Editorial

El acuerdo sobre drogas
18 de Mayo de 2014


A pesar de que son responsables y beneficiarias de vincular a los campesinos en los cultivos il韈itos, el acuerdo no impone responsabilidades a las Farc.

El viernes en la tarde, voceros de los negociadores y los países que apoyan las conversaciones de La Habana presentaron el documento con los acuerdos, parciales y pendientes de definición final, que contribuirían, en su criterio, a la “solución al problema de las drogas ilícitas”. Periodistas y observadores coincidieron en saludarlo en tanto propone enfrentar el comercio de drogas con uno de los principales carteles narcotraficantes del mundo, sino el más. El documento publicado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz deja abiertos grandes boquetes de incertidumbre.


Con otros analistas, EL MUNDO ha llamado la atención sobre la condición de las Farc en la mesa de La Habana; lo ha hecho porque el lugar que las partes tengan en la mesa es la fuente de las responsabilidades que deben asumir para realizar en los acuerdos. Aunque el Estado había tomado la vanguardia en el control militar y político del territorio, aceptó, en aras de buscar la paz, habilitar a las Farc como interlocutor legítimo, más para definir con ellas enfoques a problemas y temas que durante los últimos cincuenta años han hecho parte del debate democrático, que para fijar las garantías para su desmovilización y reincorporación en un proceso de justicia transicional, que era lo esperable en las condiciones del país en 2011, cuando iniciaron los acercamientos del Gobierno del doctor Santos y las Farc. El estatus de la guerrilla es fuente de un desequilibrio que se ha vuelto evidente en los acuerdos.


De los tres subpuntos con acuerdo, al que dedicaron mayor análisis y sobre el que se entregaron más propuestas, es el de cultivos ilícitos. Todo análisis sobre este tema debe partir de reconocer, como no lo hace el texto divulgado por el Gobierno, que los cultivos campesinos de marihuana, coca y amapola crecieron en Colombia porque ese fue el interés y afán de los narcotraficantes, que cooptaron, corrompiéndolos, a campesinos pobres y afectados por el conflicto, o que los presionaron o amenazaron hasta obligarlos a participar de la cadena de cultivo, cosecha y procesamiento inicial. Algo parecido a lo que hoy hacen con campesinos en zonas de minería del oro, tema dejado por fuera de discusión a pesar de ser clave en la financiación de las Farc. Es falaz atribuir la participación campesina solo al abandono estatal y declarar que el país apenas empezará a enfocar la solución de los cultivos de campesinos porque se acordó “un nuevo Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito”. A pesar de que son responsables y beneficiarias de vincular a los campesinos en los cultivos ilícitos, el acuerdo no impone responsabilidades a las Farc.


Las minas antipersonal que hay en Colombia fueron sembradas principalmente por las Farc. Después de haber levantado minas que sembró cuando no eran prohibidas, el Estado realiza acciones de desminado humanitario, o sea no tiene responsabilidad en las minas actuales. Aunque el acuerdo sobre desminado es una buena noticia, esta se diluye con el reconocimiento de que las Farc apenas si se comprometen a informar sobre la ubicación de minas para que el Estado asuma la limpieza de los campos dañados por su contraparte en la mesa. Nada se dice de su responsabilidad en caso de no informar sobre todas las minas por ellos sembradas, mucho menos sobre su compromiso de nunca más volverlas a utilizar.


En el acuerdo, el problema del narcotráfico parece negociado en apresurada carrera, como si hubiera primado el afán de presentar un acuerdo, así este desconociera que el mundo, no solo Colombia, está atento a cómo se va a exigir a las Farc asumir responsabilidades como cartel narcotraficante. Solo el afán permite explicar que los avezados negociadores del Estado colombiano hayan renunciado a exigirle a las Farc que renuncien al narcotráfico entregando información sobre los laboratorios, las rutas, los contactos internacionales, sus vínculos con las bacrim y las cuentas en la banca internacional, en las que han acumulado dinero de sobra suficiente para reparar a sus miles de víctimas, si así se los exige el Estado, o para seguir traficando y comprando armas. 


Solo si el Gobierno acepta la tesis que las Farc defienden de sí mismas, sobre que no son un cartel narcotraficante, se puede así entender que participe de un preacuerdo para  “la puesta en marcha de una nueva estrategia contra los activos involucrados en el narcotráfico y el lavado de activos que incluye la identificación de la cadena de valor del narcotráfico mediante un proceso de mapeo del delito por parte de un grupo de expertos”.  La paz es valor supremo de una sociedad, firmarla a cualquier precio es simplemente alargar la guerra que ningún colombiano quiere seguir viviendo.