Editorial


Privatizada Isagén, ¿qué hacer?
15 de Enero de 2016


La exclusión de EPM como beneficiaria de la OPA implicaría un aterrador detrimento patrimonial de la empresa regional, a cargo del Gobierno Nacional.

El Gobierno de Juan Manuel Santos impuso su determinación de privatizar a Isagén. Como único participante en la “subasta”, el fondo canadiense Brookfield Asset Management logró hacerse a un activo sólido y prestigioso pagando sólo $6,4 billones, ni un peso más del precio base de subasta, y podrá obtener el resto de la compañía pagando $4.300, y hasta menos, por cada acción. En las últimas horas se han expresado importantes dudas sobre el comprador, en virtud de investigaciones que tiene en curso en Brasil o por las calificaciones que analistas canadienses le dan como “caja negra” -o sea de alto riesgo-. 


El proceso de enajenación de Isagén fue ejemplo de las potencialidades de la opinión pública colombiana. Ciudadanos de diversas ideologías y organizaciones trabajaron -y anunciaron que lo van a seguir haciendo- en defensa del patrimonio en riesgo, y lo hicieron así chocaran con el desinterés de un Gobierno que ni siquiera intentó dialogar a partir de los delicados argumentos sobre la inconveniencia de la venta o las posibilidades de apelar a otras fuentes de recursos para financiar la infraestructura. Tal alejamiento repite el que, en su afán de firmar un “acuerdo de paz”, ha tenido frente a las justas inquietudes de al menos la mitad de los colombianos porque lo negociado en la Mesa de conversaciones de La Habana implique subordinar principios fundamentales del Estado de Derecho, como la justicia, a la imagen del apretón final de manos.


Habiendo demostrado reconocimiento de la condición de Isagén como fruto del ahorro nacional de varias décadas y capacidad de entender los múltiples impactos de la enajenación, la ciudadanía sigue teniendo importantes responsabilidades en este proceso, las cuales se suman a las de acompañar las actuaciones judiciales y políticas emprendidas. En las declaraciones para justificar la venta presentando sus posibles beneficios, voceros gubernamentales y del gremio de constructores de carreteras han insistido en que los recursos serán manejados por la Financiera de desarrollo nacional. Sin embargo, en sus exposiciones no han logrado explicar si esta los utilizará para otorgar créditos subsidiados (regalos) a los concesionarios particulares de las vías o si se destinarán a convertir al Estado en socio de la construcción de proyectos de infraestructura, caracterizados por la incertidumbre de su gestión financiera y temporal, así como de su retorno. Los ciudadanos también tienen el reto de vigilar el trabajo del Ministerio de Minas y los organismos responsables de la regulación del sector eléctrico. La incapacidad de controlar a los distribuidores y prestadores del servicio de energía en la costa Atlántica y el tardío descubrimiento de las irregularidades cometidas por las Termogeneradoras en el manejo de los recursos del cargo de confiabilidad, niegan la reiterada afirmación de que el “sector eléctrico colombiano está maduro” y, más bien, demuestran que el Gobierno Nacional necesita todavía realizar importantes esfuerzos para fortalecer al regulador. La acción se hace urgente ya que ahora el 76% de la generación de energía eléctrica del país depende de privados.


A los interrogantes que tiene la opinión pública nacional, Antioquia agrega la incertidumbre frente a las decisiones que deberán tomar la Alcaldía y el Concejo de Medellín, junto a la gerencia de Empresas Públicas, con el 13,14% de las acciones que EPM tiene en Isagén. En el análisis que anuncian han comenzado y les puede tomar dos semanas, antes de presentar su recomendación al Concejo según mandato de la Ley 286 de 1995, el alcalde Federico Gutiérrez y el gerente Jorge Londoño han anunciado los riesgos evidentes que representa la debilidad de EPM como accionista minoritario (y competencia) bajo la nueva composición accionaria. El proceso les permitirá buscar claridad del Ministerio de Hacienda acerca de los alcances del punto 6.1.9 del último reglamento de adquisición, según el cual el comprador deberá “formular ofertas públicas de adquisición voluntaria dirigidas por lo menos a los Accionistas Minoritarios, por la totalidad de las acciones de Isagén que sean propiedad de estos” y que define como minoritarios a quienes tienen menos del 3% de la titularidad de la empresa privatizada. La exclusión de EPM como beneficiaria de la OPA implicaría un aterrador detrimento patrimonial de la empresa regional, a cargo del Gobierno Nacional.