Editorial

Verdades cient韋icas sobre glifosato
1 de Noviembre de 2016


Una evidencia tan clara reclama revisi髇 de la postura intransigente del presidente Santos y su equipo, que ha negado toda posibilidad de reiniciar cualquier clase de aspersi髇.

Colombia asiste a una peligrosa explosión de la economía criminal. La Universidad Externado concluyó que el 60% de la minería de oro es ilegal. Y el último monitoreo de Naciones Unidas detectó un crecimiento de 39% de las áreas cultivadas con coca, al pasar de las 69.000 hectáreas de 2014, a 96.000 hectáreas en 2015. Ambas prácticas, dice la Procuraduría, “se suelen asociar al patrocinio de otras actividades ilícitas como son, por ejemplo, la financiación del terrorismo y de las bandas dedicadas a la criminalidad”. Estas actividades, que tienen impactos perversos en la seguridad, la construcción de paz, la sociedad, la economía y los ecosistemas, crecen incontroladas por el Estado.


El desbordamiento de la minería criminal es fruto de normas incoherentes, denunciadas por la Procuraduría; de la indecisión de las autoridades para combatirla, y de actuaciones de la Corte Constitucional, que ha tratado a la minería formal, necesaria para establecer orden en los territorios, con la dureza que ninguna autoridad ha querido aplicar a las depredadoras y letales organizaciones criminales; situación que llega a la extrema gravedad de que el Acuerdo Final, en renegociación, ni siquiera contempla compromisos de abandono de la minería ilegal, restitución y reparación a los afectados y restauración de las zonas dañadas.


Una indolencia parecida ha crecido frente a los cultivos ilícitos y el narcotráfico, actividades en la base de los peores conflictos por la tenencia y uso de la tierra, así como de las batallas por el control de las zonas de cultivo, procesamiento y exportación. A un año y medio de su ocurrencia, el cambio de la política de combate abierto y fumigación aérea por la de erradicación manual de cultivos y desescalamiento del conflicto es, según el fiscal Néstor Humberto Martínez, “un fracaso estruendoso”. El paso que se avizora en el Acuerdo final, que Gobierno y Farc siguen defendiendo, no es esperanzador, pues las partes dieron categoría especial al voluntarismo, dejando en manos de los cultivadores la opción de acabar con su negocio, o esperar a que el Estado cumpla pesados procesos para hacerlo, y en las de las Farc a “poner fin a cualquier relación con el narcotráfico” y “aportar información sobre el desarrollo de las actividades asociadas al narcotráfico”, o sea nada concreto para que el Estado recupere tierras, bienes, recursos e información sobre el principal cartel de drogas del país.


Aunque es ineficaz y riesgosa para erradicadores enviados a zonas sembradas de minas, en mayo de 2015 el Consejo de Estupefacientes determinó prohibir las fumigaciones con glifosato y cambiarlas por erradicación manual y sustitución voluntaria. La decisión, que tuvo impulso del ministro de Salud y su asesor, Daniel Mejía, se sustentó en la tesis de que el herbicida sería un agente cancerígeno peligroso para los seres humanos y un inductor de abortos entre mujeres en las zonas de fumigación, según estudio de Daniel Mejía y Adriana Camacho, economistas. A pesar de que en el mes de octubre de 2015 la OMS divulgó la lista de cancerígenos, dando puntuación de 2A, riesgo bajo, al glifosato, y 1, cancerígeno indiscutible, a las carnes frías y embutidos, el Gobierno mantuvo la prohibición del aspersor y sigue sin pronunciarse, como pedimos en el editorial Carne y glifosato, del 31 de octubre del año pasado, sobre carnes puestas en los niveles de peligro del asbesto y la nicotina. 


Ayer, la prestigiosa Fundación ideas para la paz divulgó los resultados de un cuidadoso análisis que reconoció 1.483 investigaciones científicas sobre los efectos del glifosato en las células a las que se aplica directamente; los animales que lo reciben en forma indirecta, y seres humanos que lo manipulan o reciben aspersiones del herbicida más común en el mundo. Con excepción del estudio Consecuencias de la aspersión aérea en la salud: evidencia desde el caso colombiano, de los economistas Mejía y Camacho, que fue desestimado por pares académicos, el análisis realizado sólo evidenció que personas sometidas a la manipulación del herbicida pueden presentar síntomas de irritación, como estornudos o molestias en la piel, los cuales son transitorios. Una evidencia tan clara reclama revisión de la postura intransigente del presidente Santos y su equipo, que ha negado toda posibilidad de reiniciar cualquier clase de aspersión como combate a los cultivos ilícitos que sí desencadenan violencias que cobran múltiples vidas.