Editorial

Contra la impunidad, ¿injusticia?
27 de Mayo de 2015


La iniciativa presentada al Congreso bombardea los sueños de justicia que inspiran a los colombianos y seguramente no será la última vez que nos refiramos a ella.

Gracias a una alerta del Icbf y las organizaciones que velan por el mandato constitucional sobre prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el país ha vuelto su mirada al proyecto de ley “Reforma al sistema penal acusatorio” radicado con el número 224/2015, presentado el pasado 16 de abril por el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General de la Nación y para el que la Cámara de Representantes aún no define ponentes. A través de sus 233 artículos, la iniciativa introduce transformaciones a la institucionalidad judicial en el área penal, el proceso punitivo y las facultades de fiscales y jueces, hasta en temas relacionados con la protección de niños, niñas y 


adolescentes.


En lo que respecta al interés de modificar el Código de Infancia y Adolescencia, el funcionario vocero de la propuesta sustentó su defensa en premisas discutibles en cualquier país que aspire a preservar el Estado de Derecho como garantía a las víctimas de la restitución de sus derechos y a la sociedad de la no repetición de los delitos, sin que ello vulnere la dignidad humana de sus autores materiales e inmateriales. A fin de facilitar la discusión, pasamos por alto la arrogancia con que se presenta el proyecto (como refundador del sistema penal) para concentrarnos en premisas de dudosa legitimidad. Explicar el incremento de los delitos y la reducción de castigos con lo que ellos llaman el “expansionismo penal”, consistente en la definición de mayores penas, es un sofisma absurdo para excusar las fallas en los sistemas policivos, de justicia y penitenciarios que ya hemos analizado en otros editoriales.


Ante la propuesta que abre posibilidades de rebajar “hasta la mitad de la pena”, dice el texto, para quienes ofrezcan colaboración a la justicia en procesos penales por crímenes contra menores de edad, los medios reaccionamos. No es para menos: por nuestros micrófonos, cámaras y páginas han pasado la denuncia y la indignación por crímenes atroces, como los asesinatos de niños en venganzas familiares; el reclutamiento forzado de menores de edad; las muertes y accidentes por minas antipersonal; situaciones de abuso sexual y violencia intrafamiliar.  Y no obstante lo escandalosos, estos hechos representan una mínima cantidad de los 16.000 delitos contra NNA que Medicina Legal registró en 2013, mismos que los expertos aseguran son apenas el diez por ciento de los acaecidos en el año, pues el subregistro es enorme ya que estos delitos no se denuncian, señalan los expertos, por el temor o subyugación de niños o cuidadores frente a los parientes o responsables que suelen ser en gran porcentaje los responsables de estos crímenes. Para empeorar las cosas, la otra causa de baja denuncia es la desconfianza en la voluntad y capacidad de la Fiscalía, que no ofrece estadísticas desde 2011, para investigar y llevar a juicio a los responsables de estos crímenes.


Con la tesis de que la prohibición de negociar rebajas de penas con vinculados a estos delitos “desestimuló la aceptación de cargos”, el proyecto en discusión propone permitir acuerdos de la Fiscalía y los jueces con autores que reconozcan su participación y contribuyan a que se esclarezcan los crímenes cometidos. En crímenes contra niños, niñas o adolescentes, la concesión de rebajas de hasta la tercera parte de la pena amenaza a quienes temen nuevas vulneraciones si les obligan a convivir con el delincuente que los dañó. En estas consideraciones resulta ineludible una referencia, primera en un tema que nos ocupará a espacio, al riesgo de seguir abriendo puertas al cartel de los falsos testigos que ya le ha causado graves daños a centenares de ciudadanos inocentes incriminados por cazadores de recompensas y desprestigio a las instituciones de justicia.


Enterados de la propuesta de permitir negociaciones de rebaja de penas con los responsables de crímenes contra la infancia y adolescencia, algunos malpensantes han manifestado temores de que más que un fin, ella sea un instrumento para ablandar a la opinión pública, razonablemente sensible en materia de derechos de la infancia y la adolescencia, y abrir el camino al afán inocultable que inspira al doctor Montealegre Lynett y que no es otro que ofrecer un nuevo camino de impunidad a los desmovilizados de las Farc, sin importar cuál haya sido su responsabilidad en crímenes atroces. La iniciativa presentada al Congreso bombardea los sueños de justicia que inspiran a los colombianos y seguramente no será la última vez que nos refiramos a ella.