La digna y firme posición de la familia Cantor Molina frente a los responsables de diseñar y construir el edificio Space, desplomado el 12 de octubre de 2013 causando la muerte de once personas, consiguió que el miércoles se profiriera sentencia contral los responsables de Lérida CDO, ingenieros Pablo Villegas Mesa y María Cecilia Posada, y del diseño de la obra, ingeniero Jorge Aristizábal, por el homicidio culposo de Juan Esteban Cantor. La sanción correspondiente a esta condena será divulgada el 18 de diciembre.

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El reconocimiento de esta culpabilidad penal es un paso más, importante, pero no el fin del capítulo de sanciones por las consecuencias vitales y económicas que 3.555 familias han tenido que afrontar por los errores de diseño y construcción de las obras del grupo CDO. Entre los damnificados por la pérdida de sus viviendas en el edificio Space se cuentan las familias que han sido burladas con estratagemas que eluden pagar los apartamentos hoy inexistentes.

Los constructores del grupo CDO tienen aún pendiente dar respuesta a los propietarios de la torre Asensi, que aceptaron la repotenciación de ese edificio, proyecto que aún no inicia y por el que los dejaron sin pagarles los arriendos que tuvieron que asumir al quedarse sin vivienda. Y los propietarios de Continental Towers esperan aún el pago de sus apartamentos, mientras tienen que seguir asumiendo la cancelación de cuotas crediticias y los arrendamientos de las viviendas que hoy habitan.

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Los afectados por las obras de CDO han sido abandonados por el constructor que les vendió una obra de mala calidad, distinta a lo prometido, y por las autoridades que han mermado el seguimiento a su problema y la exigencia a ese grupo empresarial para que asuma el cumplimiento de sus obligaciones legales con sus víctimas.

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Una tragedia de las dimensiones de la caída de Space, y la posterior implosión de una de sus partes, y el gravísimo daño a los propietarios de otros edificios, debe dejar lecciones aprendidas a la sociedad. Las de avanzar y consolidar una normatividad que haga más eficiente el control a los constructores, ya definida por el Congreso pero no reglamentada por el Gobierno, y la de garantizar la divulgación y adhesión al Código de ética de la ingeniería, compromiso público con la honestidad profesional y sustento para la vigilancia gremial sobre ingenieros de cuya responsabilidad dependen vidas humanas.

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