Editorial

Referendo de prisión perpetua
9 de Agosto de 2011


Para delitos atroces como el de marras, que se apliquen con rigor las penas existentes en el Código Penal, que para el caso podría ser hasta de 60 años, lo que en términos prácticos equivale a pasar el resto de vida en prisión.

Con alivio recibimos la noticia que dio ayer en exclusiva El Espectador, sobre la categórica y bien sustentada crítica de la Comisión Asesora para el Diseño de la Política Criminal del Estado colombiano al proyecto de referendo que cursa en el Congreso para castigar con prisión perpetua a los violadores y asesinos de menores de 14 años. La iniciativa, avalada por firmas pero impulsada por algunos congresistas, es un refrito de la que hundió la Corte Constitucional en mayo del 2010 por ostensibles vicios de trámite.


Sin falsa modestia tenemos que registrar la notable coincidencia con algunas de las tesis que aquí hemos expuesto para oponernos a lo que con toda razón consideran los expertos juristas de esa comisión, una forma de “populismo o demagogia punitiva”. Con ocasión de la oleada de repudio por el asesinato de un niño en Chía, Cundinamarca, a manos de su propio padre, cuando se reclamaba, con más emotividad que raciocinio, la pena capital o como mínimo la cadena perpetua para esa clase de crímenes, el 8 de octubre de 2008 (”Sobre la prisión perpetua”), dijimos aquí que tales penas no tienen el efecto disuasivo que se pretende, cuando lo que impera es la impunidad sobre toda clase de delitos.


Ahí reside en parte el carácter demagógico de la propuesta que tan obstinadamente defiende la senadora Gilma Jiménez y que no creemos que tenga respaldo de las directivas del Partido Verde. En el caso de delitos atroces como el de marras, nuestra tesis ha sido la de que se apliquen con rigor las penas existentes en el Código Penal, que para el caso podría ser hasta de 60 años, lo que en términos prácticos equivale a pasar el resto de vida en prisión.


Hace cinco años, cuando empezó a hablarse con horror justificado de la posibilidad de que Luis Alfredo Garavito, el más sanguinario asesino en serie de la historia del país, juzgado por violación y asesinato de 172 niños entre 1992 y 1998, fuera a resultar beneficiario, no sólo de la figura de la acumulación de penas, que le daban un máximo de 31 años de prisión, sino de rebajas establecidas en el Código Penitenciario y Carcelario, por estudio, trabajo, etc., nos opusimos a esa posibilidad y reclamamos del Congreso una reforma urgente de las normas vigentes para quitar esa clase de beneficios a quienes sean condenados por delitos atroces y, en particular, para los que se cometen contra menores de edad.


Eso solo bastaría para hacer justicia, “sin caer en ese ánimo vindicativo y atrabiliario que hay detrás de los escándalos que mueven de tiempo en tiempo estos debates”, como decíamos entonces. Para nosotros, más que instaurar la ley del Talión, es urgente garantizar que la delincuencia no pueda actuar en la mayor impunidad como hasta ahora; que la justicia sí sea pronta y efectiva, y que los delincuentes sean detenidos, juzgados y condenados al más severo castigo que dispongan las leyes según la gravedad de sus delitos.


Por lo demás, no hemos sido partidarios de reformar el Artículo 34 constitucional, que prohíbe las penas de prisión perpetua y destierro, y menos por la vía de referendo, que para mayor abundamiento está excluido en la actual Carta como método para reformarla. Y aparte de modificar el espíritu y la letra de la Constitución, se pretende cambiar la estructura del sistema penal colombiano para castigar con prisión perpetua a un grupo específico de delitos. Ese es el otro componente demagógico y populista que le encontramos al proyecto, pues es absurdo pensar que se pueda resolver con un simple “sí” o “no” del ciudadano raso un tema tan complejo y especializado. Lo advierte la Comisión Asesora en su sapiencia: “Es clarísimo que el proyecto transgrede principios medulares del Estado de Derecho (como los de dignidad de la persona humana, igualdad, proporcionalidad, gradualidad de las penas, del acto, culpabilidad, lesividad, autonomía y libertad de las personas; y, añádase, la capacidad de resocializarse del ser humano), por lo cual equivale a una sustitución de la Constitución”.


Sobrada razón tienen los juristas en su documento, al instar al Congreso a no actuar como “un simple notario” en el trámite de una iniciativa supuestamente popular. “Por el contrario, en el marco de la democracia representativa a él le corresponde deliberar y discutir la iniciativa y, si encuentra que ella es inconveniente, injusta o inconstitucional, debe proceder a rechazarla y ordenar su archivo”. Sería lo más sensato.