Editorial

Una sociedad protectora
3 de Febrero de 2014


La medida invita a romper definitivamente con comportamientos remanentes de la arraigada costumbre que daba a los hombres de la casa atributos de “dueños” de la vida de sus mujeres e hijos.

Con la medida de aseguramiento de detención intramural a la madre de un niño de once años que murió por severas lesiones causadas por los golpes que le propinaba su padre, y que ella encubría, el juez que atendió la solicitud de un fiscal de la Unidad de Vida de Engativá, Bogotá, abre el camino para mejorar el tratamiento a los agresores de los menores de edad y en las medidas de protección a los ciudadanos indefensos (enfermos, niños, ancianos) que sufren maltrato o descuido de sus familiares y desprotección por el Estado.


Por naturaleza, y se esperaría que por humanidad y amor, los padres son los primeros responsables del cuidado y educación de los niños, y las familias, de la atención protectora a sus ancestros. Lo anterior no exime la corresponsabilidad de la sociedad y el Estado en estas mismas tareas. Ello, considerando que el deber de garantizar los derechos a niños y ancianos es del orden material, en tanto ellos necesitan estar en condiciones que permitan proteger su vida y su salud, pero también del ámbito afectivo y espiritual, en tanto necesitan de condiciones de acompañamiento y cuidado amoroso que les permitan disfrutar de las condiciones de estabilidad y felicidad para sembrar sus sueños de futuro, o recoger la cosecha de sus esfuerzos, en el caso de las personas de la tercera edad.


La medida judicial abre caminos para que nuestra sociedad rompa definitivamente con comportamientos remanentes de la arraigada costumbre que daba a los hombres de la casa atributos de “dueños” de la vida de sus mujeres e hijos. En tanto “propietarios”, a ellos se les consentía tratar a sus mujeres e hijos como objetos a su disposición, mientras la sociedad era reducida a pasiva observadora de violencias y abandonos. De igual manera, la idea de que los hijos son propiedad de los padres y que así los maltraten, castigarlos o separarlos de ellos sería aún más traumático para los menores, es en definitiva una evasión de las responsabilidades que como sociedad y Estado tenemos todos. Así las cosas, aunque no se trata de promover que el Estado asuma el cuidado y la educación de los niños, como pretenden los gobiernos autoritarios que le disputan a las familia la “propiedad” de sus hijos, o sea de sus sueños y esperanzas, sí se aspira a garantizar a los más débiles la acción afirmativa, oportuna y eficaz de las autoridades, cuando ella se requiera. Varios estados del mundo cuentan con avanzados modelos de reeducación a padres, a fin de darles una, pero no una cantidad ilimitada, de oportunidades de demostrar que aspiran a ser cuidadores de sus hijos. La complejidad de la atención que demandan los niños y ancianos invita al diálogo del Estado y las familias en procura de que haya complementariedad en su acción protectora. Esa complementariedad acordada puede hacer más efectivos los subsidios y la atención pública, así como propiciar que las familias puedan tener acompañamiento para avanzar en su desarrollo socio-afectivo, mediante la guía y reeducación que los conviertan en entornos protectores y amorosos de los seres que los necesitan, y lo ideal es que esto se cumpla de manera preventiva y no paliativa.


La acción protectora del Estado no puede, sin embargo, estar sometida a límites. Cuando una familia, como en el caso que da lugar a este análisis, agrede a sus miembros, el Estado debe asumir la custodia de los niños y actuar con diligencia en la resolución de su patria potestad, de manera que la reciban ciudadanos que demuestran suficientes capacidad, voluntad y amor para mantener el entorno que les niegan sus hogares. El modelo de protección hoy vigente, consagra tantas garantías a los parientes, hasta los lejanos, que deja a los niños en situación de desprotección y de alto riesgo. Ser familiar hasta el sexto grado de consanguinidad, como los que ha exigido la Corte que se contacten antes de permitir que a un menor abandonado se le inicie un proceso de adopción, no es garantía de respeto.  Prueba dolorosa de ello es que la gran mayoría de los casos de maltrato infantil, incluido el abuso sexual, son cometidos por familiares muy cercanos y en quienes los menores confían.  Los niños y los ancianos son ciudadanos en condiciones de indefensión, y por tanto merecen especial protección de la sociedad. Esto implica, entonces, que el cuerpo social, con el Estado a la cabeza, tiene la obligación de vigilar que la familia cumpla con el papel de guardián y protector de los derechos de estas personas, y de apoyarla o suplirla con diligencia y eficacia, cuando incumpla con sus obligaciones.