El reciente fallo de la Corte Constitucional que declaró inexequible los artículos 33 y 144 del Código de Policía que prohibía el consumo de alcohol y alucinógenos en espacios públicos, levantó una inusitada polvareda en la opinión pública. Muchos políticos, opinadores, tuiteros, ciudadanos y lo que es censurable, funcionarios públicos, entraron en escena para cuestionar la sentencia de la Corte, todos ellos sin conocer el contenido de ese fallo y basados exclusivamente en el comunicado y su explicación de la H. Corte Constitucional.

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Es previsible y entendible que la opinión pública, la clase política, los formadores de opinión y la ciudadanía se pronuncien, según su percepción, sobre estos temas. Nadie puede ponerles cortapisa a sus expresiones, por mero respeto a derechos constitucionales ya consagrados. Resulta deprimente la jauría de funcionarios del Estado, adscritos a la rama ejecutiva del poder público, descalificando el fallo, poniendo en la pluma de la Corte cosas que la providencia no dice y sumados al populismo politiquero que en torno a este pronunciamiento pretenden levantar partidos o movimientos con intereses en un buen resultado electoral en el próximo mes de octubre.

En este escrito no me voy a pronunciar sobre el sentido o el contenido de la sentencia y lo hago sencillamente porque no la conozco, como no la conocen la mayoría de los críticos o sus defensores. Después de leída será la ocasión para comentarla. Obviamente que, si no discuto el fondo de la providencia, mal haría en cuestionar lo que digan críticos o sus defensores. Hoy me ocuparé de la actitud irresponsable de funcionarios públicos, obligados, como los que más, a respetar y acatar los fallos de la Justicia.

Fue tal vez Enrique Peñalosa, el alcalde de Bogotá, tan abandonado en las encuestas por la aceptación popular, el más beligerante en sus dichos: “Cuando la Corte falla, imagina a un poeta fumando marihuana en un rincón boscoso (…) en la realidad, las autoridades debemos enfrentar pandillas que consumen psicoactivos, intimidan y matonean”. Frase impactante pero carente de toda lógica. La Corte no está diciendo que los consumidores que intimiden o matoneen no sean perseguidos por la fuerza pública. Exageraciones para descalificar un fallo que el funcionario está obligado a respetar y acatar, así íntimamente no lo comparta. Dijo igualmente Peñalosa que la mitad de los homicidios que hay cada año en la ciudad “son precisamente cometidos por personas que están haciendo ejercicio del derecho a su libre desarrollo a la personalidad y consumen sustancias y pelean, agreden a otros y los asesinan”. Alcalde Peñalosa: ¿En serio usted cree que la Corte Constitucional le ordenó a usted o a la fuerza pública en ese fallo que no persiga a quien esté peleando, agrediendo o asesinando?

Parece que la necesidad de mejorar en las encuestas o de mantener un buen lugar en ellas, como sucede con los alcaldes de Medellín y de Barranquilla, produce a veces que quienes están obligados a someterse a los fallos judiciales, los irrespeten y vituperen causando una desinstitucionalización más dañina que cualquier fallo absurdo que por allí se produzca.

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Tino, mesura y respeto por lo que dicen los jueces si queremos preservar el Estado de Derecho, uno de cuyos fundamentos es el acatamiento a lo que dicen los jueces.

Comentarios:

orlando
2019-06-09 11:28:46

De acuerdo con el columnista, los primeros que deben acatar los fallos de la justicia deben ser aquellas autoridades que están llamadas a hacerlas cumplir, pero acá todo lo politizan buscando dividendos electorales o no bajar en las encuestas de favorabiliad como lo hace el presidente Duque y toda su jauría del mal llamado Centro democrático.

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