El Mundo

En particular y afortunada coincidencia, fueron divulgados ayer dos importantes documentos que entregan reveladores datos sobre el estado nutricional de los colombianos. El más detallado y completo, aunque menos actualizado, fue incluido en el Reporte Global de Nutrición. El segundo hace parte del Boletín epidemiológico semanal del Instituto Nacional de Salud, que incluyó el reporte de fallecimientos de menores de cinco años en eventos que se pueden asociar con desnutrición.

Con la presentación de datos, que son iguales para todos los países estudiados, el informe global permite dejar constancia del desinterés del Estado colombiano, en cabeza del Icbf y los ministerios de Educación y Salud, por la situación nutricional de los ciudadanos, en especial los más necesitados de protección. La prueba de ello es que los registros publicados corresponden al año 2010, algunos al 2012 y apenas unos pocos de 2013, como claramente se aprecia en el sitio http://globalnutritionreport.org/files/2014/11/gnr14_cp_colombia.pdf. Si así están las cosas, hasta parecerá ingenuo espantarse porque datos esenciales de la intervención en seguridad alimentaria, como la absorción de micronutrientes y vitaminas; los registros de la peligrosa anemia de gestantes o sobre acceso al agua potable, correspondan al año 2012 o no hayan sido entregados. Dados tales vacíos, el informe no establece para Colombia un índice de transformaciones institucionales en pro de la mejor nutrición de las personas, en particular de los grupos vulnerables.

El informe entregado por el INS no es menos preocupante. Este registra que en las primeras 35 semanas del año, o sea hasta el pasado 30 de agosto, han fallecido 174 niños por situaciones asociadas a la desnutrición, aunque el organismo no se atreve a señalar la causalidad directa. Tal dato implica que cada 33 horas, ¡menos de 1½ día!, un mal que se puede evitar, se cobra la inocente vida de un colombiano menor de 5 años. Los mayores impactos de esta tragedia humana se presentan en los departamentos de La Guajira, Cesar, Chocó, Córdoba y Vichada, y allí entre los ciudadanos indígenas y afrodescendientes que habitan zonas rurales. En coincidencia con el Reporte Global, el INS relaciona la desnutrición con la limitada educación de madres que no culminan la educación secundaria. Los datos nacionales son preocupantes. Más grave es, sin embargo, que existan fundadas razones para considerar que hay un sub-registro epidemiológico, en tanto algunos organismos evitan estadísticas veraces, no sea que enfrenten recortes presupuestales, o porque existen múltiples poblaciones que no acceden a los servicios de salud, como ayer lo reveló un informe de RCN Radio sobre el municipio de Riosucio en Chocó, o como fue evidenciado hace un par de meses en las denuncias sobre comunidades indígenas de Urrao, que no acceden a alimentos porque las Farc rodearon su territorio con minas antipersonal.

Frente a las nuevas informaciones y reclamos airados por la persistencia de esta tragedia, la directora del Icbf y la ministra de Educación, hoy en día las principales pero no las únicas responsables estatales de la nutrición de los colombianos, se escudan en la corrupción, que seguramente existe, en programas de contratación y entrega de alimentos a cargo de las entidades territoriales. Por eso se hace urgente unificar esas responsabilidades y acometer una política de seguridad alimentaria que destine tantos recursos y haga tanta gestión como sea preciso para atender, empezando por los niños más pequeños, los derechos constitucionales a la seguridad alimentaria, la salud y la vida. El ejemplo está vivo. Al finalizar el año 2000, Antioquia lamentaba la muerte de 153 niños, uno cada dos días, por causas relacionadas con la desnutrición. Contra quienes descreían de las cifras o los escépticos de la posibilidad de actuar integralmente, el gobernador Guillermo Gaviria Correa inició el programa Maná. En 2013, los fallecimientos de niños menores de 5 años por desnutrición fueron siete, este año se ha denunciado la muerte de un niño indígena confinado en Urrao. La experiencia y los logros inspiraron a su hermana, la senadora Sofía Gaviria Correa para promover el proyecto de ley que crea el Sistema nacional para la seguridad alimentaria y nutricional, Sisan, así como la Agencia nacional de seguridad alimentaria, como organismo de la Presidencia de la República responsable de planificar, coordinar y controlar la política alimentaria nacional de una manera integral y definitiva. Hoy reiteramos que Colombia tiene la capacidad institucional y la obligación moral de aprobar cuanto antes esta iniciativa cuida-vidas.