En Colombia, creo yo, se maneja muy mal eso de los posibles atentados, es decir, aquellos que supuestamente se frustran o develan. Se les da manejo público inapropiado, cuando deberían ser del resorte privado de los involucrados. Este asunto lo traigo a colación, a raíz de que hace pocos días el fiscal general Néstor Humberto Martínez en rueda de prensa y con aires sensacionalistas, manifestó que “algunos grupos armados que se han infiltrado en el movimiento social e indígena, podrían desarrollar un acto terrorista que pudiera afectar al presidente Duque. Se tienen evidencias electrónicas e igualmente testimonios de fuentes que son confiables”. Y según el fiscal, desde hacía varias semanas tenía muestras que señalaban la infiltración de grupos armados en la minga indígena. ¿Por qué decirle esto a Colombia entera? ¿Para qué? ¿No es parte de la prudencia, si ello fuere tan definitivo, llamar solo a palacio y comentarle bien al presidente o al ministro de Defensa acerca de la peligrosidad que se cernía? Demasiado protagonismo, es la verdad.

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El 21 de agosto de 2018, se manifestó profusamente en los medios que un informante anónimo que llamó al 1-2-3- puso en alerta a las autoridades sobre un plan para atentar contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga. Esa era dizque la sexta amenaza revelada contra el burgomaestre. Sí, la sexta. Primero fue dizque un plan para asesinarlo por alias Pedro Pistolas; segundo, fue dizque una amenaza de los líderes de la oficina; tercero, fue dizque algo que tenían premeditado las bandas criminales del corregimiento Altavista; cuarto, fue dizque un objetivo de alias Carlos Pesebre y quinto fue dizque un designio de Pichi Belén asociado al hecho de que encontraron dos fusiles con proveedores y 28 cartuchos. Lo curioso es que después de la sexta ocasión, la entonces directora seccional de Fiscalías de Medellín, Claudia Carrasquilla, aclaró que las amenazas no eran directamente contra la vida del alcalde, sino que se trataba de un plan de las bandas para desestabilizar la institucionalidad,  incrementando los robos para generar impacto en la opinión pública y debilitar la imagen de Federico Gutiérrez.

Pregunto nuevamente: ¿Si hay algo de cierto o si existe una prueba indiciaria al menos, para qué decirlo ante millones de personas? ¿Por qué no manejarlo en privado, actuar y tomar las medidas del caso? Esto tiene, de todas maneras, dos altos componentes de sonoridad: desde el funcionario amenazado, o supuestamente amenazado, la conmiseración general que le dispensa la ciudadanía ipso facto (que se traduce en ulterior popularidad) y la ratificación de que por bueno es que lo tienen en la mira; y desde el ángulo de la autoridad, es la muestra de su efectividad y celeridad para detectar los planes de los malandros. En suma, disiento que se divulguen con tanto amarillismo supuestos, presuntos o posibles planes para atentar contra importantes funcionarios. Ello debe ser ventilado solo con los afectados, su anillo central de segundos y su esquema de seguridad. Me fastidia, verdaderamente, tanta bomba pública, que resulta ser un contrasentido en materias estratégicas.

Otra cosa es clara: cuando tanto se habla, poco o nada se actúa. Pero cuando todo sale desde el factor sorpresa y cero divulgador, ahí sí ¡tengámonos fino! Dolorosos hechos, han conmocionado la patria (sin previas ruedas de prensa de la fiscalía, sobre su inminencia) y se han tornado en magnicidios infames: el 5 de julio de 1989, el atentado letal contra el entonces gobernador Antonio Roldán Betancur; el 18 de agosto de 1989, el vil asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán; el 3 de noviembre de 1995, el mortífero atentado contra el exdesignado y excandidato presidencial, Álvaro Gómez Hurtado. Y para no ir muy lejos, el 6 de diciembre de 1989 el atentado dinamitero contra el edificio del DAS en Bogotá; el 7 de febrero de 2003, el atentado contra el Club El Nogal; el 15 de mayo de 2012, el pavoroso atentado contra el exministro del interior y de justicia, Fernando Londoño Hoyos, quien escapó milagrosamente; el 15 de abril de 2002, el tenebroso atentado en Barranquilla contra el entonces candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez, quien también sobrevivió providencialmente y ahora, el más reciente, el atentado contra la escuela de policía General Santander en Bogotá (el 17 de enero de 2019). Solo se citan algunos eventos, sin hacer eco de los interminables actos terroristas del cartel de Medellín y de otros siniestros personajes al margen de la ley. 

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La invitación es a que le bajemos la espuma a la divulgación retumbante de estos supuestos, presuntos o posibles planes para atentar contra personajes públicos. Por respeto a ellos y sus familias, para no ser más amarillistas y porque la estrategia no es hablar sino actuar, que todo sea mejor tratado en nuestro medio, con altura, respeto y malicia indígena.