Esperanzas postergadas

Autor: Dirección
21 septiembre de 2019 - 08:56 PM

La responsabilidad por tan descarado incumplimiento compete principalmente a los contratistas, pero a ella no son ajenos los interventores y el Ministerio de Educación Nacional.

Medellín

Desde 2016, y posiblemente hasta 2022 o más años, cerca de 150.000 estudiantes de 540 instituciones educativas del país se enfrentan a una de sus primeras y más grandes decepciones con la gestión de lo público y la garantía de sus derechos. Ellos sufren en su cotidianidad las incomodidades y afectaciones producto del incumplimiento de dos contratistas del Fondo de financiamiento de infraestructura educativa, creado por el Ministerio de Educación, que debían haber terminado la construcción, mejoramiento o restauración de 5.600 aulas en todo el país. Para el proyecto, el Ministerio de Educación, las gobernaciones, los municipios beneficiarios y varias áreas metropolitanas destinaron COP 3.2 billones de pesos, de los que se han desembolsado, para el pago de obras terminadas, COP 998.000 millones. Los COP 2.2 billones restantes permanecen en la fiducia listos para cuando se terminen las obras pendientes.

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El gigantesco proyecto con el que el Gobierno Nacional iniciaba la construcción de megacolegios se concibió en el marco de creación de la jornada única educativa, medio por el cual la administración de Juan Manuel Santos se propuso afianzar la garantía del derecho a la educación, impactando en su calidad, gracias a que en el período precedente se había logrado llegar a la meta de la cobertura universal hasta la educación media. La virtuosa iniciativa construye equidad, gracias a que la educación es el mejor instrumento de inclusión y acceso a las oportunidades y a que se ampliaba el alcance del programa de alimentación escolar. Además, el modelo potencia a la institución educativa como entorno protector para niños y jóvenes cuyas familias no alcanzan a cuidarlos y que carecen de espacios adecuados para su libre desarrollo. Las esperanzas por tales beneficios han sido aplazadas por malas decisiones gubernamentales y debilidades institucionales que no lograron contrarrestarlas.

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Desde que fuera promulgada la Constitución de 1991, que en su artículo primero proclama que “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales…”, sucesivos congresos y gobiernos han actuado para recentralizar las decisiones y limitar la autonomía de departamentos y municipios. Arropado con la excusa de la corrupción, el gobierno de Juan Manuel Santos impulsó una lesiva reforma constitucional sobre las regalías y desde el Ministerio de Educación, bajo la regencia de Gina Parody, le arrebató a las regiones decisiones y controles de su directa competencia, en el PAE, atrabiliaria decisión que fue preciso reversar, y la gestión de la infraestructura educativa. Fue así como en 2015, el Ministerio de Educación constituyó el Fondo de financiamiento de la infraestructura educativa, Ffie. Este organismo dividió al país en cuatro a fin de adjudicar contratos a los que se presentaron nueve aspirantes; finalmente, el 62% del programa fue entregado a dos contratistas: Mota-Engil, y Germán Mora Insuasti. Tal decisión es tan complicada de explicar como difícil es entender el silencio político y mediático que la toleró.

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A tres años del inexplicado proceso de contratación, el país asiste espantado a sus resultados. Para terminar las obras adjudicadas a Germán Mora fue necesario que este cediera sus contratos mientras que el Ffie trabaja para declarar el incumplimiento de Mota-Engil, firma que apenas entregó 27 de las 248 instituciones educativas que se comprometió a restaurar o construir en un compromiso al que empezó a fallarle al subcontratar obras sin contar con autorización y en el que fracasó rotundamente al tener, aun hoy, proyectos con avance cero. La responsabilidad por tan descarado incumplimiento compete principalmente a los contratistas, pero a ella no son ajenos los interventores y el Ministerio de Educación Nacional, que no hicieron suficiente seguimiento a un proceso que comprometió importantes recursos públicos, que están cuidados en la fiducia pero no han sido invertidos con eficacia y oportunidad.

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A los entes territoriales y la comunidad educativa, este desacertado proceso les ha traído dificultades e incomodidades, gastos inesperados y hasta el aprovechamiento propagandístico por demagogos en campaña electoral. Sin embargo, como en todo momento de la educación, también les ha enseñado a ser resilientes ante las dificultades, lo mismo que a tomar la palabra con dignidad para denunciar a contratistas tan carentes de vergüenza y respeto por sus obligaciones que, al verse sorprendidos en la dimensión de su timo al erario, han apelado a la vieja trampa de los contratistas mañosos: amenazar a la Nación con blandir en su contra la espada de la justicia.

 

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