¡No hay tal calma!
22 de Julio de 2008


Salta a la vista que se trata de una enorme irregularidad, por decir lo menos, y ese solo hecho justifica la inmediata intervención de los organismos de control.

El fin de semana se reunieron el gobernador Luis Alfredo Ramos, el alcalde de Medellín Alonso Salazar y el gerente de Empresas Públicas de Medellín, Federico Restrepo, y acordaron “suscribir un acuerdo de accionistas para manejar toda la logística de la construcción del proyecto hidroeléctrico Pescadero-Ituango y para que la operación la haga EPM, dado su conocimiento en el tema”, según reza el boletín publicado en la página web del Departamento. Se dice allí que “las relaciones entre las partes en el proyecto han quedado en muy buena tónica”, y se pone en boca del gobernador esta frase: “Fuimos enfáticos con ellos que el propósito no es vender ni concesionar (sic), sino permanecer”. Además se anuncia que durante el curso de la presente semana se concretará el acuerdo de accionistas (fórmula de manejo, gerencia, construcción y operación, entre otros aspectos) y el día viernes próximo se realizará una reunión de Junta Directiva de la Sociedad del Proyecto para ratificarlo.

Con base en ese ‘acuerdo de intención’ el editorialista de El Colombiano, con sorprendente apresuramiento, pregona que “La calma vuelve a Pescadero”, gracias “al diálogo que permitió poner los intereses de los antioqueños por encima de cualquier diferencia entre el Idea y Empresas Públicas de Medellín, en torno a un proyecto que demanda una inversión de US$ 3.900 millones y que requiere además de la voluntad e inteligencia de nuestros dirigentes”. Para nosotros, en cambio, así los socios mayoritarios hayan fumado la pipa de la paz (¿?) mediante un acuerdo cuyos términos nadie conoce a ciencia cierta, eso no resuelve los graves interrogantes que desde estas columnas y por parte de muy destacados analistas, entre ellos alguien con la autoridad del ex gerente general de EPM, Ramiro Valencia Cossio, hemos formulado sobre la operación mediante la cual el Idea compró a accionistas privados el 6,12% de la promotora del proyecto Pescadero-Ituango, a un precio de más de 40 veces su valor intrínseco.

Para nosotros sigue siendo un precedente muy grave que el Idea haya dado semejante “golpe de mano”, burlando el acuerdo alcanzado durante los gobiernos de Aníbal Gaviria y Sergio Fajardo, ratificado mediante Acta 14 del 28 de marzo de 2006 de la Junta Directiva, en el que se pactó que los dos entes públicos mantendrían la paridad de su participación, para lo cual EPM renunció a su mayoría, que era del 53,5% y el Idea invirtió $2.325 millones para quedar igualados con el 44,47%. El hecho de que EPM haya resuelto retirar su airada reclamación de la semana pasada no exculpa al socio de su deslealtad, pero como al fin y al cabo la lealtad no es una obligación y ser desleal es apenas una falta de ética en los negocios, como simples analistas de los hechos no podemos hacer nada para modificar esa realidad.

Pero lo que no podemos aceptar de ninguna manera es la cortina de silencio con que se pretende cubrir el otro aspecto, muchísimo más grave, de la compra de esas acciones, un negocio realizado en vísperas de que se cerrara el plazo de una capitalización, en la que muchos minoritarios no participarían, como lo anota el ex representante a la Cámara y columnista de este diario, Ramón Elejalde, y como lo formula, a manera de pregunta, el doctor Valencia Cossio: “¿Se les apareció la Virgen del Carmen el 16 de julio a los privados, que obtuvieron ya toda su utilidad en un proyecto que apenas entrará en operación en diez años y sin correr riesgo alguno?”

Salta a la vista que se trata de una enorme irregularidad, por decir lo menos, y ese solo hecho justifica la inmediata intervención de los organismos de control. En primer lugar, con el incumplimiento del pacto de igualdad entre los dos socios mayoritarios, se produjo una sobrevaloración del paquete minoritario que de manera regular jamás se habría producido. Y en segundo lugar, para poder pagarlas se comprometió el 40% del patrimonio del Idea – el mismo gerente reconocía ayer que al cierre del 2007 el patrimonio del instituto ascendía a $270.000 millones – en un negocio que hoy sí que vemos claro como leonino y, para colmo, absolutamente innecesario, pues, si como dicen ahora, no estaban interesados en vender ni en entregar en concesión la construcción de la Central y serán las EPM las operadoras, ¿entonces para qué la posición dominante? Dice el gerente, con su característica lógica sofística, que los fondos no son de los municipios sino de la Caja del Idea, una argucia contable que pretende encubrir el hecho absolutamente irresponsable de comprometer en esa cuantía la liquidez del instituto en una operación inútil y que, a todas luces, termina beneficiando únicamente a un puñado de particulares.

Por eso insistiremos – aunque nos quedemos solos en este empeño – en nuestro llamado a la Contraloría General de la República, a la Procuraduría General de la Nación, a la Superintendencia Financiera, para que tomen atenta nota de estas denuncias y examinen cuidadosamente los términos de esa negociación. Y en cuanto al señor Contralor Departamental, esperamos que aproveche la feliz ocasión para quitarse el sambenito que le han colgado de ser una ficha incondicional del gobierno departamental, colocado allí para alcahuetear en lugar de controlar.