Cincuenta años de la Unión de Ciudadanas de Colombia
12 de Noviembre de 2007


Han fructificado en una mayor conciencia de los dirigentes públicos y de las propias mujeres sobre la importancia de su participación en política.

Con el congreso “Ejercicio del poder político y liderazgo de la mujer en Colombia, 2007”, realizado el sábado, la Unión de Ciudadanas de Colombia conmemoró cincuenta años de actividad en pro del ejercicio cívico, ciudadano y político de las mujeres, mediante la educación, promoción de sus derechos y acompañamiento jurídico, entre sus principales acciones.

Inspirada por mujeres que en los años 50 nacían a la actividad política, como las antioqueñas Rosa Turizo de Truillo, Gabriela White de Vélez, Margarita Córdoba, Cecilia Lince, Luz Castro de Gutiérrez, Luxy Jaramillo de Mora, y la vallecaucana María Teresa Arizabaleta, entre otras, fue inicialmente punto de encuentro de las sufragistas que sabían que la conquista del derecho a votar que les llegaba en el plebiscito del 1 de diciembre de 1957 era apenas el comienzo de su trabajo en pro del disfrute pleno de los derechos políticos de la mujer. Conseguir su plenitud exigía, como señala Rosa Turizo de Trujillo, complementar la educación escolar con una formación cívica, que todavía hoy es necesaria para crear conciencia.

Como recuerda la exministra María Elena de Crovo, el trabajo de la Unión de Ciudadanas, la acción política de las primeras mujeres que se lanzaron a candidaturas por las corporaciones públicas, como ella o la también exministra Esmeralda Arboleda, y el acompañamiento que recibieron de dirigentes y gobiernos, especialmente liberales, como los expresidentes Alfonso López o Alberto Lleras, en el país, o el dirigente Alberto Jaramillo y el entonces congresista Guillermo Gaviria Echeverri, impulsaron sus incursiones en el desarrollo legislativo de nuevos derechos y su presencia en las corporaciones públicas, no siempre tan nutrida como ellas mismas aspirarían tenerla.

Si el voto en 1957 marcó la llegada de la mujer como ciudadanía a la vida colombiana, la Constituyente de 1991 significó la apertura a nuevos derechos que han favorecido la equidad, su participación en los cargos públicos y la inclusión. Aunque la Unión de Ciudadanas de Colombia no conquistó la curul a que aspiraba en esa Asamblea, constituyentes como la exgobernadora Helena Herrán de Montoya y otros miembros consagraron en los artículos 13, 40, 42 y 43, principios que han tenido desarrollos legislativos de discriminación positiva y favorables a la participación de la mujer, como lo ha destacado la abogada constitucionalista Bernardita Pérez.

Los artículos que han dado más amplio marco constitucional al ejercicio de la ciudadanía de la mujer han impulsado, entre otros, acciones de algunos gobiernos en pro de su ejercicio en puestos de decisión sobre la destinación de la inversión pública, como sucedió en Antioquia con la Secretaría de Equidad de Género, creación de los gobiernos Gaviria-Prieto-Gaviria, en modelo que luego siguieron el Valle del Cauca, Medellín y Cali, y que fue acompañado por la Unión de Ciudadanas de Colombia, bajo el convencimiento de que la inversión para la mujer se convierte en oportunidad de progreso para todos los miembros de la familia.

Los cincuenta años de trabajo a través de sus programas de educación, apoyo jurídico y de participación política y en instancias de decisión han fructificado, pues, en una mayor conciencia de los dirigentes públicos y de las propias mujeres sobre la importancia de su participación en política y en normas de discriminación positiva que sus impulsoras defienden como mecanismos que permiten saltar los escalones que separan a las mujeres de los hombres en el ejercicio de los derechos públicos y, por consiguiente, avanzar hacia la consolidación de su participación en la vida pública. Sin embargo, como ellas mismas lo reconocen, aun tienen retos importantes por superar.

En sus primero veinte años, la Unión de Ciudadanas de Colombia logró establecer seccionales en veinte ciudades colombianas. Hoy, sin embargo, apenas nueve logran permanecer, pues sedes como las de Arauca, Montería, Magangue y Ciénaga, entre otras, tuvieron que cerrar por las amenazas de la guerrilla, el paramilitarismo y el narcotráfico. Así como la presión de los grupos terroristas y delincuenciales, la pobreza es factor que limita las posibilidades de las mujeres para disfrutar de sus derechos ciudadanos y políticos y ejercer sus deberes cívicos.

En el Congreso que sesionó el sábado en Medellín con participación de ponentes de Venezuela y Costa Rica y con las intervenciones de las senadoras Yolanda Pinto de Gaviria y Dilian Francisca Toro, la Unión de Ciudadanas de Colombia identificó nuevos retos para seguir impulsando la equidad de género y promoviendo entre las mujeres la conciencia de sus derechos y deberes ciudadanos. A las nueve seccionales de la Unión de Ciudadanas de Colombia, y a sus actuales miembros de Junta Directiva, que está encabezada por la bacterióloga nortesantandereana Lysle Lara Suárez y por la abogada caleña Nereida Bravo, esta conmemoración las pone frente a la importancia de “trabajar otros cincuenta años para conquistar los derechos de las mujeres mejorando sus condiciones y favoreciendo normas que produzcan efectos benéficos para todos”, como indica una de sus presidentas honorarias, Rosa Turizo de Trujillo. Con una obra importante en su pasado, grandes esperanzas hacia su futuro y el reto de incorporar plenamente a la mujer a la vida pública, la Unión de Ciudadanas ha cumplido cincuenta años de una labor positiva por el país y sus mujeres, que hoy Antioquia y Colombia reconocen y agradecen.