El Mundo

Con razonable satisfacción, directivos del Banco Mundial divulgaron los más recientes indicadores de pobreza extrema en el mundo. Estos les sirvieron de base para mantener sus cálculos de culminar el 2015 con máximo 702 millones de personas con ingresos diarios inferiores a US$1,9, número que representa el 10% de la población mundial. La complacencia de los financistas se enraíza en los avances registrados desde 2012, cuando la pobreza extrema aquejaba a 902 millones de personas, o sea el 12,8% de la población. Con estos nuevos datos se confirman los registros de la ONU, según los cuales cinco de nueve regiones que lo buscaban conquistaron el propósito de reducir a la mitad su población en pobreza extrema. Para los voceros de la institución financiera, la conquista de esta meta amplía sus esperanzas de lograr el propósito de que en 2030 la humanidad haya eliminado la pobreza extrema; nueva meta establecida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible recientemente aprobados por la Asamblea de Naciones Unidas.

En su rendición de cuentas sobre los resultados del mundo en este propósito, Jim Yong Kim, presidente del Banco Mundial, explicó que los países consiguieron dar tan importante salto mediante programas gubernamentales que construyeron redes de protección a las familias más vulnerables (un buen ejemplo podría ser la iniciativa Medellín Solidaria) y estuvieron acompañados por la acelerada ampliación de coberturas en salud y educación. El crecimiento económico de los años recientes ha propiciado que al contabilizar el 9,3% de su población en miseria, Colombia se encuentre muy cerca de la meta de reducir a 8,8% el porcentaje de habitantes con ingresos diarios equivalentes a $5.766. Sin abandonar su complacencia con el resultado, el jefe del Banco Mundial alerta, no obstante, por el hecho de que sustentar el logro en gasto público asistencialista dificulta la sostenibilidad de los progresos, sobre todo cuando se vislumbran nubarrones por la caída de exportaciones de minerales y bienes primarios. 

El buen resultado global y de países como Colombia en la conquista de la primera de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible no significa que todas las regiones o países hayan logrado su propósito; valga como ejemplo la grave condición de África subsahariana, donde el 32% de la población pervive en la miseria, situación que los expertos atribuyen a las guerras internas y la débil gestión pública. Otras regiones, como Oceanía, no han cumplido con la entrega de sus indicadores. Y muchas más, entre las que Colombia debe contarse, no pueden garantizar que han superado el riesgo de recaídas de habitantes que tomaron la mano que les tendió el Estado para superar su precariedad pero no han encontrado la mano de las oportunidades laborales o educativas para asumir su condición autónoma.

A las discusiones de este informe deben sucederlas los debates a propósito del Día mundial del trabajo decente, a celebrarse el próximo miércoles, conmemoración en la que gobiernos, empresarios, trabajadores e instituciones expertas revisan las dificultades para crear y mantener trabajos decentes. Ya lo dijo el papa Francisco ante la ONU: “El indicador más simple y adecuado del cumplimiento de la nueva Agenda para el desarrollo será el acceso efectivo, práctico e inmediato, para todos, a los bienes materiales y espirituales indispensables: vivienda propia, trabajo digno y debidamente remunerado, alimentación adecuada y agua potable; libertad religiosa, y más en general libertad de espíritu y educación”. 

Colombia está lejos del trabajo decente. Según la Escuela Nacional Sindical, el 66% de los trabajadores está en informalidad. Además, el 54,2% tiene ingresos iguales o inferiores a un salario mínimo, situación que se agrava al sumarle 1’045.000 trabajadores (4,86% de las personas ocupadas) que carecen de remuneración monetaria. Si bien se registra una disminución en la informalidad frente al 68% de 2012, inquieta que en el último año se perdieron 106.000 empleos en la agroindustria y la industria y que los nuevos puestos de trabajo se abren en sectores inestables, como construcción (6,2% de ellos) y los servicios (5,5% en un año). Aunque su misión es acordar soluciones para los problemas estructurales que generan precariedad laboral, la Comisión de concertación de políticas laborales y salariales sólo se reúne una vez al año para definir el valor de un salario mínimo, costoso para quien lo paga, reducido para quien lo recibe y una burla para tres quintas partes de los trabajadores que apenas si acceden a esa remuneración.