Editorial

La agenda de renegociaci髇
14 de Octubre de 2016


Con sus juiciosos aportes, las v韈timas y los personeros del No le han cumplido a Colombia.

El Gobierno tiene ya las propuestas de las víctimas, y los partidos y líderes políticos que representan a la mayoría de ciudadanos que votaron por el No a la aprobación del Acuerdo final, así como a muchos, como empresarios o víctimas, que votaron sí aceptando que era preciso hacer ajustes estructurales. El país debe agradecer a los ciudadanos que trabajaron sobre lo negociado, confirmando su compromiso con el fin del conflicto y que, actuando en consecuencia, elaboraron juiciosas propuestas, que resumimos en infografía en las páginas centrales de esta edición, exceptuando la del expresidente Pastrana, entregada muy tarde ayer. Habiendo conocido las iniciativas, estamos atentos al proceso de concertación liderado por el Gobierno, para buscar el “acuerdo incluyente y sostenible” al que han invitado autoridades internacionales y líderes colombianos.


Las propuestas representan a sus autores: la Federación colombiana de víctimas de las Farc; el Centro Democrático, la doctora Marta Lucía Ramírez y el doctor Alejandro Ordóñez. En tanto plurales, cada una tiene prelaciones, énfasis o peticiones singulares, que no desentonan con el enfoque conjunto. Dado su origen ciudadano, tienen también grandes coincidencias que se deben tomar como los ejes, algunos inamovibles que la sociedad colombiana propone para una nueva negociación. En la base común está la demanda por un acuerdo de fin del conflicto armado con mínimos humanitarios, que incluyen la entrega de menores reclutados, personas secuestradas e información sobre las desaparecidas. En tanto el fin de la violencia es la meta del proceso, los voceros exigen que el desarme y la desmovilización sean totales y eficaces, o sea con la entrega verificada de todas las armas y la reincorporación de guerrilleros y milicianos.


El silencio, que niega su carácter de guardiana de la Carta Política, de la Corte Constitucional sobre la exequibilidad del Acto legislativo para la paz, es una vez más sustituido con la voluntad del soberano. Hoy se torna imposible desconocer la unanimidad que reclama cesar la pretensión de equiparar el Acuerdo a un tratado internacional, elevándolo a categoría constitucional. En la misma dirección, es clara la exigencia de que cualquier reforma constitucional o legal se tramite por las vías institucionales, que inician en el Congreso, no en la autonombrada Comisión de seguimiento, integrada por el Gobierno, las Farc, así como los países garantes y acompañantes. Dada la pretensión autoritaria, recuerdan los proponentes de estas modificaciones que el Pacto Nacional, propuesto también por los empresarios, es garantía de estabilidad política y jurídica para el Acuerdo, la desmovilización y la reincorporación.


En fuerte contraste con lo que pasó con el Acuerdo de La Habana, en el que las garantías a las víctimas del conflicto fueron diluidas en un complejo entramado de gabelas a las Farc en justicia, reforma rural, participación ciudadana y participación política, los autores de estos documentos ponen a las víctimas en el centro de la renegociación, formulando, en la práctica, un capítulo integral de reparación y protección. En él sobresalen las coincidencias en exigir reparación total con recursos de las Farc, así como en los requisitos para acceder a los beneficios de la desmovilización, en particular a la justicia transicional: todos reclaman decir la verdad, pedir perdón con sinceridad, sin justificarse y sin minimizar el daño causado. Como era de esperar, las solicitudes más precisas sobre garantías, reparación y protección a las víctimas, son presentadas por Fevcol, y que el Centro Democrático anunció que va a apoyar integralmente.


Consecuente con la precisión que centra el Acuerdo en las víctimas, las propuestas retoman la comprensión de la justicia transicional como un derecho de la sociedad frente a sus victimarios. Por tal motivo, hay unánime rechazo a las sanciones sin reclusión y sin restricciones a los derechos políticos. Y es general la negativa a que los responsables de crímenes de lesa humanidad participen en política o tengan curules antes de cumplir las sanciones. Y hay una importante protección a la democracia en reclamar que no se distorsione la democracia ofreciendo privilegios para la participación de las Farc en política, planeación participativa y medios de comunicación. Con sus juiciosos aportes, las víctimas y los personeros del No le han cumplido a Colombia.