La calidad del aire es responsabilidad compartida

Autor: Dirección
19 febrero de 2018 - 12:00 AM

las acciones deben ser concertadas desde todos los sectores para lograr el objetivo, por lo que, más allá de hacer exigencias a Ecopetrol, cuya calidad de combustibles hoy está por encima de la mayoría de los países latinoamericanos, son los demás actores los que deben emular esa conducta.

En días recientes, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, envió al presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, una carta en la que le solicitaba a la empresa estatal petrolera distribuir en Medellín y los municipios del Valle de Aburrá un diésel de 10 partes por millón (ppm) de dióxido de azufre (actualmente está en 50 ppm) y una gasolina de 50 ppm de dióxido de azufre (actualmente está en 300 ppm) como medida para mitigar la contaminación ambiental en la región, agravada no solamente por sus características geográficas sino por el aumentado desbordado del parque automotor. Si bien es importante y deseable que Ecopetrol produzca y distribuya, no solo en Medellín sino en todo el país, combustibles de la más alta calidad, no se puede perder de vista que las acciones para mejorar la calidad del aire no pueden descargarse en un solo responsable sino que deben hacer parte de una política en la que todos los actores involucrados actúen de manera coordinada.

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Sería injusto no reconocer que Ecopetrol, desde hace ya varios años, ha venido haciendo cuantiosas inversiones para modernizar sus refinerías. Por ejemplo, en la Planta de Hidrotratamiento de Barrancabermeja se invirtieron 1.100 millones de dólares, mientras en la Refinería de Cartagena la inversión terminó contaminada por sobrecostos desproporcionados que están siendo objeto de las debidas investigaciones, pero no por ello ha dejado de cumplir el propósito de mejorar los combustibles. Sin embargo, los ministerios de Minas y de Ambiente no han dado el paso para modificar la regulación vigente y exigir en estas plantas la producción de diésel y gasolina acordes a la norma Euro V, en momentos en que en el Viejo Continente ya están dadas las condiciones para comenzar a exigir la norma Euro VI, momento en el cual nuestro país quedará aún más rezagado en materia de política ambiental.

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Por su propia iniciativa, algunas empresas comercializadoras de vehículos de carga y pasajeros han comenzado a importar al país equipos bajo la norma Euro V que al ser operados con combustible Euro IV, que es el vigente en Colombia, sufren problemas técnicos que desincentivan el esfuerzo privado. De otro lado, Ecopetrol argumenta que producir combustible bajo la norma Euro V para un país donde la mayor parte del parque automotor trabajo todavía con máquinas que apenas cumplen la norma Euro III conllevaría un esfuerzo económico vano, pues el efecto sobre la calidad del aire sería nulo. 

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Es  evidente, entonces, que las acciones deben ser concertadas desde todos los sectores para lograr el objetivo, por lo que, más allá de hacer exigencias a la petrolera, cuya calidad de combustibles hoy está por encima de la mayoría de los países latinoamericanos, son los demás actores los que deben emular esa conducta. En ese sentido le cabe responsabilidad al Estado para exigir la renovación de su parque automotor y dictar medidas que obliguen a los privados a hacerlo mientras que, de manera paralela, se incentiva el uso de fuentes alternativas como los biocombustibles, el gas natural y la energía eléctrica, se promueve el mayor uso del transporte público en detrimento de carros y motos particulares y se estimula la utilización de la bicicleta, lo cual debe ir acompañado de una política de ampliación, conservación y defensa de las ciclorrutas, que hoy día son constantemente invadidas por carros, motociclistas, peatones y venteros ambulantes, lo que atenta contra quienes se quieren sumar a este modo de transporte.

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La revisión técnico-mecánica y de gases es otro aspecto en el que las autoridades deben afinar los controles, pues se han denunciado numerosas formas de hacerle trampa a este control, lo que es evidente para cualquier ciudadano que haya visto transitar por las calles verdaderas chimeneas rodantes para las cuales sería inexplicable el haber pasado la prueba. Tampoco se pueden dejar de lado las fuentes fijas de contaminación, que emiten el 33% del material contaminante en la región, ni el sector de la construcción, cuya maquinaria pesada también utiliza combustibles, además de ser el que mayor uso hace de las volquetas, que aunque en la región son apenas el 5% del parque automotor, contribuyen con el 22% de la carga contaminante. 

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Como responsabilidad compartida, el mejoramiento de la calidad del aire pasa por la implementación de iniciativas que busquen también generar conciencia por igual en todos los actores, a quienes se les deben exigir compromisos y resultados, algo que no quedó muy claro en el recién firmado Pacto por la Calidad del Aire que fue presentado el pasado 2 de febrero y que, según información oficial, fue suscrito por 66 entidades. Insistimos en que algo se logra con la sumatoria de resultados individuales pero la sinergia será mucho mayor cuando haya una coordinación clara en las acciones a tomar. Más allá de las activaciones mediáticas encaminadas a mostrar que sí se está haciendo algo, lo que verdaderamente le aportará a la salud de los ciudadanos y a la sostenibilidad será hacer cumplir y ajustar cuando sea necesario, las estrategias ya existentes, como es el Plan Integral de Gestión de Contaminación del Aire, una estrategia planteada a 2030 para mejorar progresivamente la calidad del aire del área metropolitana del Valle de Aburrá, para salvaguardar la salud pública y elevar el bienestar social, tarea cuya coordinación está encomendada al Área Metropolitana.

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