No cabe la más mínima duda que en el historio constructivo de la obra más majestuosa y promisoria que se hayan propuesto los antioqueños y también los colombianos, porque es un proyecto de magnitud internacional y de los más prometedores y ambiciosos que se hayan podido dar en nuestro continente en las últimas décadas, se han cometido muchos desaciertos e improvisaciones. De allí viene la magnitud de la angustia, decepción y desesperanza, por no decir que dolor y rabia, que se han generado a causa de las enormes irresponsabilidades que se han presentado en el trascurso de su ejecución, por parte de quienes han tenido la inmensa responsabilidad de velar por que las cosas salieran bien; esto es, los constructores y quienes hayan tenido la misión de hacer las respectivas interventorías que tan trascendental y delicado proyecto requería.

Este horrible caos lo ha denunciado también el propio gobernador, Luis Pérez, quien entre otras cosas, así algunos no quieran reconocerlo, pero es la verdad, ha sido el único gobernante que ha salido, con gran valor civil, a darle la cara al debate, hablando claro y sin tapujos, a reconocer públicamente, lo mismo que a reclamar por los desafueros y errores cometidos, cuantificando y señalando, inclusive, cuáles fueron los errores más protuberantes y alertando no sólo sobre los muchos errores que se han cometido, por parte de los constructores y las grandes pérdidas ocasionadas, sino también de los futuros y graves problemas que se pueden seguir presentando respecto de la estabilidad de las obras; en materia de convivencia social; en el campo económico y presupuestal; además de los incontables inconvenientes y dificultades que se le han presentado a los pobladores y territorios aledaños al proyecto, o que están ubicados a los largo y ancho de esa extensa cuenta hidrográfica y que sirven de cauce a este significativo afluente y que aún no salen del asombro, no sólo por los negativos efectos causados por la aludida obra, sino también por las nefastas consecuencias que se les ha originado, sin que nadie les hubiere advertido y socializado suficientemente y con anticipación todas estas problemáticas y temores que ahora los tienen, y quién sabe por cuánto tiempo más, en delicadas situaciones y penurias, tanto económicas, como sociales , familiares, ambientales, etc., etc.

Lo que prometió ser el gran orgullo del talento y la creatividad paisa y la salvación económica de sus finanzas y de su desarrollo, se ha convertido en un lamentable motivo de preocupación y tristeza, pues a la postre ha resultado ser uno de los más grandes y graves fracasos de los que haya tenido conocimiento nuestra historia reciente y de lo que se hayan imaginado las poblaciones e instituciones más afectadas con estos lamentables episodios.

Pero a pesar de todo ello, infortunadamente, no es el único caso de esta índole que sucede en nuestro maltrecho país, en donde han campeado libre, y sin obstáculo alguno, la desidia, la irresponsabilidad y el incumplimiento descarado y hasta delincuencial de muchos de los que se han dedicado a la puesta en marcha de las grandes obras y proyectos que ha necesitado nuestro país, para su apertura social y económica. Con razón estamos como estamos, pues los descalabros financieros, los sobrecostos y el incumplimiento de todo tipo, en los procesos constructivos de nuestras obras públicas, ya se han vuelto un denominador común, sin que nadie le ponga efectivo “tatiquieto” o solución a este penoso e irresponsable actuar.

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Frente a Hidroituango, no han valido para nada, las múltiples y hasta desesperadas advertencias que han hecho las poblaciones afectadas, desde mucho tiempo atrás, a través de sus líderes y veedurías ciudadanas, e inclusive,  desde antes de que empezará el proyecto y el debacle social que se ha generado en los territorios y pobladores que están asentados en los alrededores de dicho lugar y a lo largo de ese importante afluente, por más incisivos y elocuentes que hayan sido en la justa protesta que muchos emprendieron, para advertir y tratar de morigerar siquiera los impactos tremendos que en muchos campos vieron venir y que trataron de evitar, sin que nadie escuchara sus clamorosas voces, pidiendo ayuda y advirtiendo sobre este delicado asunto. Pero a pesar de que -como reza el adagio popular- “la voz del pueblo es la voz de Dios”, nada pudieron hacer ante la arrogancia y poder de la gran empresa y dirigencia, protagonistas de tan graves exabruptos e irregularidades.

¿Quiénes serán pues los responsables y cuándo habrá total claridad sobre todo lo que falta por conocerse sobre esa cuestionada obra? Lo único que se sabe hoy, con toda claridad, como lo ha venido insistiendo valerosa y vehementemente el señor gobernador Pérez Gutiérrez, es que EPM, como empresa contratista y directamente encargada del proceso constructivo, es la más llamada a brindar las explicaciones y a responder, como es apenas natural y lo que debe de esperarse de un contratista serio, por los tropiezos y pérdidas que de todo tipo se han originado en la susodicha relación contractual, llamando a los subcontratistas, a las aseguradoras y a los que tomaron esas absurdas e irrazonables decisiones y de una vez por todas se le brinden al departamento y al país las explicaciones y contraprestaciones que toda esa oscura mezcla de desaciertos e improvisaciones ha generado.

Es increíble, ahora lo que se observa es que en vez de que se señalen, o se asuman esas  responsabilidades, lo que casi que ha habido que hacer es agradecer y hasta felicitar, con honores y aplausos, a algunos altos funcionarios que ufanos de haber sido muy “diligentes”, en el establecimiento de algunos correctivos, posan altivos (yo diría con gran arrogancia), en las ruedas de prensa, dando a conocer tardíos y pírricos logros en el proceso reconstructivo. Inexplicable resulta esa oscurantista actitud, constituyéndose en una ofensa más a la buena fe de un pueblo que sólo quiere que se le diga la verdad y se le restablezca el derecho a vivir sin la zozobra permanente que hoy tiene a todos en vilo.

¡Qué vergüenza!, ni siquiera se ruborizan, ante tan estruendosos fracasos en el manejo de los recursos públicos, que –como todos sabemos- son sagrados y pertenecen solo y exclusivamente al pueblo.