Editorial


El infarto del sistema de salud
22 de Enero de 2016


Reiteró una crisis atribuible a la perversidad de administradores corruptos, a la desidia de controladores ineficientes y legisladores indolentes, y al ¿agotamiento? de líderes que aplican compresas de agua tibia en heridas.

El fallecimiento por desatención y la desidia, irrespetuosa, con el cuerpo de la señora Rubiela Chivará, le pusieron rostro e historia al caos del sistema de salud. Durante cinco meses, la señora intentó que Saludcoop realizara una cirugía salvadora en su aorta. El suyo fue trágico peregrinar que descubrió una crisis atribuible a la perversidad de administradores corruptos, a la desidia de controladores ineficientes y legisladores indolentes, y al ¿agotamiento? de líderes que aplican compresas de agua tibia en heridas que necesitan intervenciones quirúrgicas.


La señora Rubiela es también una de las víctimas más visibles del complejo proceso de intervención y liquidación de Saludcoop, tras la demostración de abusos de un administrador que aprovechó la figura institucional de cooperativa para asaltar los recursos públicos. La insolvencia de la entidad, fuente del deterioro de sus servicios, y la falta de una ley que reordene el sistema, convergieron hasta imponer la liquidación y el traslado de sus 4,3 millones de afiliados a Cafesalud, entidad que, como señala el periódico El Pulso, vio triplicar, casi cuadriplicar sus 1,8 millones de usuarios. Un ascensor sin reparar durante un mes; servicios de urgencias atestados de personas que esperan atención; pacientes sin cita durante varios meses; médicos con salarios precarios y horarios de trabajo multiplicados, son resultados trágicos de una decisión que parecía impostergable, pero cuyos traumatismos nos obligan a preguntarnos si no ha resultado peor el remedio que la enfermedad. Y todo indica que la historia está por repetirse: el Ministerio de Salud determinó el pasado diciembre la liquidación de Caprecom, entidad pública que atendía a pacientes del régimen subsidiado y que fue víctima de sucesivos, y hasta ahora no sancionados, asaltos por carteles de pensiones, contratistas y proveedores, así como de sus administradores. Los 2,2 millones de afiliados de esta entidad serán atendidos por nuevas prestadoras designadas por el Gobierno. A la fecha, las instituciones prestadoras de salud denuncian que no tienen claro quiénes son los responsables de pagar billonarias deudas y cómo van a honrar sus compromisos. 


Sin correr la suerte de Rubiela, pero definitivamente sometidos a difíciles condiciones, miles de pacientes se agolpan en las urgencias de las instituciones de salud más reconocidas por sus capacidades y calidades. Algunos llegan allí porque desconocen capacidades de otros centros; otros, porque son remitidos desde instituciones que perdieron capacidad de atender más pacientes pues se gastaron sus ahorros, algunos más, porque son remitidos a instituciones que aseguran que las deudas acumuladas, que según la Procuraduría ascienden a $5,8 billones sólo con hospitales públicos, frenan sus posibilidades de expansión. 


Con ingresos anuales estimados por las propias autoridades en $38 billones, que provienen de las contribuciones de los asalariados y sus empleadores, de recursos del situado fiscal y de ingresos departamentales, el sistema de salud fue diseñado para que la promesa de aseguramiento universal se realizara en atención integral, oportuna, eficiente y, preferiblemente, preventiva a todos los pacientes. Ya nos referíamos ayer al desangre financiero por corrupción y la necesidad de enfrentar con más decisión ese cáncer, que en el caso del sistema de salud es su principal enfermedad. También nos hemos referido al desangre financiero por vía de órdenes judiciales que obligan al sistema a responder más allá de toda proporción y sentido común al interpretar como una obligación absoluta y de resultado, la garantía de los derechos a la vida y a la salud. En tercer lugar, si la cobertura es una realidad a la cual no debemos renunciar, sí es necesario exigir más eficiencia y transparencia en las administraciones pues es inadmisible que por necesidad una tercera parte de las EPS puedan seguir funcionando a pesar de que han sido calificadas como “malas” en sus estándares de calidad. 


Entre septiembre de 2013 y junio de 2014, los 23 miembros de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes tuvieron la oportunidad de mejorar el proyecto de Ley de Reforma a la Salud aprobado en el Senado. Ello hubiera significado tomar decisiones sobre la entidad responsable del manejo de recursos, sobre la actuación de los administradores del sistema, sobre las cuentas pendientes de pago y las que llegaran, y sobre la vigilancia a los usos de dineros públicos. Los congresistas omitieron actuar. Su actuación detuvo cambios urgentes y fue mensaje perverso a la Fiscalía y la Contraloría, que encontraron excusas para no seguir adelante con los juicios penales y fiscales a los responsables de los peores casos de corrupción del sector: la quiebra de Saludcoop, avaluada en $1,7 billones; el asalto a Caprecom, y el pago de $939.000 millones del Fosyga por servicios que no fueron prestados. Los prestadores de salud señalan la gravedad de la crisis para reclamar una reforma estructural del sistema. En esta crisis, su voz merece una oportunidad.