ONU reporta al menos 822 desplazados en el Bajo Cauca antioqueño

Autor: EFE
18 febrero de 2018 - 03:48 PM

Entre las cifras de los desplazados se encuentran 461 adultos y 361 menores de edad.

Bajo Cauca, Antioquia

Al menos 822 habitantes se han visto obligados a abandonar sus hogares en las zonas rurales del municipio de Cáceres, departamento de Antioquia, alertó este domingo la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Oacdh) y la agencia del  Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (Acnur). El desplazamiento comenzó el pasado 19 de enero y afecta a las comunidades de las veredas Anará, San Francisco y Bejuquillo, que se suman a las ya afectadas El Tigre, Ponciano, Alto Tamaná, Campanario y el Calvario, confirmaron las agencias en un comunicado.

Según el informe de estas agencias, entre los desplazados hay 461 adultos y 361 menores de edad. Además, manifestaron "su preocupación por los hechos de desplazamiento forzado interno y las violaciones de derechos humanos" que se han reproducido en las últimas semanas en la subregión del Bajo Cauca antioqueño en la que está enmarcado el municipio de Cáceres.

La (Oacdh) y la (Acnur) también expresaron su "alarma" por el incremento en el número de homicidios. "En el Bajo Cauca estamos observando violaciones a los derechos humanos, tales como: amenazas y atentados en contra de la vida e integridad de personas civiles, violaciones relacionadas con los derechos económicos, sociales y culturales, y afectaciones a principios y prácticas ancestrales del pueblo indígena Senú en su territorio".

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En su comunicado, reconocen "el esfuerzo que la institucionalidad ha realizado" para responder a las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo encaminadas a mejorar la situación en el Bajo Cauca. Por ello, instaron al Estado a que "evalúe la efectividad en la implementación de la política de prevención y protección de las personas", ya que consideran que hasta ahora "las medidas adoptadas han sido insuficientes para prevenir la ocurrencia de nuevos hechos de violencia".

En especial, urgieron al Estado a que garantice "que los recursos humanos y económicos sean suficientes para atender la emergencia humanitaria actual y para generar condiciones de respeto por los derechos humanos y de seguridad humana".

Finalmente, las agencias hicieron un llamado para que se inicie con carácter urgente una estrategia de respuesta integral de prevención, protección y garantías de no repetición de violaciones de derechos humanos, específicamente para el Bajo Cauca antioqueño.

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