Editorial


Daño “colateral” permitido
3 de Febrero de 2016


El país de las grandes ciudades y los medios de comunicación no ve, y mucho menos entiende, los impactos perversos de los cultivos ilícitos y la minería ilegal.

El dedicar su atención a otros temas más mediáticos, el copamiento de sus capacidades o la abulia en los órganos de fiscalización, control y sanción, hace que los agentes corruptores y corruptos campeen con la convicción de que la impunidad será manto protector para sus fechorías. Ocurre con los escandalosos sobrecostos en Reficar, en los que resulta difícil identificar responsabilidades y controlar los intentos de CB&I por cerrar operaciones en Colombia antes de responder por fallas o abusos en el contrato y luego de sembrar la tesis de su desastre económico. Sucede igual con la venta de Isagén, pues mientras tribunales administrativos y Consejo de Estado siguen aplazando pronunciarse sobre las acciones populares y demandas, Brookfield avanza en consolidar la toma de la compañía y adquirir los títulos de los accionistas minoritarios. Los desastres del binomio minería ilegal-cultivos ilícitos, presente en casi todos los departamentos del país, son otro dramático ejemplo de esa falta de atención suficiente y contundente a problemas absolutamente tan prioritarios como negociar el fin del conflicto con las Farc.


En regiones semi-apartadas de la geografía nacional, las Farc y las bandas criminales han consolidado poderosos aparatos delictivos con pretensiones de control territorial que se sustentan en la minería criminal y los cultivos ilícitos, actividades que practican en forma alterna las más de las veces. La rentabilidad que obtienen de estos delitos les ha dado espacio para abandonar el abominable secuestro, así -como lo hizo alias timochenko en entrevista con Semana- sigan buscando cínicas justificaciones para su atroz comisión. Alejado de los sitios de ocurrencia y esperanzado en la paz que se le ofrece, el país de las grandes ciudades y los medios de comunicación no ve, y mucho menos entiende, los impactos perversos de los cultivos ilícitos y la minería ilegal sobre las poblaciones; el territorio, incluyendo el medio ambiente, la economía de las zonas afectadas y las finanzas públicas.


De acuerdo con fuentes oficiales, el país exportó en 2014 unas 57 toneladas de oro, de las cuales unas 10 fueron producidas en minas tituladas y el resto, 47 toneladas, que a $100.000 el gramo de oro, representan $4,7 billones (¡al año!), habrían sido producidas por mineros artesanales, informales e ilegales y es evidente que el mayor porcentaje sería para esta última categoría. Ello sin contar el oro que se esté sacando del país sin antes ser legalizado en Colombia. De manera que la que pudiera ser importante actividad de generación de desarrollo en las regiones donde se produce el oro y de ingresos tributarios por regalías e impuestos directos, termina convertida en una fuente de enormes ingresos para la criminalidad, como se ha denunciado que lo hacen las Farc con parientes de alias Pablo Catatumbo radicados en Costa Rica, para constituir redes de testaferros que acumulan propiedades y dinero en efectivo, y un verdadero atraco a los colombianos a quienes se les están derrochando recursos no renovables y de paso contaminado y acabando con los ecosistemas de manera prácticamente definitiva. Mientras tanto, las Farc niegan a las víctimas la reparación, alegando insolvencia económica. 


En informe de 2011, que no tuvo efectos disciplinarios, administrativos o penales, la Procuraduría señaló la precariedad e irresponsabilidad de las explotaciones de mineros exonerados de responder ante las autoridades del sector, laborales o judiciales por la forma como desarrollan su actividad. Tumbar bosque sin planificar la actividad y sin tener que realizar nuevas siembras; usar retroexcavadoras que minan los terrenos dejándolos como paisajes de Marte, sin asumir obligaciones con las zonas degradadas, y usar venenos como el mercurio para el lavado del oro, son acciones corrientes entre mineros ilegales. Estas agresiones que pasan desapercibidas para los habitantes de las ciudades porque están ocultas en las cuencas rurales, se vuelven dramáticas cuando impactan en la vida de todos, como viene sucediendo con el creciente daño a los ríos, documentado por el Ejército, y publicado por Semana, a propósito de la pérdida del caudal del río Sambingo, tributario del Patía, que a su vez lo es del Magdalena. El paisaje descrito en el suroccidente del Cauca se repite, según la Defensoría del Pueblo, que en 2010 hizo informe de alerta, en 1.010 municipios del país y ha dañado el 44% de la superficie nacional. Estas prácticas de deforestación de bosques nativos, destrucción de las capas vegetal y freática de centenares de miles de hectáreas, y de envenenamiento de los ríos, matan vida natural y humana mientras las autoridades siguen viendo como único causante al fenómeno del Niño, y organismos auto-proclamados defensores del agua, como el movimiento Ríos vivos, se ensañan con los proyectos hidroeléctricos.