¿Acaso no es un sitio público, además de habitado por personas mayores, la avenida la Playa en la que se concentraron hace algunas semanas más de cinco mil personas en la llamada marcha de la marihuana?
El asunto de las sustancias sicoactivas tiene varios aspectos en los que varían las posiciones y fundamentos morales de las personas. Hay mucha hipocresía y doble moral sobre este asunto. No hay argumentos para negar que el tráfico de estupefacientes se ha vuelto uno de los negocios más lucrativos, en los que se involucran poderosos y gobiernos de estados que sin los dineros que derivan de ello, no podrían subsistir. Hasta la Iglesia ha caído en la tentación de los dineros fáciles, hasta el punto de que un finado cardenal colombiano sostenía que los dineros de la mafia se santifican cuando se convierten en diezmos y primicias.
El santanderismo con el que describimos la tendencia que tenemos en Colombia a reglamentarlo todo, repitiendo prohibiciones y haciendo de la interpretación de las normas un camino tormentoso, ha acrecentado el trabajo de nuestros jueces, pero también ha magnificado el valor de sus decisiones. No obstante, preocupa la actitud de un grupo significativo de ciudadanos que manifiesta su inconformismo desprestigiando a los miembros del Poder Judicial, incitando al desobedecimiento. Cuando esto sucede estamos ante la primera fase de la descomposición y el totalitarismo que es la destrucción del Derecho.
El tema de la salubridad es asunto de las autoridades administrativas. A los organismos de policía solo les corresponde aplicar lo que el Congreso y el Gobierno crean en materia normativa. Es preciso, entonces, que legislar y gobernar estén en el marco de lo constitucional y de los derechos ciudadanos. Si la Constitución consagra un derecho y al presidente se le ocurre una cosa distinta, está la instancia de las altas Cortes para corregir el rumbo de la ignorancia y la inconstitucionalidad. Estarían pecando contra la Nación y las funciones de sus cargos los jueces y magistrados que desconozcan la jerarquía normativa.
Se ha presentado toda una andanada de insultos y acusaciones presuntuosas contra la Corte que señala que hay unas consagraciones de la L.1801 de 2016 van en contra de los que señala la Constitución. Exactamente dice la Corte que el consumo de drogas y licores en sitios públicos es permitido a la luz de nuestra Carta. Pero ¿qué autoridad de Medellín, por ejemplo, podrá criticar tal decisión? ¿Acaso no es un sitio público, además de habitado por personas mayores, la avenida la Playa en la que se concentraron hace algunas semanas más de cinco mil personas en la llamada marcha de la marihuana?
En los años setenta, los primeros de la ciudad universitaria de la calle Barranquilla, se fue armando lo que después llamamos el aeropuerto, en torno de la cancha de fútbol. El consumo y microtráfico ha sido de tal normalidad que casi cincuenta años después persiste. El parque del Periodista, el del Bicentenario, el Lleras y tantos otros se volvieron centros de consumo de drogas sin que haya control alguno. Que no vengan ahora nuestros administradores a decir que la culpa es de la Corte. El narcotráfico y la guerra entre guerrilla y paracos, todos mafiosos, es la prueba de cierta permisión del Estado.
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