Editorial

Mintic y la Corte Constitucional
30 de Julio de 2015


El Ministerio y la CRC han seguido tomando decisiones que permiten la ampliaci髇 de servicios y redes, a鷑 despu閟 de mayo de 2014, y divulgado su tesis, peregrina, de que el pa韘 no tiene certeza de cu醠es son los equipos que se deben revertir.

A través de los medios nacionales de comunicación, que la publicaron recortada, se conoció la circular con que la Procuraduría General y el Ministerio de TIC conjuntamente notificaron a los alcaldes de su deber de dar cumplimiento al Artículo 193 de la Ley del Plan, que define procedimientos para ubicar antenas de telefonía móvil en sitios que los operadores necesitaren para mejorar su servicio; tal norma parece ser la disposición permanente para resolver conflictos con los planes de ordenamiento territorial y decisiones locales sobre el espacio público, que también es el aire. Ella se contradice con sentencias de la Corte Constitucional, fuertemente controvertidas por los operadores, y revela la orientación de las decisiones que se tomarán en el campo de la reversión de redes celulares, que también ha ameritado pronunciamientos del tribunal constitucional. 


El mandato de la Ley del Plan (1753 de 2015) todavía recibe interrogantes por su impacto frente a sentencias, como la 397 de 2014, en las que la Corte Constitucional ha ordenado “al Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicaciones regular la distancia prudente entre torres de telefonía móvil celular y viviendas, instituciones educativas, hospitales y hogares geriátricos”. En fallo con ponencia de Jorge Iván Palacio, la Corte declaró que por mayoría optaba por “el principio de precaución para garantizar dicho derecho (a la salud de los niños), ante la falta de certeza científica sobre los efectos en la salud humana que trae la exposición a esa clase de onda (de las antenas)”. Doctores tienen el Estado y el sector telecomunicaciones que deberán dirimir el conflicto entre la necesidad de ampliar la cobertura de un servicio público con carácter de esencial y los riesgos que genera en la población.


Por otro lado, la circular sirve como augurio de la posición que tendrá el Ministerio TIC, ahora apoyado por la Procuraduría, frente a la Sentencia C-555 de 2013, mediante la cual la Corte Constitucional confirmó que los operadores de telefonía celular que suscribieron sus contratos en 1994 están cobijados por la Ley 37 de 1993, por lo que desde mayo de 2014 el Estado debía exigir la reversión de los bienes de la concesión. Y es que la diligencia para exigir el cumplimiento de la norma sobre instalación de antenas, vigente apenas desde junio pasado, contrasta con las evasivas del Ministerio TIC, o la Comisión de Regulación de Comunicaciones para imponer la reversión de los contratos y entrega de redes, equipos y otros bienes al Estado, su propietario. También resalta el elocuente silencio de la Procuraduría, así como el de la Fiscalía, para defender el bien público puesto en riesgo.


El Ministerio TIC ha señalado que las responsabilidades en materia de reversión competen a la Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC, presidida por el ministro del área, una composición criticada por la Ocde porque “podría debilitar la capacidad de la entidad de tomar decisiones de largo plazo para el sector”. A esa observación se suman críticas como la de Libardo Espitia, analista en Razón Pública, que ha lamentado cómo “en otros servicios públicos la regulación estatal ha evitado o controlado los abusos de posición dominante” mientras en este sector crece “la falta de control” que ha favorecido a operadores, a los dos dominantes, contra los intereses del Estado. 


En acción interpretada como estrategia para eludir obligaciones, el Ministerio y la CRC han seguido tomando decisiones que permiten la ampliación de servicios y redes, aún después de mayo de 2014, y divulgado su tesis, peregrina, de que el país no tiene certeza de cuáles son los equipos que se deben revertir. ¿Cuál es la utilidad de su falta de decisión?, que ha crecido la presión de los grandes operadores para seguir usando los bienes que pertenecen al Estado colombiano. Es así como se mencionan amenazas de convocatoria a temidos tribunales de arbitramento internacional, manipulación que el Gobierno buscaría contrarrestar convocando a una mesa de concertación, también temible, que debiera definir las características de la reversión. La dilución de responsabilidades para cumplir la orden de la Corte ha sido favorecida por el afán del Gobierno por evitar cumplir el contrato, y el abandono de la Contraloría General al camino que había tomado para garantizar, en este caso y en todos los parecidos, el cumplimiento del contrato, cuyas dudas fueron aclaradas por la Corte. Esa ausencia es orfandad para la seguridad jurídica ¡del Estado!