentencia una amenaza a la libre expresión, que sustenta la opinión y la existencia de los medios de comunicación, o a su espacio para informar con libertad, cuando una sentencia con estas características impone racionalidad al debate y contribuye a garantizar el respeto por las personas que participan en la discusión o son objeto de la información. La exageración de esas críticas se revela al contrastarlas con los hechos en Canal Capital.


Al terminar la semana se conocieron el despido del director de un popular programa de periodismo de opinión de Canal Capital y la posterior renuncia de uno de sus periodistas más destacados, luego de haber tenido discrepancias con el gerente del Canal, periodista Hollman Morris, por algunos de los invitados al programa, que no eran parte del grupo político y la corriente ideológica del alcalde Gustavo Petro. La discusión se agravó cuando al director del programa le quisieron imponer firmar una cláusula contractual que le imponía límites a su ejercicio, situación confirmada en comunicado oficial que señala que “la política editorial de Canal Capital, en consonancia con el Plan de Desarrollo Bogotá Humana, es ‘la promoción de los derechos humanos y de una cultura de paz’, la cual hace parte de los objetivos contractuales que rigen las relaciones con las personas vinculadas a esta entidad para la realización de algunos programas”. 


No es necesario ser avezado en derecho a la información o comprender el carácter público de los canales de televisión del Estado para reconocer la violación al derecho de la ciudadanía a la información y el abuso de un bien público por quien hasta ahora se había presentado como portaestandarte de la defensa de la libertad de prensa, que nace en la libre expresión y solo se puede realizar plenamente en la garantía del derecho a la información, que rige universalmente para todos los medios de comunicación pero que se da por sentado con la existencia de medios de comunicación públicos.