Imagino que mis lectores están esperando unas líneas sobre las elecciones pasadas, y eso haré, tanto en Bogotá como en Medellín, por ahora.

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Lo primero que tengo que decir es que la ausencia de segunda vuelta en caso de que ningún candidato alcance el 50% de la votación, conduce a gobiernos locales y regionales de minorías que catapultan sus plataformas políticas e intentan por todos los medios imponerlas, como ocurrió, en las elecciones de 2015, con Petro en Bogotá, quien ganó la Alcaldía con el 32% de los votos, con Bogotá Humana, con todas las consecuencias negativas para esa ciudad. En Medellín, Federico Gutiérrez, sacó el 35,64% de los sufragios. Y esto se repite en las distintas capitales del país.

En las presentes, Claudia López obtuvo el 35.2%, en Bogotá y Daniel Quintero, el 38.49%, en Medellín, y aunque el porcentaje de votos es mayor, no dejan de ser minoritarios.

A través de una reforma constitucional, para las elecciones del 2023, el Congreso aprobó la segunda vuelta para Bogotá, pero es necesario ampliar esta determinación para las capitales de los departamentos. Esta medida obligará a hacer coaliciones y buscar consensos que faciliten la gobernabilidad en estas urbes. Y lo mismo podría aplicarse a las gobernaciones, por idénticas razones. Ya en las anteriores elecciones hice esta propuesta.

El otro punto tiene que ver con la cultura política y se aplica, por supuesto, a los ámbitos nacional, regional y local. Por definición, un candidato compite para ganar. Pero hay ocasiones en que esta lucha por el reconocimiento, lo lleva a tomar decisiones en contravía del interés político de la tendencia que representa, y mantiene su candidatura contra viento y marea, a sabiendas que el resultado para él será negativo, pero también para las corrientes afines con las que podría gobernar.

Y lo hacen tal vez creyendo que se van a posicionar para la próxima contienda electoral, soñando ilusamente que las condiciones políticas le serán propicias en el futuro, pero causando desastres en el presente, como ocurrió en Bogotá y en Medellín, donde la centro derecha perdió y permitió que el populismo de izquierda volviera al poder en Bogotá, y llegase por primera vez, en Medellín, a ejercerlo, en ambos casos con consecuencias que podrían ser catastróficas. Por ejemplo, Medellín se perdió porque fue imposible una alianza del candidato del Centro Democrático con la corriente de Seguimos contando con vos, de Santiago Gómez, afín al alcalde Federico Gutiérrez; y en Bogotá, ocurrió lo que señalé en la anterior columna: que ninguno de los candidatos de centro derecha solos tendría la posibilidad de llegar a la alcaldía.

Creo que las candidaturas por firmas de grupos significativos de ciudadanos, debe revisarse porque contribuyen a la atomización de la política. En las democracias, la opinión política se expresa a través de los partidos, con un diseño democrático interno, pero con disciplina y transparencia en las ejecutorias. Estos grupos surgen de individuos que están cansados, o dicen estar cansados (uno ya no sabe mirando sus trayectorias) de la corrupción, que asocian a los viejos y nuevos partidos. Ese es, por supuesto un argumento válido que no se resuelve con listas independientes, sino poniendo orden a la contratación pública y a la manera como se accede a la burocracia, sin ningún tipo de control.

Y una manera de combatir la corrupción y la burocracia perversa, porque facilita el control interno y externo, es crear las condiciones para que existan partidos políticos modernos, disciplinados, con un elevado sentido de la ética pública y fuertes, que defienden un programa. Y una parte esencial para alcanzar ese objetivo, es la de las listas cerradas.

En efecto, más allá del ego de los candidatos, lo que existe es una estructura débil de los partidos, que compiten con listas abiertas confeccionadas según la puja por el aval de la formación política respectiva, el que una vez obtenido lleva a las microempresas electorales de cada candidato a dedicarse a su exclusivo interés, sin atender la tarea de promover la propuesta del partido, si es que la hay. Lo que uno ve son tantas ofertas electorales como candidatos y la lucha intestina por los votos del partido, que se convierte en un nido de intereses incompatibles, que es, exactamente lo contrario de lo que se necesita en una democracia.

Esto se corrige con listas cerradas, ni más ni menos. Parece increíble que formaciones políticas que deberían ser sólidas, se nieguen a poner en práctica este recurso por temor a que se pierdan los votos de caciques políticos que toda la vida han medrado en los rincones de los distintos partidos y grupos en busca del queso.

Lo que no parecen entender los máximos dirigentes de estas formaciones es que sólo con listas cerradas -en las que estén los mejores (que no son precisamente los caciques electorales), con una auditoria ética que escarbe en la vida pública de sus candidatos y vigile los compromisos púbicos que asumen en la corrección en el manejo de los recurso de los presupuestos, en los nombramientos en los que participen y en respetar la disciplina de partido; y que este tenga otros controles severos y eficaces contra la corrupción-  el voto de opinión, harto de  la vieja manera de hacer política, fluirá verdaderamente, porque habrá un discurso que cale entre la gente y la garantía de transparencia en los candidatos. Y si, por alguna circunstancia la propuesta del partido fracasa y sus representantes terminan siendo corruptos, la gente castigará a los responsables, dejando de votar a esa agrupación y los órganos de control y las autoridades judiciales podrán ejercer su trabajo de manera mucho más fácil que el que realizan ahora en medio del archipiélago de partidos, grupos, grupúsculos, etc.

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Esta medida debería ser obligatoria para todos los partidos, pero mientras tanto, los que se reclaman como intérpretes de la ciudadanía y militantes en la defensa de la democracia, tendrían que ponerlo en práctica para las próximas elecciones. Esto significaría un verdadero revolcón de la cultura política existente y un real paso adelante.