Sobre la prisión perpetua
8 de Octubre de 2008


En todas esas ocasiones como ahora, los argumentos a favor y en contra han sido los mismos y han terminado pesando más los últimos.

El doctor Javier Darío Restrepo, una de las voces más autorizadas del país en materia de ética periodística, hace una severa crítica a los medios de comunicación, que compartimos esencialmente, por el cubrimiento sensacionalista del secuestro y posterior asesinato en Chía, Cundinamarca, del niño Luis Santiago, crimen planeado y ordenado por su propio padre. El bochornoso espectáculo mediático se prolongó por una semana y sirvió como anillo al dedo a quienes vienen promoviendo la recolección de firmas con el objeto de reformar, por vía de referendo, el Artículo 34 de la Constitución, que prohíbe en Colombia las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, para que se consagre, de manera específica para los delitos contra menores de 14 años o en condición de discapacidad, la pena de cadena perpetua.

En realidad, esas transmisiones "en vivo y en directo" de la tragedia de esa familia no fueron una acción solidaria, como la pretendieron presentar los directores y reporteros de los noticieros de radio y televisión, sino una burda competencia por la sintonía y una descarada explotación del dolor humano, e inclusive, como anota Restrepo, los medios impresos, "menos sujetos a la tiranía de los sentidos y más cercanos al ámbito de la reflexión", terminaron incurriendo en titulares emocionales y sensacionalistas. Y en ese clima escandaloso, han saltado a la palestra muchos personajes que de la noche a la mañana se presentan como grandes defensores de los niños y, consecuentemente, partidarios de la pena de muerte o, como mínimo, de la cadena perpetua para quienes atenten contra ellos.

Para no ir muy lejos, en Antioquia el gobernador Luis Alfredo Ramos lanzó la "Gran convocatoria ciudadana para el jueves 9 de octubre de apoyo a la cadena perpetua para violadores, secuestradores y asesinos de niños"; anunció que presidirá una concentración en la plazoleta de la Alpujarra para lanzar la recolección de firmas y pidió a los 125 alcaldes que repliquen esa misma "firmatón" en apoyo al referendo entre sus comunidades. Nosotros, de nuestra parte, convocamos a los alcaldes antioqueños a que no acepten convertirse en fichas de una campaña a todas luces demagógica, politiquera y oportunista, porque, todavía a los que están en el escenario del combate político en busca de votos se les puede dar el beneficio de la duda, pero a los funcionarios públicos no les corresponde intervenir en esta clase de debates públicos. Su tarea es gobernar, cumplir y hacer cumplir la ley en su jurisdicción y ejecutar eficientemente los programas a que se comprometieron con sus electores.

Con razón el señor presidente Uribe manifestó su rechazo a la iniciativa. Nueve de cada diez columnistas que se han referido al tema en los últimos días en la prensa colombiana, arguyen razones muy precisas y muy contundentes en rechazo de la aludida pena. La mayoría ya han sido expuestas - inclusive en estas columnas - en ocasiones anteriores en que se ha planteado la pena de muerte o la cadena perpetua para delitos atroces, no solamente en relación con el honor sexual, la integridad y la vida de los niños. En términos generales, ese debate fue recurrente en el siglo XIX y en el siglo XX de nuestra historia. La Constitución de 1886 incluyó la pena de muerte pero ésta se abolió en la reforma de 1910. Quince años más tarde, un grupo de congresistas promovió un proyecto para restablecerla e incluir también la pena de prisión perpetua, pero fracasó. En noviembre de 1988, en el gobierno del presidente Barco, por decreto de Estado de Sitio se estableció que "Cuando el homicidio se realice por personas que pertenezcan a grupo armado no autorizado legalmente, incurrirán en pena de prisión perpetua". La norma duró cuatro meses porque la tumbó la Corte Suprema de Justicia, arguyendo que violaba el espíritu de la Constitución de 1886. En 1970, monseñor Tulio Botero Salazar, arzobispo de Medellín, pidió esa pena para secuestradores y lo propio hizo más de 20 años después el director de la Policía general Rosso José Serrano.

En todas esas ocasiones como ahora, los argumentos a favor y en contra han sido los mismos y han terminado pesando más los últimos. Para citar sólo uno de los más obvios: la pena de muerte y la cadena perpetua no tienen el efecto disuasivo que se pretende, cuando lo que impera es la impunidad sobre toda clase de delitos. Bastaría con que aplicáramos con rigor las penas existentes, que en el caso de delitos atroces, como los de marras, en nuestro Código Penal son de hasta 60 años, para que se hiciera justicia sin ese ánimo vindicativo y atrabiliario que hay detrás de los escándalos que mueven de tiempo en tiempo estos debates. El caso más espeluznante, el del psicópata Garavito, capturado el 22 de abril de 1999, y de quien se dice que podría recobrar la libertad prontamente gracias a la feria de rebajas de nuestro sistema judicial, no debería preocuparnos si de las 64 condenas por la muerte de más de un centenar de niños, cumpliera siquiera una, pues a su edad, 49 años, la pena máxima implicaría prácticamente prisión perpetua.

Lo último que censuramos es esa "referenditis" que se ha ido apoderando del país. El aumento de penas para cualquier delito es una tarea típica del Congreso de la República y aun si se tratara de reformar el Art. 34 de la Carta, es competencia del legislativo, y si hasta ahora no ha prosperado una iniciativa en tal sentido es porque sus defensores no han sido capaces de convencer a las mayorías del país allí representadas. Todo lo demás es simple y llano oportunismo.