Editorial

Claro arremete contra MinTIC
27 de Agosto de 2016


La jugada, tan aventurera como agresiva, es grave precedente que deben alertar a los responsables de los contratos de concesi髇.

Como había anunciado desde marzo, Claro ha acudido al Centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones de Washington para convocar un tribunal internacional de arbitramento, que suplante al tribunal nacional de arbitramento establecido a principios de este año para definir la reversión de redes celulares que opera desde 1994, aduciendo falta de garantías de seguridad jurídica, y pidiendo que se estudie el caso en el marco del TLC de Colombia y México (país del que es originario Claro), suscrito el 1 de junio de 1994 y vigente desde el 1 de enero de 1995. La jugada, tan aventurera como agresiva, es grave precedente que deben alertar a los responsables de los contratos de concesión y a la que el Gobierno debería responder sólo si se trata de una convocatoria en el marco de la ley.


Este conflicto tiene sus raíces en los contratos de concesión para la explotación del espectro electromagnético suscritos en 1993 por el Gobierno Nacional y operadores de telefonía celular que hoy se conocen como Claro y Movistar. El Estado otorgó concesiones por veinte años, y a su fin los operarios debían revertir “la propiedad de los bienes, en especial de las redes, que permitan la continuidad en la prestación del servicio”, como aclaró ayer en estas páginas el jurista Carlos Atehortúa en su columna Reversión en la telefonía móvil. Ante el riesgo de equívocos sobre la reversión, la Corte Constitucional produjo en agosto de 2013 la Sentencia C555-13 determinando que “se deberá respetar el contenido de las cláusulas de reversión” acordadas en los contratos de 1993. Sin embargo, el exministro Diego Molano impulsó extrañas interpretaciones, como la de que sólo se podía exigir la reversión del espectro electromagnético. En febrero de este año, el ministro David Luna convocó un tribunal nacional de arbitramento, administrado por la Cámara de Comercio de Bogotá, para que decida los términos de la reversión. Aunque ha habido inquietud porque una sentencia constitucional sea sometida a interpretación de árbitros privados, también se han manifestado expectativas positivas por el hecho de que el Gobierno busque respuestas y soluciones a un conflicto que impacta la prestación de un importante servicio público y afecta la estabilidad del erario.


En su solicitud de arbitramento, Claro señala que “Colombia ha violado las obligaciones del Tratado de Libre Comercio con México y del Derecho Internacional al expropiar sin compensación el derecho de propiedad de Comcel sobre los activos afectados al Contrato de Concesión”. Para sustentar su afirmación apela a una interpretación que la Corte había advertido se presentaría diciendo que no es constitucional una interpretación de leyes posteriores a los contratos “en el sentido de que autorizan modificar las cláusulas de reversión pactadas en los contratos de concesión suscritos antes de su entrada en vigencia”. La maniobra argumentativa hecha para impresionar a jueces despistados sobre la seriedad del Estado colombiano en sus relaciones con los agentes privados no consigue ocultar que si alguna seguridad jurídica está en riesgo, ella es la de clientes que pre-pagaron las inversiones y la del Estado que defiende las reglas de juego que incomodan al contratista. 


Paralela a la guerra jurídica, Claro ha emprendido batallas mediáticas facilitadas por medios de comunicación que amplifican las críticas que le hace al Gobierno por nombrar en el viceministerio de TIC a Juan Sebastián Rozo, experto en  un sector en el que las puertas giratorias son incómoda constante. A feroces cuestionamientos al funcionario, la compañía ha sumado la incomodidad, que le surge 23 años después de estar en el país, por las debilidades del regulador del sector por cuenta de la doble condición del Gobierno como actor de las telecomunicaciones (tiene el 30% de Movistar) y vigilante del sector.


En este conflicto en el que están en juego billones de pesos y la calidad de los servicios celulares, el contratista del Estado aspira a sentar el que sería nefasto precedente para el régimen de concesiones, sistema de relación contractual en pleno crecimiento. Si se aceptare la tesis de que la compañía no debe revertir equipos, bases de datos y redes usadas en la operación, mañana el país tendría que admitir que un operador de vías dejase de entregar sistemas de seguridad, tecnologías de vigilancia, casetas de peaje y hasta obras complementarias indispensables para el uso de la vía y que, por supuesto, se entienden parte del contrato de concesión.