Posihüeica
El carbón en el agua
Autor: Alvaro T. López
14 de Mayo de 2008


Descontados los calificativos de censores drásticos, de intransigentes, de obtusos, que de lo que sigue pueden sobrevenir, hay que advertir que no hay alternativa cuando se trata de la convivencia ciudadana: hay que cumplir con las normas, tanto las jurídicas, como las sociales y las éticas. Pero cuando las personas ejercen funciones públicas, las obligaciones, no el poder como lo consideran algunos, son todavía mayores, pues si los ciudadanos de a pie pecamos por acción, los funcionarios pecan por acción y por omisión. De ahí que quienes llegan al gobierno o las administraciones regionales y locales, deban tener un conocimiento serio del funcionamiento del Estado, y el compromiso de servir sin limitaciones o exclusiones. Es sus manos, en las de los funcionarios, está nuestra vida, honra y bienes, como valores que deben ser protegidos y garantizados. Es lo que dice la Constitución Política del Estado.

A “la loca", como le decimos a la brisa en Santa Marta, capaz de hacer los destrozos más inverosímiles, de tumbar casas, de hacer que el mar se vuelva más ubicuo de lo que es por naturaleza, de dejar al descubierto las decencias de las muchachas y de las señoras, le debe parecer un juego menor esparcir polvo, y hasta trozos, del carbón depositado en las barcazas que se advierten cuando se está aterrizando en el aeropuerto Simón Bolívar, como sombras siniestras y ominosas que hacen juego con el monstruoso tren que viene desde la Guajira, pasando por la zona bananera, esparciendo aires de muerte y destrucción. Lástima que hayan desaparecido los juglares, lástima que Escalona se haya envejecido y oligarquizado, tanto, que no pueda componer un canto que describa el horror del hollín en las gargantas y los pulmones de los niños, en los depósitos del agua que pierde el encanto de la potabilidad, el mar que pierde la capacidad de generar una perla para homenajear a la mujer amada por madre o por amante.

Ahí es donde surge la importancia de las autoridades. Parecería un contrasentido que la elección de alcaldes y gobernadores lleve al país al deterioro, ojalá no irreversible, de sus fuentes de recursos y de sus instituciones. Antes, el nominador, se tratara del presidente de la República en el caso de los Gobernadores o de éstos en el caso de los alcaldes, se cuidaban mucho de escoger al nombrado entre los ciudadanos más preparados y honorables. Lamentablemente hoy cualquiera, con auxilio de cómplices muy poco santos, es elegido para administrar las regiones y ciudades de Colombia, en una descentralización electoral que contrasta con la incompetencia personal de los escogidos y la precaria situación financiera de los entes territoriales. El caso del carbón en las bahías de Santa Marta y Ciénaga es patético. Cuando en el mundo hay preocupación por la posible escasez de alimentos y por el cuidado del medio ambiente, nosotros estamos feriando el patrimonio colectivo, alegando que las regalías son necesarias. Pero hay que preguntarse si lo recibido por ese concepto será suficiente para compensar y aliviar los daños sufridos.

Las acciones de los hombres demuestran su talante, su formación, su capacidad para relacionarse con los otros. Hay actitudes que develan la personalidad de la gente. Un gobernante, un administrador público, no puede ser enemigo del colectivo sometido a su autoridad. La autoridad está constituida en favor de los ciudadanos, no en su contra. Como el terrorismo y el narcotráfico, los actos contra el medio ambiente son delitos de lesa humanidad. Acabar con el mar de Santa Marta no es una posibilidad del alcalde de la ciudad, ni del Gobernador del Magdalena. Todas las autoridades de la República tienen obligación y competencia para impedirlo. El mar, ubicuo y libertario, es patrimonio de la humanidad. Para serlo no necesita declaración o decreto algunos. Ya estaba aquí cuando llegamos y es nuestra obligación dejarlo como lo encontramos.