El 4 de marzo de 2018 América Latina y el Caribe, en Escazú (Costa Rica) adoptaron el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú (AE). Este acuerdo, al cual ya han adherido la mayor parte de los países de ambas regiones, que tiene su origen en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) y en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, es el resultado de un proceso innovador para un momento de creciente incertidumbre y profundos desequilibrios económicos, sociales y ambientales que están afectando a nuestros países. El AE es un instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental cuyos principales beneficiarios son la población, en particular las comunidades más vulnerables; su objetivo es garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y a acceder a la justicia, cuando estos derechos hayan sido vulnerados.

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En el AE se reconocen los derechos de todas las personas, se proporcionan medidas para facilitar su ejercicio y, lo que es más importante, se establecen mecanismos para su ejecución. En el Acuerdo se abordan aspectos fundamentales relacionados con la protección de los ecosistemas desde una perspectiva integral y se regulan los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia en ámbitos tan importantes como el uso sostenible de los bienes naturales, la conservación de la biodiversidad, la lucha contra la degradación de los suelos, el cambio climático y el fortalecimiento de la resiliencia ante los desastres naturales. También se incluye la primera disposición vinculante que existe en el mundo sobre la protección de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, en una región en la que sus líderes, lamentablemente, se enfrentan con demasiada frecuencia a agresiones e intimidaciones.

De manera inexplicable Colombia se ha negado a adherir al AE, desatendiendo las exhortaciones de la sociedad civil y de la academia, adhesión que en primer lugar obligaría al Gobierno Nacional a tomar acciones concretas para proteger a  los líderes ambientales, hoy gravemente amenazados por múltiples organizaciones criminales.  De acuerdo con el informe Global Witness, Colombia es el segundo país más peligroso en el mundo para quienes se dedican a cuidar el territorio y a luchar por la protección de los ecosistemas. Sólo en 2018 en el país fueron asesinados 24 líderes ambientales.

En tiempos de intensa agitación social  como los que hoy vive Colombia, donde la violencia  se ha dirigido contra quienes luchan por la defensa de los derechos humanos y por la protección  de los ecosistemas, además de la  Asamblea General de la ONU, son varias organizaciones las que hoy piden al Gobierno Nacional que se comprometa con el AE, entre las cuales se cuentan: El Fondo Mundial para la Naturaleza, la Asociación Ambiente y Sociedad, la facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, la Clínica Jurídica de la Universidad de los Andes, la Clínica Jurídica de Interés Público de la Universidad de Medellín, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, la Red por la Justicia Ambiental y la Red para los derechos de acceso información, participación y justicia en asuntos ambientales.

Después de dos semanas de protestas, el presidente Iván Duque ha aceptado reunirse con los líderes de diferentes sectores ambientalistas, quienes  le  han presentado un pliego de peticiones, centrado en los siguientes temas: Una clara definición de la matriz energética del país y sobre el fracking, impulso a la economía circular (así llamada la reducción, reutilización y reciclaje de los productos) y freno a la deforestación. La Gran Conversación Nacional (GCN), creada por el Gobierno Nacional a raíz del paro que se inició el pasado 21 de Noviembre, debe ser el  espacio propicio para la discusión amplia y democrática con los representantes de los sectores inconformes por los problemas que están creando la protesta  social. Desde la instalación GCN se han debatido diferentes temas, como la educación, la situación de los transportadores, la corrupción y la transparencia en la contratación estatal. El compromiso ahora es asumir la gran responsabilidad estatal y de toda la comunidad por la protección de los ecosistemas y la defensa de los líderes ambientalistas, que es la misma lucha por la conservación de nuestra especie humana.

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Tal como lo anotó el primer mandatario en la reunión inicial de la GCN con académicos y dirigentes ambientalistas, urge diversificar nuestra canasta energética, incluyendo las fuentes renovables no convencionales; además recordó que el Gobierno Nacional acaba de expedir una Ley de Movilidad Limpia, con la que se pretende que el parque automotor, en los próximos años, incorpore cerca de 600 mil vehículos eléctricos.  Por otro aspecto, tocó temas como la referida Economía Circular y mencionó la meta que se propuso en cuanto a deforestación y el pacto por la Amazonia, firmado en septiembre de este año. Esperemos que todos estos propósitos no se conviertan en pura retórica, para lo cual es imperativo que, cuanto antes, se firme el Acuerdo de Escazú y que de inmediato se ponga en marcha un vasto plan de protección de los dirigentes ambientalistas y de los defensores de derechos humanos.

Pero lo más importante es que el Presidente Duque entienda y acepte que una negociación va más allá de convocar una conversación, para que el Gobierno Nacional haga un recuento de sus propósitos y para que los dirigentes del paro manifiesten su descontento. Una negociación, como desde los años 80 nos lo enseñó la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard con su cátedra sobre negociación de conflictos, es un espacio para llegar a acuerdos que concilien los intereses de las partes en conflicto, no para imponer los intereses de una de las partes. Un buen negociador es quien logra identificar los elementos en discusión que pueden llegar a conformar un objetivo que satisfaga, por igual, a ambas partes, sin que ninguna se sienta derrotada. Conciliar intereses hacia un propósito común incluyente y verificable, debe  ser el propósito de una productiva negociación sobre objetivos que en el momento actual son bien claros: Paz con equidad social, derrota de la corrupción y protección de los ecosistemas y de los defensores de los derechos humanos, incluidos los líderes ambientalistas. Es que como bien lo anotó el jurista Rodrigo Uprimny, la democracia de las calles es tan válida como la democracia electoral.

P.D: La buena noticia de esta semana es que el Presidente Duque ha aceptado dialogar con el Comité Nacional del Paro, donde se espera que se pueda conformar y poner en marcha una mesa de negociación que trabaje bajo una metodología previamente acordada entre las partes.