A raíz de la incertidumbre que se presentó por la entrada en operación de Hidroituango, mediante Resolución 104 de 2018 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), el Gobierno Nacional convocó la primera subasta de energía del presente año. Mediante esta convocatoria se busca adjudicar varios contratos para garantizar la energía firme que requiere el Sistema Interconectado Nacional (SIN) a partir de los años 2021-2022. Aunque en principio cerca de 45 proyectos parecían cumplir con las condiciones exigidas por la Creg (y por la Unidad de Planeación Minero Energética-Upme), la supuesta falta de garantías, la presencia del proyecto Hidroituango de EPM en la subasta y la no terminación de las obras llevaron a que 11 proyectos desistieran del proceso, entre ellos: Tasajero III, Termobijao, Termo Paipa 4.2, Termopalmero, Central Térmica La Luna, Tebsa Ciclo Combinado y GT23, entre otros.

Lea también: Los verdaderos riesgos de Hidroituango

El interés manifiesto de EPM en la referida subasta se basa en la confianza a que ha se llegado sobre la gran probabilidad de recuperar Hidroituango, una vez asegurada la estabilidad de la presa y  de la bóveda de la casa de máquinas, los dos núcleos esenciales de la central gran central hidroeléctrica que esta construyendo.

Ante algunas oposiciones que han surgido por parte de sus competidores en la puja,  EPM defiende el derecho a su participación, confiada en que Hidroituango tendría energía firme disponible ofertarle para la subasta “cuyo compromiso inicia un año después de la expectativa de entrada en operación”.

La decisión de participar en la subasta, desde el punto de vista empresarial se considera perfectamente racional y de la mayor conveniencia para el país. Los ingresos de una planta hidroeléctrica, como lo va ser Hidroituango, provienen de tres fuentes: los contratos de largo plazo, las ventas en la bolsa y los ingresos por cargo de confiabilidad. Estos últimos, que se definen en la subasta de energía firme, pueden llegar representar hasta un 20% de los ingresos totales, razón por la cual resultan cruciales para la viabilidad financiera del proyecto Hidroituango.

Sin la participación de Hidroituango, la referida subasta de la Creg estaría dominada por las ofertas de las plantas térmicas (que generan la energía con gas, diésel o carbón). Como estas plantas venden poco o nada en contratos de largo plazo, sus ingresos dependen de sus ventas en bolsa y, sobre todo, del cargo por confiabilidad. Se estima que sin Hidroituango la subasta arrojaría un cargo de US$ 23 por megavatio-hora (MWH); mientras que con el proyecto de EPM, según el reconocido economista Luis Guillermo Vélez A, sería de US$ 17 por MWH (Adelante con Hidroituango, Publicación Al Poniente del 20/02/19). Esto significa, ni más ni menos, una reducción de un 26% en los costos que, finalmente, debe asumir  el usuario.

Si Hidroituango no participase en la subasta, se presentarán dos situaciones desfavorables, en primer lugar, el precio de la energía se encarecerá en el mercado por las ofertas más altas de los generadores térmicos, y, en segundo lugar, Hidroituango constituirá un exceso de capacidad de generación ociosa. Ambos hechos serán muy costosos para los consumidores. Por otro aspecto, gran parte de la generación térmica que se ofertaría se haría con carbones exportables, que tienen un alto precio de oportunidad en el mercado internacional. A esto se agrega que Hidroituango generará energía más limpia que aquella proveniente de la combustión con gas natural (en parte importado), diésel o  carbón.

Pero aun así, por causa de decisiones administrativas de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) el panorama no está todavía despejado para Hidroituango. La licencia ambiental del proyecto, como es sabido, está parcialmente suspendida desde mayo de 2018, cuando la Anla ordenó una serie de medidas sobre manejo ambiental y dispuso que solo podían ejecutarse las acciones tendientes a superar la emergencia, mas no aquellas conducentes a hacer operativo el proyecto. Por otro aspecto, las demandas de nulidad de la licencia ambiental, interpuestas por el Movimiento  Ríos Vivos y por  el Colectivo de Abogados Alvear Restrepo constituyen otros serio riesgo para el proyecto.

Para seguir avanzando con Hidroituango es necesario que la restricción de la Anla sea levantada cuanto antes, para permitir la iniciación de los trabajos de montaje e instalación de los equipos electromecánicos. Se entiende que las autoridades ambientales están instituidas para propiciar el desarrollo de los proyectos sostenibles no para impedirlos, eso sí garantizando la seguridad e intereses de las comunidades directamente afectadas y la protección de los ecosistemas, algo que EPM desde el mismo inicio de la contingencia creada por el accidente de Hidroituango viene haciendo con especial esmero y rigurosidad.

Lo invitamos a leer: El profesor Modesto Portilla e Hidroituango

Además de las autoridades ambientales, para seguir adelante con Hidroituango EPM se requiere del apoyo del Gobierno Nacional, de los organismos de regulación y de los entes de vigilancia y control. Las investigaciones sobre las causas de la emergencia, así como las responsabilidades de diversa índole que de ellas puedan derivarse, no pueden convertirse en un obstáculo para la terminación del Proyecto Hidroituango, el cual es esencial para la seguridad del SIC y de todos los colombianos.