En medio de la moda recientemente adoptada por los colombianos de la “lucha” contra la corrupción, nadie sabe a ciencia cierta que pasará con esta ciudad a propósito del desastre de la represa de Hidro-Ituango. Lo cierto es que hay cosas mal hechas y silencios maliciosos, como si se estuviera tratando de esconder los pecados de los actores del más cruel atentado contra una ciudad que ha sido modelo de transparencia y orgullo de sus habitantes. Las cuentas que nos sacan son todas en contra del bolsillo de los usuarios que deberíamos estar lucrando con servicios baratos por ser dueños de EPM.

Con seguridad lo que tenemos que establecer como futura estrategia de defensa de la ciudad y del patrimonio colectivo, es elegir mas personas como la concejal Aguinaga Lezcano; con defensores de su talla estaremos menos propensos a la rapiña y el descalabro de nuestras finanzas locales, caídas en las inescrupulosas manos de quienes juegan el doble juego de los intereses particulares y la función pública, de los que aceptan patrocinios, coimas y propinas a cambio de la entrega de las llaves de la casa a los inescrupulosos que disimulan los latrocinios porque ellos mismos están involucrados.

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En una obra de ingeniería, sobre todo una de las magnitudes de la represa de Hidro-Ituango, habrá diseños sustentados en las realidades geográficas, ambientales y financieras de la obra, habrá ejecutores que fundamenten su hacer en los diseños dichos, con los debidos ajustes y explicaciones; por otro lado están las interventorías y los controles de los organismos del Estado; también deben aparecer los dueños del proyecto que, previo análisis, deberán aprobar lo que se va a hacer; pero todo deberá estar garantizado con unos seguros que cubren todos los riesgos, de acuerdo con los señalamientos normativos.

Con esta cadena de responsabilidades, los que menos debemos estar preocupados por los detrimentos que se presenten, somos los ciudadanos, pues se supone que están cubiertos los riesgos y las empresas que diseñaron, construyeron, hicieron la interventoría, asesoraron y aconsejaron tienen la estructura técnica y financiera apropiada, y que han accedido a los respectivos contratos de obra mediante mecanismos ajustados a los principios constitucionales y legales de contratación de las empresas industriales y comerciales del Estado, cuando se comprometen los recursos del erario y la estabilidad de lo público.

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Es positivamente sorprendente, en medio de un Concejo inconsecuente, la presencia de la concejal Aguinaga quien, sin estridencias, sin faltas de respeto, sin calumniar, hace una defensa esperanzadora de la verdadera institucionalidad que es la transparencia en el manejo de lo público. Bien formada y bien informada, ha destapado la forma poco ortodoxa como se han manejado los negocios de EPM, dando de paso lecciones de probidad en el manejo de las finanzas municipales. Los demás concejales deberían estar haciendo coro de sus denuncias. Es la única forma válida de hacer política: defender la ciudad y a los ciudadanos.