La vida política española sufrió un giro de 180 grados después de que la moción de censura contra el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, presentada el 25 de mayo por iniciativa del Partido Socialista Obrero Español (Psoe), alcanzara ayer contra todos los pronósticos 180 votos a favor, gracias al apoyo de la coalición de izquierda Unidos Podemos y de los grupos nacionalistas e independentistas del País Vasco y Cataluña. Así, tras un debate que comenzó el jueves, el Congreso sacó adelante la moción, por primera vez en 40 años de democracia, y eligió como nuevo presidente al socialista Pedro Sánchez, quien había intentado formar Gobierno tras las elecciones de diciembre de 2015 y de junio 2016.

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España escribe así una importante página en la lucha contra la corrupción que el mundo libra de manera decidida, aunque con disímiles resultados. Como fenómeno global, son cada vez mayores las los mecanismos  para hacerle frente, pero no cabe duda, tomando el caso español y lo recientemente ocurrido en Perú, que es la independencia de poderes el instrumento que mejores respuestas ha brindado. En el caso español, la rama judicial pudo adelantar el proceso de manera independiente al desarrollo de las ramas legislativa y ejecutiva y, al momento de dictar sentencia, esta fue acatada de manera unánime, a pesar del estruendoso desenlace.

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La iniciativa en contra de Rajoy surgió después de que la justicia española condenara al Partido Popular (PP) por fraude, lavado de dinero y evasión de impuestos, entre otros delitos dentro del llamado Caso Gürtel, en referencia al empresario Francisco Correa Sánchez, cuyo apellido Correa en idioma alemán dio nombre al proceso. Correa habría sido el cerebro tras la trama de corrupción, por lo cual fue condenado a más de 51 años de prisión, mientras el PP fue multado con 245.000 euros por haberse beneficiado de la misma. Los hechos habrían ocurrido entre 1999 y 2005, época en la que Rajoy escalaba posiciones dentro de su colectividad. Sin embargo, las investigaciones tomaron notoriedad desde 2013, cuando fue capturado el senador y tesorero del PP Luis Bárcenas, quien confesó que el partido había manejado una contabilidad oculta, producto de donaciones de empresarios, y que algunos funcionarios habían recibido bonificaciones que les fueron ocultadas al fisco. Frente a los hechos, el hoy expresidente del gobierno español siempre sostuvo que no conocía la contabilidad de su formación, lo que dio pie a sus opositores para cuestionar la credibilidad tanto de Rajoy como del partido que estaba al frente del gobierno.

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Pedro Sánchez se convertirá hoy, cuando jure ante el Rey Felipe VI, en el séptimo presidente del Gobierno español y el tercer socialista desde la restauración de la democracia en 1977. Sus retos, más allá del personal de lograr permanecer en el poder hasta el final de la actual legislatura, que inició en 2016 para un período de cuatro años, pasan por superar la profunda crisis interna que, según observadores de la política española, tiene a la nación al borde de una guerra civil por la profundización de las divisiones, principalmente frente a Cataluña. Tal vez por la exigua gobernabilidad de Rajoy tras las elecciones de diciembre de 2015 y de junio de 2016, en las cuales el PP no logró la mayoría suficiente para formar Gobierno, lo que más se le criticó fue su inacción para hacer frente a la crisis, su tendencia a quitarle autonomía a las regiones de la misma manera que lo había hecho José María Aznar en el pasado y la radicalización de sus posturas, lo que generó, primero, un crecimiento del apoyo independentista, que en el caso de Cataluña pasó de un 7% a un 47% y, por otro lado, a la unión de los extremos políticos que terminaron por sacarlo del camino.

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En este escenario, la llegada del nuevo presidente es vista como una oportunidad para el país, pese a que Sánchez también entra al Palacio de la Moncloa caminando sobre una cuerda floja,  pues su permanencia en el poder sólo será posible en la medida en que logre mantener la alianza con los catalanes. Su capacidad para navegar las aguas turbulentas de sus diversos apoyos y devolver autonomía a las regiones sin que el resto de España entienda esto como una victoria de sus enemigos, serán la prioridad en su agenda de Gobierno.