El Juzgado 13 Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de doce presuntos integrantes de la estructura criminal la pradera, que delinque en el corregimiento de San Antonio de Prado de Medellín. Además, una mujer más fue cobijada con detención domiciliaria, informaron este jueves fuentes oficiales.

Los afectados con la decisión fueron el presunto cabecilla Brayan Estiven Zapata Vélez, alias el mocho o chachis; los supuestos coordinadores Edwin Adrián Álvarez, alias el efra, Yeanpool Restrepo Guzmán, alias pool y Karina Hernández Lotero, alias karina, y quienes serían los integrantes Alexander Marín Osorio, alias choricero; Juan Pablo Marín Osorio, alias juan choricero; Carlos Esteban Henao Marín, alias cabezón; Héctor Jaime Suárez Cano, alias muelón, tore o torero; Mateo Bedoya Acevedo, alias teo; Alexis Bedoya Aceved, alias alexis; Johan Sebastián Juiménez Zuleta, alias fósforo, fosco o chore y Juan Estiven Jimenez Zuleta, alias juancito. Con medida de aseguramiento en el domicilio fue cobijada Miriam  Sánchez Quintero,
alias la reguetonera.

Lea: Desmantelan fábrica en Medellín que hacía camisas falsas del Mundial

De acuerdo con la información obtenida por los inevstigadores, el grupo delincuencial organizado la pradera tiene injerencia en los barrios El Limonar #1 y La Pradera y  se dedica a homicidios selectivos, desplazamientos forzados, extorsiones y tráfico de estupefacientes, entre otros.

Según la investigación coordinada por un fiscal del Gaula Medellín, integrantes de la mencionada banda criminal habrían desplazado a cuatro núcleos familiares del sector entre mayo de 2017 y abril de 2018. Entre las víctimas  había un adulto mayor y una menor de 3 años de edad.

También se les investiga  como presuntos responsables del cobro de extorsiones a comerciantes y transportadores. Entre los extorsionados figura el propietario  de un asadero de pollos a quien le exigían  $50.000 quincenales y luego de dos meses se vio obligado a cerrar el local comercial porque no podía seguir pagando la vacuna.

Los procesados no aceptaron los cargos imputados por delitos como concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado agravado y extorsión agravada.