La Red de Veedurías de Colombia lanzó este miércoles su más enérgico rechazo de cara a la carente atención de los miles de damnificados que se han venido incrementando "por el mal manejo que EPM, en cabeza de su gerente general, Jorge Londoño, le ha dado a la tragedia de Hidroituango".

En tal sentido Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, advirió denuncias que incluyen fuertes llamados de atención al Icbf, a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, al Ministerio de Salud, a la Gobernación de Antioquia y a la Alcaldía de Medellín.

“Venimos de tomar acciones legales contra políticos regionales como Bernardo Alejandro Guerra, concejal de Medellín. Ahora estamos en Hidroituango donde lo más grave no es la falta de información, ni la deficiente atención a la población infantil, la no reubicación digna de los afectados, ni la muy precaria condición de algunas familias evacuadas que en efecto pareciera que estuvieran bajo una nueva modalidad de campos de concentración, sino la desatención absoluta de la evacuación de decenas de miles de colombianos que por sus propios medios tratan de hacerlo y otros miles que aún están en zonas de riesgo”, dijo Bustos.

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El Presidente de la Red de Veedurías también indicó que “pareciera que no aprendemos de las tragedias del pasado como la de Armero, se maquilla la información, entretanto la espada de Democles de la naturaleza nos permite una segunda oportunidad para evacuar, mientras el Gobernador de Antioquia y el Alcalde de Medellín se enfrentan desde sus escritorios en un rifirrafe con miras a las contiendas electorales. No puede ser que el gerente de EPM, Jorge Londoño, salga a decir con 50 comunicados de prensa que le ha respondido a las víctimas, pues al mismo tiempo la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) denuncia violaciones a la libertad de prensa en la situación actual de Hidroituango. Desde la Red de Veedurías haremos nuestro trabajo correspondiente porque queremos salvar la vida de 80 mil damnificados que aún no han sido evacuados”.

Asimismo, el ente aseguró que “llama mucho la atención que las Empresas Públicas de Medellín le den un manejo a la información de carácter reservado cuando esta debería ser de conocimiento público porque todos los afectados que han abandonado sus hogares y las potenciales víctimas tienen derecho a saber cuál es el estado real de la represa Hidroituango”.