Editorial

El inaceptable reclutamiento de menores
17 de Mayo de 2016


Nuevamente las Farc imponen al Gobierno gran parte de la carga que les corresponde en la superaci髇 de este crimen contra ni駉s, ni馻s y adolescentes.

Ahora que los negociadores del fin del conflicto armado con las Farc se pretenden constituyentes primarios, el país ha quedado a merced de las notificaciones, apresuradas, de acuerdos “especiales” que imponen transformaciones significativas a la Carta Magna, los tratados sobre derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad, las leyes debidamente tramitadas por el Congreso y las sentencias de las altas cortes. Así ha ocurrido con el acuerdo sobre “la salida progresiva de los menores de edad de los campamentos de las Farc”, eufemismo avalado por el Gobierno Nacional para anunciar que algún día, a decidir por un amplio comité técnico conformado ad-hoc, podría cesar el crimen del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes.


Revela el comunicado sobre este acuerdo que las Farc consiguieron imponer al Gobierno gran parte de la carga que les corresponde en la superación de este crimen contra niños, niñas y adolescentes. En máximo despliegue de cinismo, consiguieron que la mesa asumiera como propio el compromiso que ellos habían ofrecido el 15 de febrero de 2015, cuando anunciaron la liberación de los menores de 17 años y el fin del reclutamiento a quienes estuvieran bajo esa edad. No obstante reiterar el cicatero compromiso en abril, mayo y noviembre del año pasado, esa organización siguió perpetrando el crimen y consiguió reducir en dos años la edad de liberación de las víctimas. Todo ello, con aquiescencia de los personeros del Estado y el aval de los organismos multilaterales.


El reclutamiento forzado de menores de edad es un crimen de guerra penalizado en el Estatuto de Roma, que recogió las prohibiciones de la Convención de los Derechos de los Niños. En Colombia, está contemplado en los códigos de Infancia y Adolescencia y Penal. Pasando por encima de los acuerdos de la humanidad sobre la protección de la niñez y la adolescencia, las Farc han perpetrado este crimen en forma sistemática. En 2002, Human Rights Watch calculó en once mil los “niños combatientes” en las Farc, donde estaban la mayoría, el Eln y las Auc. En 2013, la Fiscalía General anunció que había documentado 5.075 casos de reclutamiento de menores, de los que tres mil habían sido responsabilidad de las Farc. Sólo en 2013, cuando ya avanzaban los diálogos de La Habana, Unicef reportó 58 casos de reclutamiento de menores por las Farc. Y Coalico aseveró que sólo en 2015, las Farc, el Eln y las bacrim perpetraron 75 reclutamientos forzados de menores de edad. A pesar de la contundencia de esos datos, alias iván márquez ha afirmado que sólo darán libertad a 21 niños víctimas. ¿Es sobre la mentira que los firmantes le comunican al país que este es “un acuerdo en el marco de las medidas para construir confianza”?


El comunicado 70 de la Mesa de conversaciones anuncia que las Farc han sido exoneradas de gran parte de sus responsabilidades con este delito. Lo quedan por el eufemismo con el que ahora se le llamará, así como gracias a las decisiones sobre justicia, adoptadas para regular la imputación penal a menores entre 14 y 18 años que se encuentren responsables de participar en delitos. Tan categórico enmascaramiento de esta culpa no tiene un equivalente en fijación de responsabilidades de ese grupo con la verdad -que ya anuncian van a entregar amañada a sus intereses-; su comparecencia ante la justicia, y menos en el establecimiento de mecanismos de reparación a los menores de edad y las familias que han padecido el reclutamiento de sus hijos ¡y ni hablar de los obligados a desplazarse o cambiar su vida para evitar el peligro que los acechaba!


Los acuerdos de La Habana entre el Gobierno y las Farc pretenden resolver el conflicto armado de ese grupo con el pueblo colombiano. Ellos están llamados a convertirse en el modelo para negociaciones futuras con organizaciones equiparables. En tales circunstancias, es de la mayor gravedad que las autoridades se erijan, con las Farc, en constituyentes con potestades autoasignadas para modificar el orden jurídico en materias tan importantes como la protección a los menores de edad y tan dicientes como la definición del momento en que un ciudadano colombiano adquiere la mayoría de edad, y las responsabilidades inherentes a ello.