Editorial

Cinismo extremo en Saludcoop
22 de Julio de 2016


Los directivos salientes de la Fiscal韆 General acudieron a la cl醩ica falacia de acusar al acusador haciendo acusaciones generalistas.

Mientras los hospitales se ahogan en dificultades financieras, el Estado se esculca los bolsillos para pagar deudas de la salud y los pacientes desesperan con las ineficiencias de su nueva aseguradora, los principales acusados de esquilmar los dineros en salud son arropados con garantías de impunidad ofrecidas por dignatarios de la justicia con quienes tuvieron relaciones contractuales. Así de dolorosa es la protección que la dupla Eduardo Montealegre – José Fernando Perdomo ha ofrecido a directivos de Saludcoop que sí han recibido condenas administrativas, económicas y disciplinarias, de la Superintendencia de Salud, la Contraloría y la Procuraduría. 


Las investigaciones y el proceso de liquidación de Saludcoop demostraron que Carlos Palacino, su presidente, y los miembros del cuerpo directivo desviaron recursos de las contribuciones en salud a inversiones no asociadas a la prestación del servicio de salud; en ellas también se reconoció la existencia de cobros al Fosyga que no pudieron justificar en atenciones prestadas. La única institución que alega “falta de pruebas” para decidir en un caso que ha afectado a 2,2 millones de afiliados a esa EPS, que han pasado a ser atendidos por Cafesalud, es la Fiscalía. Para proteger a los antiguos clientes del doctor Montealegre (hasta el punto que no hay un solo imputado en cuatro años de investigación), la cabeza de la justicia penal ha apelado a estratagemas abogadiles que demuestran la habilidad profesional de los jefes salientes del organismo y que suman razones a la pérdida de confianza en la administración de justicia.


En entrevista radial en las jornadas de despedidas del despacho que ocupó por dos meses, el fiscal encargado y ex vicefiscal, José Fernando Perdomo, declaró en RCN, sin ruborizarse siquiera, que durante cuatro años de investigación no han encontrado pruebas contra los directivos de la más grande EPS del país, hoy intervenida por el Gobierno, porque “los tiempos de la justicia son distintos” (¡!) y a ellos no les alcanzaron para aclarar si hubo, o no, ilegalidades en el desvío de 1.4 billones de pesos (según la Contraloría) captados para atención de los pacientes y usados, según los fallos vigentes, en gastos no vinculados con la atención en salud.


Con el desparpajo que acostumbraron en el manejo de la Fiscalía, agrandado por la frescura que le da su próximo retiro, el abogado Perdomo detalló las estrategias de confusión del proceso y la opinión pública. Fue así como enunció la existencia de contradicciones en los montos defraudados según los procesos de la Supersalud y la Contraloría, y de estos con el de la liquidación, dando a entender que no sabían, o no les interesaba considerarlo, que en ellos se investigaron valores distintos porque se ocuparon de tiempos diferentes entre sí. Al tiempo que sirve para no avanzar en el proceso, la confusión intencionada permite despistar a la opinión pública, poco enterada de los detalles del complejo entramado del sistema de salud, sus recaudos y pagos, y mucho menos de las incidencias de la defraudación de Saludcoop. En redondeo de este abuso, los directivos salientes de la Fiscalía General acudieron a la clásica falacia de acusar al acusador haciendo acusaciones generalistas, y sin documentos o datos, sobre intereses particulares que hubieran interferido las decisiones de uno de los investigadores. El origen y vaguedad hacen que la acusación hable muy mal de quien la hace, no del objeto del señalamiento.


El desfalco a Saludcoop es uno de los casos de corrupción más graves por su mensaje de mal manejo de contribuciones en salud y por el gravísimo impacto que ha tenido para pacientes urgidos de atenciones que pueden salvar o cambiar sus vidas. Tolerarlo, como lo hizo la cúpula saliente de la Fiscalía, es permitir repetir el modelo y es una ofensa que el país no se puede permitir y está llamado a corregir, como se espera lo haga el nuevo jefe del órgano acusador.