Las cifras son alarmantes. En diez meses de calendario electoral, entre el 27 de octubre de 2018 y el 27 de agosto de 2019, la Misión de Observación Electoral -MOE- registró 364 líderes políticos, sociales y comunales víctimas de violencia en todo el territorio colombiano, de ellos 91 (25%) fueron asesinados.

Es decir, en promedio cada tres días están asesinando a un líder político, social o comunal en Colombia, agresiones que se han presentado en 146 municipios de 27 departamentos.

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En el primer mes de campaña de cara a las elecciones regionales del próximo 27 de octubre, es decir del 27 de julio al 27 de agosto, se registraron 20 candidatos víctimas de violencia electoral, 18 hombres y dos mujeres. De ellos, tres candidatos fueron asesinados, todos al Concejo, en Versalles (Valle del Cauca), San Jacinto del Cauca (Bolívar) y Betania (Antioquia), aunque hoy hay que sumar los casos de Karina García Sierra, candidata por el Partido Liberal a la Alcaldía de Suárez, Cauca; Orley García, aspirante por el Centro Democrático a la Alcaldía de Toledo, Antioquia; y Bernardo Betancurt, aspirante conservador a la Alcaldía de Tibú, Norte de Santander, asesinados en hechos ocurridos en lo que va de este mes.

Además, en ese mismo periodo, un candidato a la Asamblea de Norte de Santander sufrió un atentado en Convención, quince candidatos más recibieron amenazas, de ellos nueve aspirantes a Alcaldía, seis al Concejo y uno a la Gobernación, incluyendo dos mujeres (candidatas al Concejo de Pereira y a la Alcaldía de Cartagena).

A eso se suma la denuncia que por amenazas de muerte instauró esta semana ante la Unidad Básica de Investigación Criminal -Ubic-, Germán Andrés Hoyos Meza, candidato a la Alcaldía de El Bagre, Antioquia.

Asimismo, durante esos 300 días del calendario electoral se presentaron 25 amenazas colectivas, por medio de panfletos divulgados en Bogotá; Arauca (capital); Medellín, Ituango y Bello (Antioquia); Riohacha, Fonseca y Albania (La Guajira); San José del Guaviare, El Retorno, Calamar y Miraflores (Guaviare); Ibagué (Tolima); Baranoa (Atlántico); Montería y Tierralta (Córdoba); Toribío y Suárez (Cauca); Cali y Florida (Valle del Cauca); Cúcuta (Norte de Santander); Ancuyá (Nariño); Santa Marta (Magdalena); y en Sincelejo, Ovejas y San Onofre (Sucre), hechos que en el informe de la MOE se atribuyen al Eln, Epl, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y a las “Águilas Negras”.

Este mismo informe de la MOE, que realiza un seguimiento riguroso al proceso electoral, demuestra que la violencia contra candidatos en Colombia no da tregua, porque cada vez están más expuestos a las amenazas, secuestros, desapariciones, atentados y asesinatos.

Y en ese orden, el Cauca es el departamento más golpeado por esta violencia (61 víctimas, 17 asesinatos, 12 atentados y 31 amenazas), seguido de Arauca con 49 víctimas, en su mayoría amenazas; La Guajira con 29 víctimas (28 amenazadas), Valle del Cauca con 29 víctimas (9 homicidios), Antioquia con 22 víctimas (10 asesinatos) y Bogotá con 15 hechos, de los cuales 13 son amenazas.

Trabajo de unidad

La evidente situación de violencia contra aspirantes a cargos de elección popular motivó una inmediata reacción del Gobierno y las diferentes autoridades: “El país está unido para condenar la violencia, proteger la transparencia del sistema electoral y fortalecer la democracia”, dijo el presidente Iván Duque.

“Aquí lo que queremos es trabajar todas las instituciones unidas, unidas con todos los partidos, para que tengamos un proceso electoral cada vez más diáfano, más exitoso para nuestro país”, subrayó el Jefe de Estado al término de la reunión de trabajo de la Comisión Nacional para la Coordinación y el Seguimiento de los Procesos Electorales.

El Mandatario señaló que durante la jornada de evaluación se hizo un llamado a los partidos políticos para que informen, oportunamente, a la Fuerza Pública sobre los desplazamientos de los candidatos que realizan actividades de proselitismo, con el fin de que las autoridades tomen las medidas necesarias de prevención y resaltó que, de igual manera, “se ha respaldado el programa Ágora de seguimiento al proceso electoral, mediante el cual se ha hablado con la organización electoral para fortalecer las denuncias sobre trashumancia, compra de votos o cualquier constreñimiento al elector”.

Al rechazar los casos de violencia contra candidatos, el Jefe de Estado dio a conocer algunas de las acciones que se van a tomar para “que tengamos un proceso electoral más exitoso para nuestro país”, en un trabajo de unidad con las instituciones y los partidos políticos.

“Hemos hablado con todos los partidos para fortalecer las medidas de protección, para que la Unidad Nacional de Protección (UNP) responda con mayor celeridad a los llamados, pero, también, mostrando que se ha producido un avance significativo por parte de la UNP”, anunció el mandatario. Y en ese sentido dio un plazo de 72 horas para que se implementaran todas las solicitudes de protección que se han recibido hasta la fecha.

Esquemas de seguridad

Frente a ese compromiso que le planteó el Jefe de Estado, el director de la Unidad Nacional de Protección -UNP-, Pablo Elías González Monguí, advirtió que aunque es una cifra cambiante, que va en aumento cada día, “en la última semana se han implementado más de 500 esquemas de seguridad que se habían solicitado, con los que se protege a más de 1.500 candidatos”, pero al tiempo expuso que hoy esa entidad administrativa también tiene a su cargo “cerca de 7.600 personas protegidas que venían de antes, más 4.700 líderes sociales que también gozan de esa protección”.

Por eso, dijo, se están haciendo todos los esfuerzos posibles para lograr cumplir esa responsabilidad con todas aquellas personas que han solicitado protección, aunque también aceptó que de la mano de los partidos políticos se está haciendo un proceso selectivo “para que digan quiénes son los candidatos que tienen mayor riesgo”.

Eso, indicó, porque en la logística no es fácil disponer de personal y carros blindados para cubrir esa cantidad de solicitudes en tan poco tiempo, por lo que han tenido que recurrir a los servicios de la Policía Nacional, como lo anunció el presidente Duque, en un trabajo conjunto que les ha ayudado a atender muchos de esos casos.

Lo más preocupante, es que una vez asignados esos esquemas de seguridad no se pueden desmontar de un día para otro, es un proceso que obliga al Estado a gestionarlo cuando se demuestra que la persona está en riesgo y por eso para cortarlo se deben cumplir unos términos y unos plazos, por lo que es necesario evaluarlo cada año para determinar la persistencia o disminución del peligro para el favorecido.

Eso explica que muchas personas, expresidentes o exfuncionarios públicos y sus familias, mantengan esos esquemas de seguridad mucho tiempo después de haberlo solicitado e incluso de haber dejado sus cargos y en algunos casos estar dedicados a otras funciones.

Por un debate electoral seguro

Aníbal Gaviria Correa, candidato a la Gobernación de Antioquia por el Movimiento Ciudadano Es el Momento de Antioquia, con el coaval del Partido Liberal, la U, Alianza Verde y Cambio Radical, confiesa que “la única agresión que se ha presentado en nuestra campaña tuvo lugar el pasado viernes 6 de septiembre. Ese día, más de dos mil voluntarios recorrieron todas las comunas y corregimientos de Medellín y todos los municipios del valle de Aburrá. En horas de la mañana, los voluntarios que estaban en la estación Bello del Metro fueron abordados por personas sin identificación alguna y les dijeron que en ese lugar no podían repartir publicidad de esta candidatura. Nosotros denunciamos el hecho ante las autoridades y las personas que estaban allí recibieron protección policial hasta que terminaron su labor. Por lo demás, nuestra campaña ha llegado ya a 100 municipios de Antioquia, sin que se haya registrado ninguna novedad en cuanto a amenazas”.

Considera el exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín, que “los hechos de violencia que hasta ahora han sucedido, son muy graves y requieren la acción rápida y contundente del Estado. Esperamos que no signifique una actuación sistemática y deliberada contra los candidatos y mucho menos contra algún o algunos movimientos específicos. Por el momento sería difícil aseverar algo de esta naturaleza, puesto que los casos se han producido en diferentes partes del territorio nacional y han afectado a diferentes movimientos y partidos políticos”.

Por estos hechos, aconseja que “el Gobierno tiene que definir una estrategia especial de protección y prevención de la violencia en general y de los candidatos en particular. Atender a las alertas que lancen los candidatos mediante la Unidad Nacional de Protección y activar los organismos de inteligencia y de seguridad para anticipar cualquier riesgo, especialmente en las zonas más complejas como el Cauca, el Catatumbo, el sur de Córdoba o el Bajo Cauca antioqueño, donde se han concentrado con mayor fuerza las amenazas. Corresponde al Gobierno Nacional liderar estas acciones y garantizar un debate electoral seguro para los candidatos durante la campaña y para los ciudadanos el día de las elecciones”.

Sin amenazas, pero con zozobra

“Hasta ahora no he padecido amenazas ni ataques directos a mi persona ni a mi campaña”, dijo Juan Felipe Palau, candidato a la Gobernación de Antioquia por la Gran Coalición por Antioquia de la Política Alternativa y las Nuevas Ciudadanías, avalado por los partidos Colombia Humana-Unión Patriótica y Polo Democrático, aunque tampoco negó que este ambiente preelectoral está marcado por la “zozobra”.

“Por mi historia de vida, apuntó, con más de 26 años en el servicio público y el activismo cívico-político en Medellín y todas las subregiones antioqueñas, afrontando complejas situaciones de inseguridad y violencias en mi entorno de trabajo, he desarrollado la resiliencia necesaria para adelantar mi labor proselitista sin auto-censurarme y sin dejar de ir adonde nuestro plan de campaña lo indica, aplicando medidas de auto-protección blandas”.

“No obstante, admitió, es evidente la zozobra que percibo en algunos integrantes de mi entorno familiar y de mi equipo de campaña, quienes son conscientes del riesgo personal que implica en nuestra región ser candidato representativo de partidos y fuerzas de la política alternativa y las nuevas ciudadanías libres”.

Según Palau, por estudios recientes de la Fundación Pares se sabe que “Antioquia es uno de los siete departamentos más afectados por esta nueva manifestación de violencia electoral, con 14 casos de amenazas o atentados, incluyendo el homicidio Orley García (Q.E.P.D.), candidato a la Alcaldía de Toledo. Esta situación es gravísima para nuestra democracia y produce un profundo daño en nuestra sociedad”.

Daño que, explica, repercute por lo menos en tres sentidos: “En términos político-culturales, destruye en el colectivo la incipiente esperanza de paz y confianza en la reconciliación que se había logrado instalar en gran parte de la población con la firma del acuerdo de fin del conflicto armado entre el Estado colombiano y las Farc-EP y el inicio del proceso de posconflicto. En términos político-administrativos, porque adiciona un factor más al descrédito generalizado de la institucionalidad gubernamental, por su debilitamiento en los diferentes niveles territoriales, alimentándose la anomia o informalidad que, en estos casos, casi siempre deriva en aumento del riesgo de violencia o victimización. Y en el plano político-electoral, ante la evidente inefectividad en la prevención de estos hechos y la insuficiente capacidad de protección para todas y todos los candidatos por parte de las entidades competentes, se profundizan los desequilibrios entre fuerzas de la política tradicional y las de la política alternativa, haciendo que la desigualdad entre quienes disponen de recursos para pagar medidas de seguridad o medios de transporte particulares, puedan desarrollar su proselitismo con más facilidad que quienes deben limitar recorridos y actividades de campaña por factores de riesgo externos”.

Sin embargo, anotó que “reconociendo que en nuestro departamento, desde la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y la gran mayoría de todas nuestras Alcaldías, tenemos tradición institucional de asumir con responsabilidad la implementación de las diferentes normativas, políticas y estrategias de prevención, protección y control, que en cada proceso electoral se implementan, para mí es claro que este problema de la violencia electoral no se soluciona sólo con medidas administrativas. Estas, en el mejor de los casos logran mitigar sus síntomas, lo que ya de por sí es válido, por lo cual las entidades nacionales, departamentales y municipales no deben bajar la guardia y mejorar día a día su coordinación y capacidad de prevención en función de la correcta utilización de herramientas de alerta o información predictiva”.

De todas maneras, señaló, “el meollo del asunto es que esta violencia electoral es la manifestación de un problema raíz de nuestra incipiente formación como Estado social de derecho, por lo que no se puede dejar de plantear lo siguiente: las y los colombianos en general y las y los antioqueños en particular, no hemos logrado construir un auténtico contrato social que establezca unos mínimos pactos colectivos de universal aplicación, entre estos, que la política se hace sin armas, que el dinero se gana trabajando y que los conflictos se solucionan conversando”.