Editorial

El abandono a los migrantes
10 de Agosto de 2016


No hay que posar de Casandra para reconocer en este pronunciamiento el inicio de un proceso sancionatorio a un gobierno que cambió la tradición humanitaria de Colombia por el apoyo de los Castro a la Mesa de conversaciones.

Llevado a una encrucijada, el Gobierno colombiano ha escogido deportar a los migrantes cubanos que huyen de la irresoluble falta de oportunidades y buscan adelantarse a cambios legislativos en Estados Unidos. La opción represiva es contradictoria con la acogida a 1,5 millones de venezolanos que han llegado por El Dorado buscando oportunidades en Colombia. La respuesta a los cubanos no se compadece con quienes buscan la libertad y oportunidades que la tiranía regente en su país, y hoy tan amiga del gobierno Santos, les niega. 


La canciller Holguín defiende su política alegando que quiere evitar que, como ha sucedido en los últimos años, Colombia siga siendo usada por las redes de trata de personas que “aprovechan su situación geográfica” para impulsar la movilización; perspectiva ingenua, si no cínica, dadas las diferencias, que destacamos en el editorial Las puertas de la migración ilegal, entre la proximidad física de las costas cubanas con La Florida y la distancia de Colombia con Estados Unidos, situación contraria a la fuerte presencia de guardacostas en el primer caso y la escasa vigilancia a las rutas usadas por los migrantes desde las fronteras hasta Capurganá, donde se internan hacia el Tapón del Darién, en un paso facilitado por la ausencia de autoridades y, como denunció la activista Liduine Zumpolle, por la corrupción de las comunidades locales. Con ese panorama, asusta que la ministra Holguín considere un logro que en año y medio hayan sido judicializados (apenas) 38 coyotes. 


La defensa política de la deportación masiva de migrantes muestra indiferencia de la Cancillería frente al enojo internacional con políticas contra migratorias, muchas menos agresivas que la nacional, y admite arriesgarse a repetir el horror de la tragedia de Aylan Kurdi, el niño sirio que murió buscando las playas europeas. Su fría mención a los “migrantes económicos” contradice la historia de un país expulsor de ciudadanos que han buscado horizontes y recibido acogida, en Venezuela, Estados Unidos y España. Al decidir la deportación a rajatabla, el Estado colombiano limita a dos, ambos horribles, los caminos de los cubanos: retornar o emprender un azaroso viaje por la selva. 


El arribo del primer grupo de migrantes a La Habana fue hábilmente aprovechado por Raúl Castro para tirar de las barbas del Tío Sam, apersonándose del reclamo, y necesidad, de que Washington revise las leyes Pies mojados-pies secos y de Acogida a los cubanos, únicas esperanzas de un pueblo sometido a la ausencia de derechos que le ha dado la sexagenaria tiranía de los Castro. Aunque el 78 por ciento de los migrantes en Turbo han “aceptado” la “deportación voluntaria” que promueve la canciller, la mayoría se pusieron en manos de los coyotes, a quienes la señora Holguín dice querer combatir, para un viaje que inicia en el Waffe de Turbo, pasa por Capurganá, y conduce a la travesía por la selva del Tapón del Darién, que una vez más se comprueba que está tan abierta para los criminales que la conocen tanto como la depredan, como cerrada para ciudadanos que podrían transitarlo con respeto por su rica naturaleza y para autoridades que no han podido, o querido, penetrarlas para conocerlas y cuidarlas como reserva del mundo y albergue de vulnerables pueblos indígenas, hoy corrompidos por los tratantes de personas.


La ministra se dice orgullosa del enfoque construido para tratar este grave problema emergente, aunque no reciente, y los directivos de Migración Colombia lo defienden señalando que “tenemos el deber de cumplir las leyes y hacerlas cumplir, en este caso las leyes migratorias. Estamos tomando las medidas que corresponden, en un marco de respeto a su integridad y sus derechos”. Cosa contraria ven la Iglesia Católica, a través de la Pastoral Social de la Diócesis de Apartadó, las ONG y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en fuerte reclamo le recordó al Estado colombiano que “la garantía efectiva del derecho a la vida exige que el Estado debe adoptar medidas de prevención, protección y asistencia cuando tiene conocimiento de situaciones de migrantes en peligro” y le recomendó respeto por el debido proceso para quienes son objeto de las medidas administrativas de expulsión del país. No hay que posar de Casandra para reconocer en este pronunciamiento el inicio de un proceso sancionatorio a un gobierno que cambió la tradición humanitaria de Colombia por el apoyo de los Castro a la Mesa de conversaciones.