Demandantes en un caso de seis ciudadanos de Estados Unidos secuestrados y asesinados por la entonces guerrilla de las Farc en los años 90 en Colombia llegaron este lunes en una corte de Florida a un acuerdo con la empresa Chiquita, a la que acusaron de dar al grupo terrorista más de 200.000 dólares.

Según documentos de corte, familiares y representantes de al menos dos de las víctimas llegaron a un acuerdo económico preliminar con la multinacional durante el primer día del juicio, en el cual estaba previsto escoger al jurado.

Según abogados de Preti Flaherty, que representan a los demandantes, entre ellos cinco misioneros cristianos, el juez a cargo del juicio, Kenneth Marra, había reconocido que las demandas eran “suficientes para presentar un reclamo por responsabilidad por conspiración” contra la empresa.

Los familiares y representantes de las víctimas argumentan que la compañía contribuyó con ayudas valoradas en más de 200.000 dólares a las Farc, que secuestró y asesinó en Colombia a David Mankins, Rick Tenenoff, Mark Rich, Stephen Welsh, Timothy Van Dyke y Frank Pescatore Jr.

Según documentos de corte, los representantes de Pescatore y Rich, dos de las víctimas de la entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias llegaron a un acuerdo, pero los detalles aún no han sido divulgados por la corte.

La demanda civil, que comenzó hace una década en una Corte del Distrito Sur de Florida, en West Palm Beach, al norte de Miami, surgió tras otro proceso judicial llevado en EE. UU. contra Chiquita, en el que la empresa reconoció haber pagado a paramilitares de derecha en Colombia en tiempos de una fuerte confrontación con las Farc.

Chiquita Brands International, que cerró sus operaciones colombianas en 2004, admitió en 2007 que “bajo presión” había pagado a paramilitares colombianos 1,7 millones de dólares.

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La compañía también reconoció que pagó bajo “coacción” a las Farc para “proteger” a sus empleados en el Urabá antioqueño, una zona de producción bananera y de una fuerte confrontación de guerrilla y paramilitares en los años 90.

El juez Marra, sin embargo, halló méritos para que Chiquita responda bajo la Ley Antiterrorista por la muerte de Pescatore, quien era un geólogo estadounidense, y de las otras víctimas, que pertenecían a la Misión Nuevas Tribus de Sanford (Florida).

De acuerdo con los abogados, la Ley Antiterrorista fue diseñada para disuadir exactamente el tipo de conducta que alegan en este caso contra Chiquita Brands International, una multinacional de frutas y verduras.

Señalaron que el estatuto permite a los ciudadanos estadounidenses o sus herederos reclamar por los daños y perjuicios sufridos por los actos internacionales de terrorismo.

Según la demanda, Chiquita pagó alrededor de 30.000 dólares anuales entre 1989 y 1997 a las Farc, que ahora están desmovilizadas y se convirtieron en un partido político tras los recientes acuerdos de paz firmados con el Gobierno de Colombia.

Por el caso de los paramilitares, Chiquita, que operó bajo la razón social de Banadex en Colombia, acordó en 2007 un pago de una multa por 25 millones de dólares.