¿Quién Fiscaliza a la Fiscalía?

Autor: Héctor Jaime Guerra León
16 octubre de 2019 - 12:00 AM

La corrupción que silenciosa y hábilmente marcha a pasos agigantados corroyendo a casi todo lo que encuentra a su majestuoso paso, también ha rondado por los lados del Sistema Judicial.

Medellín

Héctor Jaime Guerra León

A pesar de que está claro que al fiscal general de la Nación lo investiga y acusa la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, queda en el ambiente que este es un control muy exiguo y superficial a un poder tan fuerte y poderoso –como dice mi padre- como en efecto es el de la Fiscalía General de nuestra Nación.

Muchas cosas extrañas y que dejan mucho que desear se han dado en el ejercicio de investigación criminal que realiza este importante organismo en nuestro país. En un verdadero Estado Democrático de Derecho la Fiscalía tiene significativos compromisos con la Sociedad y las instituciones legítimamente constituidas, siendo entre los más destacados: prevenir la conducta criminal y, con ello, aplicar los mecanismos legales que garantizan el ejercicio de la acción penal contra quienes infrinjan las normas e incurran en la comisión de conductas delictuales. Siendo así, dichas obligaciones deberán estar a cargo de los más excelsos y responsables ciudadanos, cuya conducta ética y moral sea realmente incuestionable e impoluta, toda vez que –como se ha dicho, su fundamental misión es estudiar y cuestionar la conducta humana, para concluir si se pudo haber practicado comportamientos anómalos que pudieran estar en contravía de la moral y de las buenas costumbres que protegen la constitución y las leyes, mereciendo –por ello- finalmente una recriminación de carácter penal.

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Casi que se podría decir que el fiscal como el médico, deben evitar a toda costa equivocarse, pues el error de los galenos lo resuelven las funerarias, mientras que el de los funcionarios judiciales puede causar otras grandes y terribles injusticias, tales como: conducir a la cárcel a una persona inocente, dañándole no solamente su vida familiar y social, sino también destruyendo su moral y su dignidad, lo que muchas veces puede ser peor que la muerte misma.

Véase, como simple muestra de los muchos casos que han ocurrido, cuando falla la tarea de la Fiscalía en el proceso de investigación criminal, cuando no se tiene la grandeza, idoneidad, responsabilidad y pulcritud a toda prueba, por parte de quienes tienen esta noble, seria, pero peligrosa misión, lo que ocurrió en el alarmante e inhumano caso del señor Alberto Júbiz Hazbún (qepd), a quien injustamente se le endilgó ser el responsable del terrible magnicidio del líder social y político Luis Carlos Galán. Así como ese hay muchos otros casos, por no decir que son múltiples los ejemplos que pudiéramos citar, para ilustrar la inmensa responsabilidad y grandes riesgos que corre la institucionalidad y la sociedad misma al tener que asumir –como debe ser– esta inaplazable e imprescindible misión.

El deber misional de dicha institución –como se ha establecido en el orden jurídico que la regula- es perseguir y sancionar al delincuente, tratando de evitar con ello el comportamiento criminal o antisocial en la sociedad. Pero igual o peor injusticia es la que puede suceder -al contrario de investigar y acusar mal o indebidamente, condenando al inocente-, como cuando no se investiga ni se sanciona al culpable, omitiendo premeditadamente el cabal ejercicio de la acción penal.

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Probado está que en Colombia son grandes los índices de impunidad; es decir, de los muchos casos y delincuentes, que habiendo real y ciertamente causado un daño a la sociedad con la ejecución de un delito, nunca llegan a ser sancionados. Ello, porque el Estado –Sistema Judicial- es incapaz de poner en actividad su aparato coercitivo y/o sancionatorio o, por algo peor y más grave, la malversación y/o deliberado adelantamiento de las investigaciones, haciendo que el proceso penal no cumpla su cometido y termine favoreciendo arbitrariamente a quién en efecto debe ser merecedor de una sanción. Ello es lo que suele ocurrir cuando, por alguna circunstancia, casi siempre malintencionada, se busca que el investigado o presunto infractor de la ley penal sea absuelto, utilizando, entre otras tretas y artimañas: pruebas y/o testigos falsos, haciendo prescribir la investigación, caducar la acción, o lo que sencillamente se ha llamado el “vencimiento de términos”, final que es el que tienen infortunadamente la mayor parte de las investigaciones en este país. Lo más grave del asunto es – hay que decirlo- que ello sucede muchas veces por estrategias que se montan y es lo lamentable, desde los estrados judiciales- Fiscalía, con el insano propósito de que ello suceda. Es decir que la justicia, el sistema Judicial y, específicamente el proceso de investigación criminal, también suele estar merodeado o asechado por el terrible monstruo que abruma y absorbe a nuestra amada patria: la corrupción que silenciosa y hábilmente marcha a pasos agigantados corroyendo a casi todo lo que encuentra a su majestuoso paso. Entonces, ¿quién vigila y corrige realmente estas anomalías? 

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