Garavito y la rebaja de penas
21 de Junio de 2006


No puede ser posible que se burle así la justicia y termine en semejante ridículo el ingente trabajo de la Fiscalía.

Un reportaje periodístico del Canal RCN sobre el caso del llamado “Monstruo de los Andes”, transmitido el domingo 11 de junio, tiene conmocionado al país porque supuestamente existe la posibilidad de que Luis Alfredo Garavito Cubillos, el más sanguinario asesino en serie de la historia del país, salga libre a la vuelta de cuatro a seis años por rebaja de penas, no obstante que – de acuerdo con un informe reciente de la Fiscalía al que tuvimos acceso – fue juzgado por violación y asesinato de 172 niños entre 1992 y 1998, en un macabro periplo por once departamentos. En 138 procesos hay fallo condenatorio, 32 están en instrucción, uno en apelación y otro está para sentencia. En total, las condenas suman 1.853 años.

Con este caso, la Fiscalía General de la Nación sentó un precedente en el campo de la investigación criminal con la individualización y condena de quien organismos judiciales internacionales consideran el segundo homicida en serie del mundo, pero resulta que por la figura de la acumulación de penas, este individuo debe pagar la más alta que hasta ahora se le ha aplicado, que es – según los informes de prensa - de 31 años, pero está aspirando, con la asesoría de sus abogados, a recibir los beneficios por estudio, trabajo, enseñanza y jubileo, entre otras gabelas, establecidas en el Código Penitenciario y Carcelario. Aunque será un juez de ejecución de penas el que decida finalmente la fecha en que recobre la libertad, los penalistas consultados por el reportero estiman que este personaje podría terminar pagando efectivamente sólo de once a trece años de cárcel. De modo que si fue capturado el 22 de abril de 1999 - por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, en momentos que intentaba agredir sexualmente a un menor – quiere decir que ha pagado siete y le restarían de cuatro a seis para salir libre. Eso sería inaudito y absolutamente injustificable y se nos ocurre que algo tiene que estar fallando en materia de interpretación de las normas que rigen la materia.

No puede ser posible que se burle así la justicia y termine en semejante ridículo el ingente trabajo de la Fiscalía, donde se puso a prueba la capacidad del CTI y de las fiscalías seccionales para la recolección de evidencias, análisis de pruebas técnicas y de criminalística, encaminadas a dar con el paradero y judicializar a quien había sembrado el terror entre padres y niños a lo largo y ancho del país. El terrible misterio de las desapariciones de menores en distintas partes del país comenzó a develarse el 24 de junio de 1998, cuando fueron hallados los cuerpos de tres niños de 9, 12 y 13 años en la finca La Merced, en Génova (Quindío), con evidentes signos de tortura y desmembración de sus extremidades. Habían sido vistos por última vez cinco días antes en el parque central del municipio en compañía de un adulto, quien al parecer les ofreció dos mil pesos a cada uno para que le ayudaran a buscar una res en fincas cercanas a Génova. Con base en un cruce de información entre el CTI de Tunja, Armenia y Pereira se logró establecer que los casos de desaparición de menores en esas ciudades guardaban similitud, y atando cabos con otros homicidios de menores en el Meta, Cundinamarca, Antioquia, Caldas, Valle del Cauca, Huila, Caquetá y Nariño, los investigadores consiguieron llegar a la ubicación de un individuo que se hacía llamar Bonifacio Morera Lizcano, pero cuya verdadera identidad era la de Luis Alfredo Garavito Cubillos, sobre quien pesaba una orden de captura de la Fiscalía 17 Especializada de Tunja por el homicidio de un niño de 12 años. Gracias a las pruebas recogidas por la Fiscalía y a su propia confesión, Garavito resultó ser el responsable no sólo de la muerte del menor de Tunja sino también del homicidio de los tres niños de Génova y de una racha de crímenes, de la que dice, con un cinismo aterrador, que simplemente la detuvo porque se cansó de que fuera tan fácil seducir y matar niños. Los colombianos tenemos que oponernos a que un antisocial de esa calaña recobre la libertad, entre otras razones porque, según los dictámenes psiquiátricos, es un psicópata que reincidirá en sus crímenes porque carece de capacidad de arrepentimiento y rehabilitación.

Aparte de que se propongan reformas a los Códigos para que se supriman esos beneficios para delitos atroces y, en particular, para los que se cometen contra menores de edad –según un proyecto que recibió tercer debate la semana pasada en la Comisión 1ª del Senado - , o que se impulse una reforma del Artículo 34 de la Carta, dizque para establecer la cadena perpetua para abusadores, maltratadores o asesinos de menores de edad, que por cierto, en caso de aprobarse, no podrían aplicarse a Garavito, nos parece más práctico revisar la manera como se están aplicando las muchas rebajas de penas que hoy existen, porque allí es donde está el origen de la injusticia y el absurdo.

Nuestra tesis es que esas causales de disminución de la pena no se deben aplicar, matemáticamente hablando, a la pena disminuida por la aplicación del mínimum, sino a la pena a la que el individuo ha sido condenado (sumados todos los procesos), que no es la que va a cumplir, porque después de condenado a esa pena, se le reduce por la aplicación de la norma de que no puede haber acumulación, pero es lo último que se hace en el proceso. De modo que si Garavito ha sido condenado a 1.853 años, las rebajas a que tenga derecho deberán partir de la base de esta cifra y no de la mínima de 31 años. ¿Qué más “cadena perpetua” para un criminal de esa categoría? Sería muy interesante, por no decir, ¡urgente!, que la Corte Constitucional asumiera el estudio del tema, pues nos asalta la sospecha de que se está interpretando mal el espíritu que tuvo el legislador al disponer alivios a los castigos impuestos por los jueces.